La figura del juez Sergio Moro resulta obligadamente controvertida, sobre todo luego de haber llevado adelante el proceso conocido como Lava Jato, que entre otras cosas condujo a la prisión del expresidente del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Lo es también porque luego fue ministro del presidente Jair Bolsonaro, un excéntrico gobernante, exponente de una de las versiones más toscas y anacrónicas de la derecha latinoamericana, para luego renunciar a dicho ministerio.
Al mismo tiempo, es catedrático en la Universidad de Curitiba. Los entendidos en derecho lo consideran un amplio conocedor de los aspectos jurídicos de la lucha contra el lavado de dinero y le reconocen autoridad académica.
Involuntariamente, Moro terminó siendo el protagonista de un lamentable episodio ocurrido en nuestro país. Un par de semanas atrás, el “Centro de estudios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires lo invitó a dictar una conferencia sobre el tema: “Combate contra la corrupción, democracias y estado de derecho”, para posteriormente ser “des-invitado” por las autoridades de dicha Facultad, que lo hicieron luego de recibir cantidad de repudios y reproches por parte de reconocidas personalidades de la política argentina y supuestamente también, presiones del Poder Ejecutivo.
Leyendo las declaraciones de rechazo y repudio, se advierte que prácticamente ninguna objeta la trayectoria académica de Moro, ni dicen nada sobre su solvencia en la materia, sino que se focalizan en manifestar el disgusto que en ellos producen sus fallos, reprochando su sola presencia. Muchos de los ellos son graduados universitarios y dan una pobre imagen de sí mismos, como de su formación, aunque lo más desconcertante y preocupante es la actitud de las autoridades de la Facultad de Derecho.
El hecho invita a la reflexión y sugiere preguntas sobre el ejercicio de la libertad de expresión en la universidad, como el sentido de la institución y de su autonomía. Hace ya 102 años la Reforma Universitaria postulaba la necesidad de respetar la libertad de cátedra, al tiempo que reclamaba la autonomía universitaria para protegerla. Los reformistas adherían a la idea, por cierto no exclusiva de ellos, de que el conocimiento es el producto del perpetuo intercambio intelectual y la contraposición de diferentes puntos de vista. De allí que la libertad intelectual les resultaba esencial y debía imperar en una universidad.
Ahora bien, la libertad intelectual no puede consistir en el derecho de encerrarse en nuestro propio gueto, en tapar los oídos a lo que nos desagrada o en privarnos de las ideas de quienes piensan en forma diferente.
Consecuentemente con ello, la universidad debe constituirse en la casa de todas las ideas. El ideal reformista era que en la universidad pudieran expresarse todas las manifestaciones de la cultura universal y todas las escuelas filosóficas del pensamiento contemporáneo.
Todas las ideas
Llegado a este punto, quien suscribe no puede sino recordar textualmente las palabras que en alguna ocasión pronunciara quien fuera maestro del reformismo universitario y rector de la misma casa de estudios donde hoy suceden estos penosos hechos, el doctor Rolando V. García: “Queremos una universidad que sea plataforma de todas las ideas, tribuna de toda sana rebeldía, baluarte de todas las libertades”.
Las autoridades universitarias deberían ser las principales garantes de esta pluralidad, como de preservar y mantener un espacio abierto a todas las formas de pensamiento, a todas las escuelas filosóficas, a todos los credos. Hoy nos encontramos con que son las autoridades mismas las que parecen limitar y restringir la libertad de expresión. Malversan y desvirtúan la autonomía universitaria. Olvidan que el propósito primigenio de la misma es la protección de la libertad.
Nos gusten o no sus fallos, la presencia del juez Moro les es útil a los estudiosos del derecho. Si su accionar despierta tantos cuestionamientos, ¿no se estaba ante una magnífica oportunidad de indagarlo sobre sus posturas o su visión del derecho? Si tan erradas son sus posiciones en la materia, ¿no era una buena oportunidad de refutar esos equívocos? ¿O es que en el fondo los reclamantes sólo desconfían de la solidez intelectual de su propia postura?
Tan serio como esto es que los hechos son soslayados y deliberadamente ignorados en el resto de las casas de estudio, tan propensas a la denuncia y las altisonantes declaraciones en otras circunstancias.
Unas pocas voces nos dicen que nos encontramos ante un hecho aislado y excepcional. Quienes hemos transitado los claustros universitarios sabemos que no lo es tanto. Que existe una elocuente propensión al monólogo ideológico, que son muchos los que se autocensuran.
Un par de semanas después, casi mientras redactamos este texto, comprobamos que los interesados y los estudiosos del derecho pudieron por fin escuchar la conferencia de Sergio Moro, dictada en el ámbito de una fundación privada, con el respaldo de un conjunto de universidades (casi todas privadas) más el brindado por algunas autoridades de universidades públicas, pero a título personal.
Paradojas de un país cada día más extraño; una institución privada ofrece su espacio para la expresión de las ideas, al mismo tiempo que podemos contemplar cómo las autoridades de una universidad sostenida por el Estado, que suelen vociferar a diario su carácter público, parecen haber iniciado el camino de su privatización ideológica.