El adiós de una "funcionaria que no funcionaba"
Luego de haber sido caracterizada durante meses como una de las integrantes del gabinete cuya permanencia en el cargo resultaba más precaria e inestable, el anuncio acerca del desplazamiento de Marcela Losardo de la titularidad del Ministerio de Justicia no puede ser considerado sorpresivo, mu-cho menos después de una semana en la que volvió a quedar en evidencia lo desdibujado de su papel al frente de un área de la que nunca pareció ser verdaderamente responsable. Así y todo, e independientemente de cómo el recambio se traduzca en políticas e iniciativas sectoriales a las que el Gobierno se empeña en conceder una prioridad que el grueso de la población no comparte, la evidencia de que la ya menguada autoridad del Presidente de la Nación ha sufrido un nuevo golpe con el alejamiento de la más cercana de sus colaboradoras resulta en términos de imagen un golpe demoledor.
La línea de análisis más obvia atribuye la caída de Losardo a los deseos de la vicepresidenta de la Nación, cuya famosa alusión a los “funcionarios y funcionarias que no funcionan” de hace unos meses la tenía a la entonces ministra de Justicia como uno de los blancos más inequívocos. Cristina Kirchner también se había referido despectivamente a la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández cuya autoría se atribuye, sobre todo, a su socia y amiga, lo que desautorizaba el proyecto y volvía más difícil que pudiera salir del empantanamiento que padece en la Cámara de Diputados.
Otra lectura, en cambio, apunta que el control de la vicepresidenta de toda la gestión relacionada con la Justicia Federal se plasma a partir de las segundas líneas en el Ministerio y los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura que le responden directamente, de modo que le resultaba indiferente quién fuera el ocupante de un puesto que en la práctica había quedado vaciado de autoridad. Eso explicaría en parte, aunque al mismo tiempo volvería más curiosa, la demora en formalizar el reemplazo de Losardo, entre opciones que podrían blanquear el alineamiento con Cristina Kirchner o bien seguir disimulándolo a través de una figura sin poder real.
En cualquier caso, si es cierto que el detonante de la salida de Losardo fue su aclaración de que la comisión bicameral que se formaría a partir del pedido de Fernández al Congreso de practicar “controles cruzados” sobre la Justicia no tendría facultades para sancionar a jueces y fiscales, resulta claro que se avecina la continuidad y el recrudecimiento de la ofensiva en la que el Gobierno está empeñado desde el primer día. Si un señalamiento absolutamente obvio para cualquiera con cierta noción del significado del principio de división de poderes resulta inaceptable para quienes pretenden llevarse puesto ese principio a como dé lugar, la amenaza contra cualquier resto de independencia judicial parece hoy más seria que hasta hace unos días.
De este modo, más que los efectos prácticos del recambio, lo ocurrido no hace más que ratificar no solamente quién toma las decisiones en el Ejecutivo en relación con el ámbito judicial, sino que el verdadero objetivo del persistente ataque ratificado una y otra vez no es el de corregir las falencias de una institución que las tiene en abundancia, sino someterla a la voluntad y a los intereses de un sector político, o más bien de la persona que lo conduce y de su familia. Un propósito para cuya consecución una gestión desleída y carente de espesor como la de Losardo no era, según parece, suficientemente funcional.