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Para prevenir contagios, un juzgado ordena que se verifiquen las condiciones habitacionales de penitenciarías de La Plata

La Justicia hizo lugar a una acción de habeas corpus correctivo que presentó el Observatorio de Políticas Integrales de las Cárceles de la Provincia de Buenos Aires.

El Juzgado de Ejecución Penal número 2 de La Plata hizo lugar a una acción de habeas corpus, en favor de las personas privadas de libertad y de las que prestan servicio en la Unidad 25 de Lisandro Olmos. También, ordenó ratificar y establecer la obligatoriedad de las reglas, protocolos y planes de actuación para la prevención del Covid-19, en relación a las cárceles ubicadas en el Departamento Judicial La Plata.

El sitio Data Judicial consignó que el habeas corpus fue presentado por el Observatorio de Políticas Integrales de las Cárceles de la Provincia de Buenos Aires (Opicba), con el patrocinio de Adrián Corvalán, Nataliza Gisela Ariz y Gabriel Maciel. Específicamente, la acción correctiva tenía como finalidad la verificación de las condiciones de detención y alojamiento en la Cárcel N°25 de Lisandro Olmos.

El juez determinó tres medidas: la prohibición del ingreso de personas privadas de libertad a los ámbitos de alojamiento de la Cárcel N° 25 de Lisandro Olmos; la constitución y verificación jurisdiccional periódica de la unidad, y también la verificación jurisdiccional periódica en la Cárcel N° 26 de Lisandro Olmos y de los ámbitos de aislamiento dispuestos en los establecimientos carcelarios ubicados en el Departamento Judicial La Plata.

Además, en la resolución se determinaron una serie de deberes para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires vinculados al “mejoramiento, mantenimiento y habitabilidad de los ámbitos de alojamiento, incluidos los sectores de admisión y separación de cada establecimiento carcelario” y “la provisión continua y suficiente de elementos sanitarios de higiene tanto para la población privada de libertad como al personal que presta servicios”.

Previo a la decisión, el Juzgado había solicitado informes sobre el estado de contagiados en las unidades penitenciarias, medidas de profilaxis y protocolos adoptados por cada una de ellas. Mediante los mismos, se observó que en la mayoría de los establecimientos penitenciarios existen casos positivos de Covid-19, tanto de personas privadas de la libertad como agentes penitenciarios, entre ellos, “grupos de riesgo”.