Mayoría de objeciones a la reforma judicial en la audiencia del Senado
De los 7 juristas que concurrieron ayer, seis señalaron que se "contradice con el sistema acusatorio" al que se pretende adaptar y cuestionaron temas como las subrogancias y la transferencia de competencias
Uno de los puntos en los que coincidieron casi todos los expositores fue en la "contradicción" del proyecto con el sistema acusatorio que se puso en marcha con el nuevo Código Procesal Penal, que pone las investigaciones en manos de los fiscales, en lugar de los jueces.
De los 7 convocados por los senadores a la audiencia remota de ayer, el único que se manifestó a favor de la reforma fue Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (Ajus) de La Plata-Berisso-Ensenada, quien celebró la iniciativa y dedicó el primer tramo de su exposición a cuestionar el desempeño del Poder Judicial en los años del gobierno de Mauricio Macri, al señalar que se trató de "una Justicia al servicio del Poder Ejecutivo".
“Deterioro institucional”
Desojo precisó que "hubo un deterioro institucional" en el Poder Judicial en los últimos cuatro años y consideró que el proyecto tiene como finalidad evitar "maniobras que buscan saldar discusiones políticas" y separar al Poder Judicial "del poder político y mediático".
En cambio, Alberto Garay, abogado magíster y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, consideró que "es noble la preocupación por la independencia del Poder Judicial", pero evaluó que "cualquier reforma que se haga en la Justicia Federal en lo penal tiene que ser muy meditada porque todo el capital que tiene es la confianza que tiene la población".
El letrado opinó que el proyecto enviado por el PEN "adolece de algunas inconsistencias técnicas", calificó como "desmedido" el aumento de jueces federales de 12 a 40 y declaró que "hay una falta de constatación empírica sobre la necesidad de tantos juzgados federales en CABA, cuando quizás hagan falta mucho más en las provincias".
El abogado especializado en Asuntos Penales Marcos Salt puntualizó que "es necesaria una reforma a la Justicia Federal" por los "graves problemas que atraviesa desde hace muchísimo tiempo", aunque recalcó que en la forma en que está propuesto el nuevo sistema "no colabora" a reorganizar el Poder Judicial, sino que "atrasa y es antiguo".
"Es malo este proceso de organización", indicó y añadió que no ve "beneficio alguno en unir la Justicia Federal con el fuero en lo penal económico".
Especialista de Córdoba
En el mismo sentido se expresó Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, exdiputado provincial peronista y convencional constituyente provincial en 1994. Si bien elogió como "pertinente, necesaria y urgente" la apertura de "un proceso de reforma", manifestó que "este proyecto crea órganos que pueden estar contradiciendo la finalidad del sistema acusatorio". Luego de asegurar que "la mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurados", opinó que "hay una contradicción en la multiplicación de órganos que sigue apegada a una cultura del juez feudal y no se avanza hacia la idea de un juez decisor".
El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Seijas, quien firmó una acordada junto con sus pares en la que consideraba que el proyecto carecía de "sostén constitucional", cuestionó el modo en que se transferirán a la Justicia porteña las competencias de los delitos no federales cometidos en su territorio.
Su intervención fue observada por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien le preguntó si haber dicho que "esta ley es inconstitucional no resulta en prejuzgamiento".
"La Cámara no consideró inconstitucional la ley. Fue un título periodístico. El texto de la acordada no dice esto. Es una simplificación extrema que hicieron los medios", se defendió Seijas.
En tanto, el abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores) Alfredo Vítolo enfatizó que "el proyecto no contribuye a solucionar los problemas de la Justicia" y señaló que "si bien la decisión final corresponde al Congreso, en su preparación deben participar las ONG, los jueces, los abogados, los fiscales".