Los reclamos que planteó el sindicato en la mesa de negociación fueron: Adelanto del Acuerdo de Equiparación. Adelanto de la permanencia para todas las categorías. Recomposición salarial del 25 por ciento. 15% inmediato y 2% junto a cada aumento de la Corte Suprema. No descuento de las medidas de fuerza. Devolución de los descuentos ya efectuados. Derogación de la Ley de Equidad Previsional.
Es decir, el reclamo ya no se centra solamente en que se concrete y se adelante el acuerdo de equiparación salarial, que llevaría el sueldo de la Justicia provincial a representar el 90 por ciento de lo que actualmente se paga en el fuero federal, sino que además haya una recomposición salarial del 25 por ciento para que los sueldos de los judiciales recuperen poder de compra. Esa recomposición debería implicar un incremento inmediato del 15 por ciento y, después, tramos segmentados del 2 por ciento.
Lo que viene planteando el gremio es que hay categorías de judiciales que quedaron por debajo de la línea de la pobreza y que los incrementos deben enfocarse principalmente en esos escalones más bajos. Un punto especialmente conflictivo son los descuentos por los días de paro. Como fueron 30 hasta ahora, los descuentos están siendo muy fuertes. El gremio pretende que el TSJ ordene la devolución de las sumas ya descontadas. Normalmente, en acuerdos anteriores nunca se devolvieron los descuentos ya realizados aunque sí se frenaron hacia adelante.
La actual instancia de diálogo se produjo después de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria. Después de seis meses de medidas de fuerza, el diálogo entre el TSJ y el gremio estaba totalmente cortado. El martes pasado, el sindicato se disponía a definir un cronograma de nuevas protestas y paros pero la asamblea finalmente no se hizo porque se dictó la conciliación. Ahora, el Tribunal Superior analizará los planteos y dará una respuesta.
Hay un punto especialmente complejo: el gremio señala que debe derogarse la Ley de Equidad Previsional, que fue aprobada por la Legislatura a instancias del Ejecutivo para equilibrar el fuerte déficit de la Caja. Para los empleados implica descuentos jubilatorios que se suman a los que se venían haciendo y que, en algunos casos, totalizan el 26 por ciento.
