En ese punto, el gobierno demostró que todavía es incapaz de conducir a su antojo los hilos del Congreso y que muchos no es necesariamente mejor. Frustrado y enojado por supuestas traiciones, tuvo un primer reflejo: vetar ese Presupuesto disminuido y quedarse sin cálculo de ingresos y gastos por tercer año consecutivo. Pero finalmente debió ceder y anunciar que aceptará lo que salga del Senado; el FMI y el gobierno del amigo Donald Trump vienen insistiendo con que es preferible un Presupuesto defectuoso que uno inexistente. Es decir, en un mismo plano se juntaron dos debilidades de la Casa Rosada: la que padece hacia adentro, en el Congreso, y la que viene desde afuera, por su dependencia con el Fondo y con Estados Unidos.
¿Qué pasó?¿Por qué el gobierno perdió en una discusión en la que tenía todo para ganar? En Diputados, los bloques que están por fuera del oficialismo y el kirchnerismo, y que se mostraron dispuestos a facilitar el tratamiento, dijeron que a los libertarios los perdió la soberbia y la arrogancia. Primero, porque dieron por descontado que, en el nuevo esquema de poder, los mismos diputados que votaron cinco veces la ley de discapacidad y de financiamiento universitario iban a cambiar de posición obedientemente. Pero, además, les falló la muñeca con los gobernadores: ni los aliados cercanos, como Rogelio Frigerio o Raúl Jalil, se dedicaron demasiado a convencer a sus legisladores. Y no lo hicieron a pesar de que en los últimos días recibieron entre los mandatarios afines a la Casa Rosada 199 mil millones de pesos en aportes del Tesoro Nacional. Menos aún iba a esforzarse Martín Llaryora, quien no solamente no recibió ATN sino a quien le negaron públicamente que la deuda de Anses con la Caja de Jubilaciones sea de 690 mil millones como reclama.
Los gobernadores, en particular Llaryora, han modificado su posicionamiento hacia Milei. La derrota los aplacó, los convenció de que, por ahora, el camino no es la disputa. Pero tampoco ceden sus votos en el Congreso alegremente porque esa es su única carta de presión, más aún con un gobierno que acuerda pero no cumple.
Esa situación, la resistencia de Milei a enviar fondos de manera sistemática y no puntual, no es inocua para los gobernadores. Llaryora es un ejemplo elocuente. Los recursos que no llegan para la Caja de Jubilaciones impactan en la política interna: otra vez, el oficialismo provincial tuvo que echar mano a una maniobra distractiva para evitar que peligrara en la Legislatura la aprobación de una emergencia jubilatoria introducida casi en tiempo de descuento.
En el Panal especulan con que los tiempos cambiaron y que la mayoría de la gente ve con simpatía que se recorten jubilaciones que, en el caso de los bancarios o los judiciales, tienen picos de 15 millones de pesos. Pero el proceso en sí mismo implica un desgaste. Primero porque no está todavía claro cómo la Provincia pasó de poder reducir los impuestos en 900 mil millones de pesos a ser incapaz de pagar las jubilaciones y, segundo, porque la fundamentación que el oficialismo usó para justificar la emergencia fue a las apuradas e imprecisa: todavía no se sabe cuánto más van a tener que aportar los trabajadores activos -la ley habilita un incremento de hasta 8 puntos porcentuales- y de qué manera impactará en los jubilados.
La emergencia que se votó en la Legislatura es, en el fondo, una baja en los sueldos y las jubilaciones provinciales. Los empleados públicos -judiciales, bancarios, municipales de Córdoba pero también eventualmente docentes, policías, médicos- cobrarán menos desde enero y esa reducción afectará a los jubilados porque en Córdoba el cálculo de la proporcionalidad se hace sobre los sueldos de bolsillo y no sobre el monto bruto. Para que el daño no sea tan profundo, la Provincia lo compensará con un bono no remunerativo para quienes cobran hasta 1.300.000 pesos.
En los cálculos que maneja el gobierno de Llaryora, la emergencia jubilatoria, que podrá regir por un plazo máximo de 10 años, el incremento de los aportes y el recálculo de las jubilaciones le generará un ahorro de entre 150 mil y 180 mil millones de pesos anuales. Como aún falta la reglamentación, la cifra no es precisa pero ese es el rango que se maneja en el Panal.
Es decir, la emergencia no erradica el déficit de la Caja; apenas lo atempera. En 2026, aun si el rojo fuera el más bajo que se proyecta -750.000 millones de pesos- y el ahorro fuera el más alto posible -180.000 millones de pesos- todavía habría que cubrir un faltante de 570 mil millones para garantizar el pago de las jubilaciones.
Si el gobierno de Milei cumpliera la ley vigente, buena parte de ese déficit debería quedar a cargo de la Nación. Pero nadie en el oficialismo cordobés abriga demasiadas esperanzas con respecto a la Casa Rosada. Actualmente llegan 5.000 millones mensuales -menos del 10 por ciento del déficit- y solo porque lo ordenó la Corte Suprema. Pero ese acuerdo forzado vence en marzo del año que viene y después hay un gran signo de interrogación: Llaryora tenía la esperanza de que la cifra aumentara a 15 mil millones de pesos pero las últimas definiciones del gobierno nacional casi desbarataron cualquier expectativa optimista.
“Esto no tiene otro camino: vamos a tener que ir a la Corte nuevamente. Está claro que Milei no tiene la más mínima voluntad de acordar”, pronosticaron en el oficialismo.
Es decir, el Presidente está llevando a Llaryora a un terreno que el gobernador, que hasta el 26 de octubre cultivó un perfil de fuerte opositor en el plano nacional, quiere evitar en lo posible: la confrontación. No es una alternativa que en el actual estado de cosas rinda políticamente en Córdoba.
En cambio, Llaryora está más cómodo con el conflicto con otros actores; con los gremios, por ejemplo. El gobernador pretende que haya el menor ruido posible con los docentes, los policías o los médicos pero cree que tiene la cancha a su favor en el mano a mano con judiciales o bancarios.
Los sindicatos dicen que el oficialismo les jugó con malas armas: amagó con incluir una cláusula en el Presupuesto para elevar los aportes en 4 puntos y, a la vez, convocó a una mesa de diálogo con los gremios; en paralelo, mientras eso ocurría, hizo aprobar de urgencia una suba que terminó siendo del doble. Los dejó en off side.
Sindicatos como La Bancaria consideran que la ley de emergencia es confiscatoria: pasarán de aportar el 18 por ciento al 26 por ciento el año próximo. Además, está la posibilidad de que también se incrementen las alícuotas del Apross. Por eso, no descartan que haya una estrategia judicial.
Mientras tanto, en las próximas horas se reunirán para definir cómo seguirá el cronograma de protestas. Aseguran que no van a parar ni por las Fiestas ni por las vacaciones. Y que llevarán el conflicto a donde sea necesario, incluso a los clásicos festivales que están diseminados en enero y febrero por todo el territorio cordobés.
