Hay entre los datos aportados por el Indec en las últimas semanas y el entusiasmo que le imprime el Gobierno al momento de la economía nacional un correlato que no se traduce directamente en el humor de la calle. El arranque del año fue para muchos tedioso, denso, difícil de sortear con bolsillos que no logran recuperar terreno. Allí existe entonces una primera diferencia que hay que poner sobre la mesa: la estadística y el Gobierno muestran una realidad de fines de 2017 que tal vez ya no sea la actual, o al menos no muestra la sensación térmica de hoy. Es una posibilidad.
¿Hay señales que indiquen que el entusiasmo de la Casa Rosada y las cifras del organismo oficial pueden referirse a una realidad que mutó y por lo tanto quedaron viejas tan rápidamente?
Es posible. Lo cierto es que los datos aportados por el Indec correspondientes a diciembre del año pasado muestran una mejora clara frente a un año atrás. Esto no quiere decir que la Argentina viva momentos de esplendor ni que la compleja situación social haya sido superada. Nada parecido a eso por ahora. Sí hay mejoras.
La tasa de desempleo que dio a conocer el organismo nacional de estadísticas mostró una baja importante para fines del año pasado. A nivel nacional pasó del 7,6% al 7,2%, con aumento del empleo y de la tasa de actividad. En general, y en términos cuantitativos, toda una descripción virtuosa del mercado laboral.
Pero al interior de esas cifras hay matices importantes. El primer punto que ya desde el momento en que se concieron estos números se remarcaba era el aspecto cualitativo del empleo generado. El crecimiento de los puestos de trabajo no dice nada sobre las condiciones y características que éste tiene. Por eso fue importante el segundo aporte que realizó el Indec sobre la informalidad laboral, una de las mayores deudas que arrastra la Argentina. Incluso en el cierre de 2017 hubo una leve suba de la precarización laboral en el país con respecto a igual período de 2016. Eso en el Gran Río Cuarto fue levemente en sentido contrario porque bajó del 46,4% al 44,8%. De todos modos, esa baja no le permitió salir del podio de las ciudades del país con más informalidad laboral. Esto sigue sin estar en la agenda y sin preocupar demasiado a sindicatos, empresarios y, especialmente, a las autoridades de los organismos de control que prefieren hacer silencio o bien justificar la realidad local con condiciones macro.
Sólo hay que recordar que, según las cifras oficiales, hay 80 mil personas ocupadas en el Gran Río Cuarto y casi la mitad está en negro. No pareciera demasiado difícil dar con los nichos de informalidad si se tiene en cuenta que se trata de casi la mitad de esos trabajadores.
El empleo en negro es un mal endémico en el Gran Río Cuarto. Las mediciones del Indec, tanto en los gobiernos kirchneristas como en el actual, tuvieron al conglomerado local al tope de las estadísticas. Incluso superando a regiones y localidades con situaciones mucho más complejas desde lo social. Aquí, apenas poco más de la mitad de los trabajadores realiza aportes a la seguridad social y al sistema de salud. Es decir, que casi la mitad no tiene asegurada una jubilación el día de mañana (muchos podrán pensar que nadie la tiene, pero esa es otra discusión) y además depende 100% del sistema público de salud.
Tal vez esto sea parte de lo que el obispo de la diócesis local, Adolfo Uriona, llama con una precisión de cirujano “una ciudad contrastante”.
Entonces, el Estado debe hacer un gran esfuerzo para contener una demanda que sigue alta en hospitales y dispensarios porque el sistema laboral no logra reducir drásticamente su informalidad. Pero es el propio Estado el que no muestra demasiados esfuerzos por resolver aquella problemática.
Según los últimos trascendidos surgidos desde el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, la reforma laboral por la que tanto machacó el año pasado el Gobierno nacional podría ser reflotada en breve, especialmente para impulsar el blanqueo de trabajadores. Habrá que ver allí las condiciones para llevarlo adelante. No es fácil imaginar que voluntariamente un empleador que tiene a parte o toda su plantilla de personal en negro quiera blanquearla si no hay incentivos a cambio. ¿Corresponde que reciban incentivos quienes durante mucho tiempo no cumplieron con las normas? Es una pregunta que se puede extender a otros puntos, como las moratorias para los deudores o evasores de impuestos que reclaman facilidades o largos planes de cuotas. La otra posibilidad es que a partir de ahora se apliquen rigurosos controles y penalidades para todos aquellos que estén por fuera de la normativa. Esto último no ha sido lo más habitual en los últimos años.
Allí pesa también la decisión política de impulsar un combate abierto contra la informalidad que no sólo afecta al trabajador sino que también lo hace con el que está en blanco, generando un perjuicio de competitividad. Hay muchas empresas que trabajan en la más absoluta formalidad, pero no dejan de quejarse porque los organismos de control y especialmente los recaudatorios “van siempre a pescar dentro de la pecera”. Eso implica que suman presión sobre los que están ya registrados en vez de intentar ampliar la base tributaria.
El blanqueo además podría traer consecuencias positivas para los castigados sistemas previsionales, que siguen padeciendo un deterioro marcado en la relación de aportantes y beneficiarios. Está claro que los que aportan son pocos y que los que reciben los beneficios de las jubilaciones son cada vez más por el alza en las expectativas de vida. También por eso el Estado debería hacer algo por el Estado: están el sistema de salud público y el sistema previsional de por medio.
Mientras tanto, hay quienes justificaron en estos días la mejora laboral al remarcar que es siempre mejor tener un empleo en negro que no tenerlo. Para el impacto en la economía, en el consumo y en la calidad de vida de esa persona, seguramente esa afirmación no tenga posibilidades de ser negada. Es posible, pero suena a resignación.
Por Gonzalo Dal Bianco
Es posible. Lo cierto es que los datos aportados por el Indec correspondientes a diciembre del año pasado muestran una mejora clara frente a un año atrás. Esto no quiere decir que la Argentina viva momentos de esplendor ni que la compleja situación social haya sido superada. Nada parecido a eso por ahora. Sí hay mejoras.
La tasa de desempleo que dio a conocer el organismo nacional de estadísticas mostró una baja importante para fines del año pasado. A nivel nacional pasó del 7,6% al 7,2%, con aumento del empleo y de la tasa de actividad. En general, y en términos cuantitativos, toda una descripción virtuosa del mercado laboral.
Pero al interior de esas cifras hay matices importantes. El primer punto que ya desde el momento en que se concieron estos números se remarcaba era el aspecto cualitativo del empleo generado. El crecimiento de los puestos de trabajo no dice nada sobre las condiciones y características que éste tiene. Por eso fue importante el segundo aporte que realizó el Indec sobre la informalidad laboral, una de las mayores deudas que arrastra la Argentina. Incluso en el cierre de 2017 hubo una leve suba de la precarización laboral en el país con respecto a igual período de 2016. Eso en el Gran Río Cuarto fue levemente en sentido contrario porque bajó del 46,4% al 44,8%. De todos modos, esa baja no le permitió salir del podio de las ciudades del país con más informalidad laboral. Esto sigue sin estar en la agenda y sin preocupar demasiado a sindicatos, empresarios y, especialmente, a las autoridades de los organismos de control que prefieren hacer silencio o bien justificar la realidad local con condiciones macro.
Sólo hay que recordar que, según las cifras oficiales, hay 80 mil personas ocupadas en el Gran Río Cuarto y casi la mitad está en negro. No pareciera demasiado difícil dar con los nichos de informalidad si se tiene en cuenta que se trata de casi la mitad de esos trabajadores.
El empleo en negro es un mal endémico en el Gran Río Cuarto. Las mediciones del Indec, tanto en los gobiernos kirchneristas como en el actual, tuvieron al conglomerado local al tope de las estadísticas. Incluso superando a regiones y localidades con situaciones mucho más complejas desde lo social. Aquí, apenas poco más de la mitad de los trabajadores realiza aportes a la seguridad social y al sistema de salud. Es decir, que casi la mitad no tiene asegurada una jubilación el día de mañana (muchos podrán pensar que nadie la tiene, pero esa es otra discusión) y además depende 100% del sistema público de salud.
Tal vez esto sea parte de lo que el obispo de la diócesis local, Adolfo Uriona, llama con una precisión de cirujano “una ciudad contrastante”.
Entonces, el Estado debe hacer un gran esfuerzo para contener una demanda que sigue alta en hospitales y dispensarios porque el sistema laboral no logra reducir drásticamente su informalidad. Pero es el propio Estado el que no muestra demasiados esfuerzos por resolver aquella problemática.
Según los últimos trascendidos surgidos desde el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, la reforma laboral por la que tanto machacó el año pasado el Gobierno nacional podría ser reflotada en breve, especialmente para impulsar el blanqueo de trabajadores. Habrá que ver allí las condiciones para llevarlo adelante. No es fácil imaginar que voluntariamente un empleador que tiene a parte o toda su plantilla de personal en negro quiera blanquearla si no hay incentivos a cambio. ¿Corresponde que reciban incentivos quienes durante mucho tiempo no cumplieron con las normas? Es una pregunta que se puede extender a otros puntos, como las moratorias para los deudores o evasores de impuestos que reclaman facilidades o largos planes de cuotas. La otra posibilidad es que a partir de ahora se apliquen rigurosos controles y penalidades para todos aquellos que estén por fuera de la normativa. Esto último no ha sido lo más habitual en los últimos años.
Allí pesa también la decisión política de impulsar un combate abierto contra la informalidad que no sólo afecta al trabajador sino que también lo hace con el que está en blanco, generando un perjuicio de competitividad. Hay muchas empresas que trabajan en la más absoluta formalidad, pero no dejan de quejarse porque los organismos de control y especialmente los recaudatorios “van siempre a pescar dentro de la pecera”. Eso implica que suman presión sobre los que están ya registrados en vez de intentar ampliar la base tributaria.
El blanqueo además podría traer consecuencias positivas para los castigados sistemas previsionales, que siguen padeciendo un deterioro marcado en la relación de aportantes y beneficiarios. Está claro que los que aportan son pocos y que los que reciben los beneficios de las jubilaciones son cada vez más por el alza en las expectativas de vida. También por eso el Estado debería hacer algo por el Estado: están el sistema de salud público y el sistema previsional de por medio.
Mientras tanto, hay quienes justificaron en estos días la mejora laboral al remarcar que es siempre mejor tener un empleo en negro que no tenerlo. Para el impacto en la economía, en el consumo y en la calidad de vida de esa persona, seguramente esa afirmación no tenga posibilidades de ser negada. Es posible, pero suena a resignación.
Por Gonzalo Dal Bianco