El costo de la calma y los límites sociales y económicos
Los indicadores siguen dando resultados negativos en la producción y el consumo, lo que genera preocupación en los sectores empresarios. Pero las políticas monetarias anticipan que la recesión se extenderá algunos trimestres más. Por Gonzalo Dal Bianco
El Banco Central cerró la primera semana de la banda de cotización, dispuesta como parte del plan para quitar turbulencia de la economía, con una baja de la cotización del dólar del 7,2%. Abrió sobre los $ 41 el lunes y cerró en los $ 38 ayer. Podría ser una buena noticia en sí misma.
Pero detrás de esos resultados, que apenas muestran la evolución de cinco días -hubo muchos cinco días de calma aparente desde abril- hay una serie de elementos que lejos de aportar optimismo profundizan la preocupación, especialmente en los sectores productivos y de ingresos fijos.
Las siderales tasas de interés que dispuso el Central con las Leliq lograron distraer pesos del dólar. La atención de quienes buscan rentabilidad en el mercado financiero lógicamente se apartó por ahora del sendero del billete verde. Pero los daños colaterales de este remedio no son menores: está provocando una parálisis generalizada de la actividad económica y una caída en los niveles de producción y comercialización que tienen un horizonte de agravamiento. No quedan dudas a esta altura de que lo peor no pasó. La turbulencia, en el mejor de los casos, está dejando lugar a una tranquilidad soporífera.
La actividad industrial, según las cifras oficiales, cayó en agosto más del 5% y el Indec había anunciado hace pocos días que la capacidad instalada del aparato productivo alcanzaba apenas el 61%. En el comercio y los servicios no es mejor: las estadísticas de la Came reflejaron una profundización del retroceso en las ventas. Desde enero que comenzó la pendiente con una caída menor al 1% hasta llegar a agosto con el 8,4% y septiembre, con el 9,2%. De todos modos, los empresarios no creen haber alcanzado el piso. Hay más profundidad todavía por recorrer. Ayer, el vicepresidente de Came, Fabián Tarrío, en su paso por Río Cuarto dijo que hay que esperar “algunos trimestres más de recesión”, coincidiendo con lo apuntado por el economista oficialista Carlos Melconian, que viene siendo crítico del rumbo económico nacional, y deslizó que “al menos tenemos cuatro trimestres más de caída”. La traducción: un año más de achicamiento y ajuste.
A su vez, detrás de la baja del consumo están los ingresos que caen sin pausa. La consultora Ecolatina publicó un estudio sobre la evolución de los salarios en 2018. La mala noticia del informe es que la pérdida real de los asalariados se profundizará en octubre y noviembre, con caída del 13% respecto a un año atrás. Después vendrían pérdidas menores, aunque pérdidas al fin. Eso resta consumo, tal como lo muestran las estadísticas.
La consultora Managment & Fit citó en su último trabajo un relevamiento del Banco Central según el cual “el escenario de consenso es uno en el cual la recesión se extiende por dos años, con la inflación haciendo pico durante el verano para luego descender y un tipo de cambio que flota hacia arriba pero sin descontrolarse”.
Los resultados que mostró el dólar esta semana también tienen un puntal en lo que ocurrió con el real, del otro lado de la frontera. Es que los mercados allí comenzaron a festejar una ventaja que el ultraderechista Jair Bolsonaro logró afianzar en las encuestas en la recta final de la campaña, previo a las elecciones de mañana. Y, se sabe, lo que ocurre en Brasil tiene repercusión directa en Argentina. Así como cuando la economía carioca crece, tracciona a la nacional, del mismo modo cuando atraviesa un ciclo negativo, como en los últimos años, condiciona negativamente a la Argentina. En el tipo de cambio también existen vasos comunicantes.
Pero retornando a las cuestiones internas, el Banco Central, que ganó protagonismo con la doble acción de las bandas controladas por la tasa de interés y el congelamiento de la base monetaria hasta mediados de 2019, corre contra el tiempo. ¿Cuál es el límite temporal de una política que busca estabilizar el tipo de cambio y alejar cualquier atisbo de turbulencia en la economía a fuerza de afectar la actividad? La duda es el margen que económica y socialmente tienen las autoridades monetarias del país.
Porque el ajuste no sólo se aplica desde el Banco Central. Ayer se conoció una insólita medida dispuesta desde el Ejecutivo y que profundiza una política de incremento de las tarifas: el reconocimiento que se les dio a las empresas para que puedan compensar sus cuentas con un plus retroactivo de $ 10 mil millones que les cargarán a los consumirores en 24 cuotas. Es probable que este tipo de medidas recorten más rápidamente los márgenes de tolerancia social. Es difícil de argumentar que después de la enorme recomposición de las tarifas, que incluso esta semana sufrieron un 35% más de aumento, se debe otorgar un beneficio retroactivo a las empresas. Esto implica que quien completó el pago del consumo ahora deberá volver a hacerlo. El pago, que cancela la obligación del consumidor, encuentra en la decisión del Gobierno una relatividad que ayer fue considerada ilegal desde muchos sectores. Incluso el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, aseguró que es “inaplicable e ilegal”. “Es como si el tanque de nafta que cargué el mes pasado con el dólar a 35, cuando paso de nuevo por la estación me dicen que le debo tres pesos por dólar, por llenar el tanque hace un mes que ya pagué. ¡Insólito!”, se quejó el ombusman local por las redes. En este caso, el camino de la Justicia parece inevitable con una lluvia de presentaciones en los tribunales.
Pero detrás de esos resultados, que apenas muestran la evolución de cinco días -hubo muchos cinco días de calma aparente desde abril- hay una serie de elementos que lejos de aportar optimismo profundizan la preocupación, especialmente en los sectores productivos y de ingresos fijos.
Las siderales tasas de interés que dispuso el Central con las Leliq lograron distraer pesos del dólar. La atención de quienes buscan rentabilidad en el mercado financiero lógicamente se apartó por ahora del sendero del billete verde. Pero los daños colaterales de este remedio no son menores: está provocando una parálisis generalizada de la actividad económica y una caída en los niveles de producción y comercialización que tienen un horizonte de agravamiento. No quedan dudas a esta altura de que lo peor no pasó. La turbulencia, en el mejor de los casos, está dejando lugar a una tranquilidad soporífera.
La actividad industrial, según las cifras oficiales, cayó en agosto más del 5% y el Indec había anunciado hace pocos días que la capacidad instalada del aparato productivo alcanzaba apenas el 61%. En el comercio y los servicios no es mejor: las estadísticas de la Came reflejaron una profundización del retroceso en las ventas. Desde enero que comenzó la pendiente con una caída menor al 1% hasta llegar a agosto con el 8,4% y septiembre, con el 9,2%. De todos modos, los empresarios no creen haber alcanzado el piso. Hay más profundidad todavía por recorrer. Ayer, el vicepresidente de Came, Fabián Tarrío, en su paso por Río Cuarto dijo que hay que esperar “algunos trimestres más de recesión”, coincidiendo con lo apuntado por el economista oficialista Carlos Melconian, que viene siendo crítico del rumbo económico nacional, y deslizó que “al menos tenemos cuatro trimestres más de caída”. La traducción: un año más de achicamiento y ajuste.
A su vez, detrás de la baja del consumo están los ingresos que caen sin pausa. La consultora Ecolatina publicó un estudio sobre la evolución de los salarios en 2018. La mala noticia del informe es que la pérdida real de los asalariados se profundizará en octubre y noviembre, con caída del 13% respecto a un año atrás. Después vendrían pérdidas menores, aunque pérdidas al fin. Eso resta consumo, tal como lo muestran las estadísticas.
La consultora Managment & Fit citó en su último trabajo un relevamiento del Banco Central según el cual “el escenario de consenso es uno en el cual la recesión se extiende por dos años, con la inflación haciendo pico durante el verano para luego descender y un tipo de cambio que flota hacia arriba pero sin descontrolarse”.
Los resultados que mostró el dólar esta semana también tienen un puntal en lo que ocurrió con el real, del otro lado de la frontera. Es que los mercados allí comenzaron a festejar una ventaja que el ultraderechista Jair Bolsonaro logró afianzar en las encuestas en la recta final de la campaña, previo a las elecciones de mañana. Y, se sabe, lo que ocurre en Brasil tiene repercusión directa en Argentina. Así como cuando la economía carioca crece, tracciona a la nacional, del mismo modo cuando atraviesa un ciclo negativo, como en los últimos años, condiciona negativamente a la Argentina. En el tipo de cambio también existen vasos comunicantes.
Pero retornando a las cuestiones internas, el Banco Central, que ganó protagonismo con la doble acción de las bandas controladas por la tasa de interés y el congelamiento de la base monetaria hasta mediados de 2019, corre contra el tiempo. ¿Cuál es el límite temporal de una política que busca estabilizar el tipo de cambio y alejar cualquier atisbo de turbulencia en la economía a fuerza de afectar la actividad? La duda es el margen que económica y socialmente tienen las autoridades monetarias del país.
Porque el ajuste no sólo se aplica desde el Banco Central. Ayer se conoció una insólita medida dispuesta desde el Ejecutivo y que profundiza una política de incremento de las tarifas: el reconocimiento que se les dio a las empresas para que puedan compensar sus cuentas con un plus retroactivo de $ 10 mil millones que les cargarán a los consumirores en 24 cuotas. Es probable que este tipo de medidas recorten más rápidamente los márgenes de tolerancia social. Es difícil de argumentar que después de la enorme recomposición de las tarifas, que incluso esta semana sufrieron un 35% más de aumento, se debe otorgar un beneficio retroactivo a las empresas. Esto implica que quien completó el pago del consumo ahora deberá volver a hacerlo. El pago, que cancela la obligación del consumidor, encuentra en la decisión del Gobierno una relatividad que ayer fue considerada ilegal desde muchos sectores. Incluso el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, aseguró que es “inaplicable e ilegal”. “Es como si el tanque de nafta que cargué el mes pasado con el dólar a 35, cuando paso de nuevo por la estación me dicen que le debo tres pesos por dólar, por llenar el tanque hace un mes que ya pagué. ¡Insólito!”, se quejó el ombusman local por las redes. En este caso, el camino de la Justicia parece inevitable con una lluvia de presentaciones en los tribunales.