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El debate sobre el aborto en el campo de batalla judicial

La proliferación en tribunales federales y provinciales de presentaciones contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la misma naturaleza de la que obtuvo un éxito parcial en el Chaco, anticipa la prolongación de un litigio que, más allá de la legitimidad que se adjudique a las posiciones enfrentadas en su seno, aparece como innecesaria al versar sobre un tema ya resuelto.

A un mes de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y dos semanas después de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la decisión de una jueza del Chaco de suspender su aplicación en esa provincia a pedido de una organización no gubernamental de raigambre confesional confirma que el encendido debate que ocupó buena parte de la agenda nacional a fines del año pasado no está cerrado del todo. La proliferación de presentaciones de la misma naturaleza en tribunales federales y provinciales, incluida una realizada en Río Cuarto, anticipa la prolongación de un litigio que, más allá de la legitimidad que se adjudique a las posiciones enfrentadas en su seno, aparece como innecesaria al versar sobre un tema ya resuelto.

En rigor, la subsistencia de un activismo antiaborto ya había sido prometida por algunos de los voceros más comprometidos con el bando que resultó derrotado en la votación del 30 de diciembre. Desde el punto de vista legal, su argumentación se basa sobre todo en una supuesta contradicción de la ley con normas que priorizan la defensa de la vida incluidas tanto en la Constitución Nacional como en las constituciones provinciales, en línea con otras acciones que en años pasados procuraron frenar la utilización de diversos instrumentos contra los embarazos no deseados, como los protocolos sobre el aborto no punible o ciertos métodos anticonceptivos, desde el dispositivo intrauterino a la llamada “píldora del día después”.

Acaso se trate de uno de esos temas sobre los cuales existen “dos bibliotecas”, una en defensa de cada punto de vista. Pero desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ha regulado las situaciones en las cuales el aborto no sólo no es punible, sino que el Estado se encuentra obligado a facilitarlo si se dan determinadas circunstancias, está claro que no entiende que la práctica sea en sí misma inconstitucional. Por lo tanto, los antecedentes jurisprudenciales revelan claramente cuál será el final de cada una de las presentaciones como la realizada en el Chaco, independientemente de los fallos que vayan alumbrando en el camino. Sin embargo, los antecedentas fácticos sí conceden a estas acciones notables éxitos en términos de demorar lo inevitable mediante artilugios que la propia Justicia convalida.

En cualquier caso, es preciso insistir en que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -una posibilidad que la cautelar concedida en el Chaco vuelve más cercana- implica la anulación de una norma sancionada por el Congreso en el ejercicio absolutamente legítimo de sus funciones, y constituye una acción extrema, que por relativizar en los hechos el principio de división de poderes sólo puede justificarse en casos graves en los cuales la transgresión sea evidente. Es cierto que las mismas reglas del sistema republicano habilitan a los jueces para revisar la constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo. Pero esa facultad debe ser administrada con prudencia, y no usada como excusa para oponerse a una ley nada más que porque no se está de acuerdo con lo que plantea.

Desde luego, una votación en el Congreso no está en condiciones de forzar el cambio de opinión de un ciudadano que rechaza el aborto por las razones que fueren, y está claro que en muchas provincias este rechazo es mayoritario, inclusive dentro de la propia Justicia. Pero los jueces están para hacer cumplir todas las leyes y no únicamente aquéllas que coincidan con su manera de pensar, ni para rediseñar la legislación de acuerdo con sus propios principios y no los del sistema republicano que han jurado respetar.