Cada vez que la crisis nacional tenía un episodio explosivo -casi siempre una devaluación que aceleraba aún más los precios-, los gobernantes, estuvieran en una provincia o un municipio, recurrían a la misma frase ávida de milagro: “Ojalá le encuentren la vuelta porque no sabemos cómo vamos a hacer”.
Sin embargo, todos los escenarios optimistas fueron evaporándose y así como el gobierno de Mauricio Macri parece pender de un hilo y tener como objetivo primordial ir superando el día a día, una preocupación similar va carcomiendo al resto de los gobiernos, que están más abajo y tienen todavía menos herramientas que la Nación para hacer frente a una economía descalabrada.
Algo de eso exteriorizó Juan Manuel Llamosas cuando, en la última edición de la Rural, aprovechó para enviar un mensaje y reclamar que se refuercen los envíos de fondos a los municipios porque son los que primero reciben la presión para asistir a la gente y, como consecuencia, expandir el gasto.
Esa situación existe. Es real. Hay más gente que necesita ayuda para acceder a lo básico. Pero el agravante principal de la crisis para los municipios pasa, más que por ese punto, por el incremento constante, notorio y peligroso de sus gastos operativos, que obligatoriamente deben hacer todos los meses para prestar los servicios.
En Río Cuarto, en apenas unos días, las cuentas del Estado, que ya venían complicadas, recibieron una seguidilla, como un gancho al mentón y otro al hígado, que no será fácil de asimilar. Por un lado, el gobierno cerró un acuerdo salarial con los empleados del Estado y, por otro, aprobó la redeterminación del canon de Cotreco, que dio un respingo del 17,7 por ciento y llegó a la cifra récord de 57 millones de pesos por mes.
Si bien son obligaciones pesadas de afrontar, la forma de los aumentos no es equivalente y demuestra la disparidad en la capacidad de presión de unos y otros. Mientras el gremio de Walter Carranza firmó una suba que redondeará un 45 por ciento pero que se terminará de pagar recién en marzo de 2020 y que contempla cuotas que, en su mayoría, son del 5 por ciento, Cotreco aplicó la fórmula que aparece en el contrato y logró su 17,7 por ciento de una sola vez. Según las cifras que se fueron aprobando en el Tribunal de Cuentas, el canon de la basura subió el 62 por ciento promedio en el último año, cuando pasó de 35,2 a 57 millones de pesos mensuales, y tuvo picos del 83% para servicios como la disposición final de los residuos y la construcción de la planta de reciclaje, que todavía es apenas una pretensión.
Es decir, mientras la inflación general en Córdoba fue del 53,27 por ciento en el último año, el servicio de higiene urbana recibió casi 10 puntos más.
¿Por qué se produce esa disociación? ¿Por qué el aumento rebasa en mucho a la inflación? La mecánica del cálculo está establecida en el contrato: cuando Cotreco tiene un aumento general de al menos el 7% en sus costos, puede pedir un reajuste. Y debe certificar su planteo: es decir, informar sus gastos.
El cuestionamiento de la oposición es que el Estado no constata que esos gastos declarados sean tales, que no existe una instancia que compruebe si una cubierta que, por ejemplo, se pasó por 30 mil pesos, realmente cueste eso en el mercado. El bloque de Cambiemos señala que la metodología definida por el oficialismo habilita el exceso en los precios.
Como réplica, el llamosismo recurre a un argumento atendible pero que prescinde de la posibilidad de revisar sus propios métodos. Señala que la crisis es general y que la inflación está desbocada; por lo tanto, su misión es tratar de superar lo mejor posible la suba permanente de precios y gastos. También postula que el costo de la higiene urbana no es un problema privativo de Río Cuarto, sino que alcanza a la mayoría de los municipios, principalmente a los que tienen tercerizado el servicio. Córdoba, por ejemplo, paga 475 millones de pesos por mes.
Eso es verdad: la recolección se ha ido convirtiendo en una mochila cada vez más pesada. Sin embargo, también lo es que los gobiernos locales se han ido transformando en tercerizadores contumaces, que casi no prestan servicios por sí mismos, sino que se dedican a adjudicar contratos que no sólo son más onerosos desde lo impositivo, sino que, además, contienen, por supuesto, el componente de la ganancia empresarial.
Las críticas que se entrecruzan oficialistas y opositores en Río Cuarto forman parte del juego político cotidiano. Pero el fuerte aumento del canon puede ser una oportunidad para avanzar en un debate de fondo que plantee un interrogante principal: ¿es sostenible que la recolección de residuos se lleve el 22% de lo que gasta el Municipio y que ese porcentaje vaya en ascenso porque sus aumentos están por encima de la inflación mientras que el resto la corre por detrás?
El Ejecutivo sostiene que está atado de manos y que está limitándose a cumplir las instrucciones que le da el juez de la convocatoria de acreedores en que se encuentra inmersa Cotreco.
Sin embargo, el momento de repensar el esquema, al menos hacia el futuro, es el oportuno. Tal vez, el más oportuno. Hasta ahora, los intendentes han señalado que redefinir la recolección de residuos los expone a un conflicto límite porque el gremio del Surrbac es intransigente y responde con desmesura a cada intento de modificación del statu quo. Pero hoy Mauricio Saillén y Pascual Catrambone deben tener una preocupación más urgente que Río Cuarto: están presos los dos, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.
Y si bien Franco, hijo de Saillén, ocupa el quinto lugar en la lista de diputados del Frente de Todos, lo que podría interpretarse como una revalidación del poder del gremio, en los hechos existe una fuerte presión para que desaloje ese puesto para candidatos menos comprometidos judicialmente.
En el Municipio comentan que los gastos mensuales pueden afrontarse porque el gobernador Juan Schiaretti atiende todos los meses los requerimientos del intendente. Además, está asistiéndolo para buscar una manera de pagar los 217 millones de pesos que deberá cancelar Río Cuarto por su deuda en dólar.
Pero esa predisposición podría no ser eterna, entre otras razones porque la Provincia tiene sus propios problemas de caja.
Si el gobierno actual, o el próximo, se decidiera a redefinir la higiene urbana ¿podría hacerlo solo? Si bien el sindicato está golpeado y cuestionado, y parece haber perdido capacidad de presión, y si bien la propia empresa atraviesa concursos e investigaciones judiciales por supuesta evasión fiscal, la reconfiguración del servicio no será una pelea sencilla. Sin embargo, esta vez, en lugar de lo que viene ocurriendo, una gestión podría dejar de ser condicionada para empezar a fijar condiciones.
Algo de eso exteriorizó Juan Manuel Llamosas cuando, en la última edición de la Rural, aprovechó para enviar un mensaje y reclamar que se refuercen los envíos de fondos a los municipios porque son los que primero reciben la presión para asistir a la gente y, como consecuencia, expandir el gasto.
Esa situación existe. Es real. Hay más gente que necesita ayuda para acceder a lo básico. Pero el agravante principal de la crisis para los municipios pasa, más que por ese punto, por el incremento constante, notorio y peligroso de sus gastos operativos, que obligatoriamente deben hacer todos los meses para prestar los servicios.
En Río Cuarto, en apenas unos días, las cuentas del Estado, que ya venían complicadas, recibieron una seguidilla, como un gancho al mentón y otro al hígado, que no será fácil de asimilar. Por un lado, el gobierno cerró un acuerdo salarial con los empleados del Estado y, por otro, aprobó la redeterminación del canon de Cotreco, que dio un respingo del 17,7 por ciento y llegó a la cifra récord de 57 millones de pesos por mes.
Si bien son obligaciones pesadas de afrontar, la forma de los aumentos no es equivalente y demuestra la disparidad en la capacidad de presión de unos y otros. Mientras el gremio de Walter Carranza firmó una suba que redondeará un 45 por ciento pero que se terminará de pagar recién en marzo de 2020 y que contempla cuotas que, en su mayoría, son del 5 por ciento, Cotreco aplicó la fórmula que aparece en el contrato y logró su 17,7 por ciento de una sola vez. Según las cifras que se fueron aprobando en el Tribunal de Cuentas, el canon de la basura subió el 62 por ciento promedio en el último año, cuando pasó de 35,2 a 57 millones de pesos mensuales, y tuvo picos del 83% para servicios como la disposición final de los residuos y la construcción de la planta de reciclaje, que todavía es apenas una pretensión.
Es decir, mientras la inflación general en Córdoba fue del 53,27 por ciento en el último año, el servicio de higiene urbana recibió casi 10 puntos más.
¿Por qué se produce esa disociación? ¿Por qué el aumento rebasa en mucho a la inflación? La mecánica del cálculo está establecida en el contrato: cuando Cotreco tiene un aumento general de al menos el 7% en sus costos, puede pedir un reajuste. Y debe certificar su planteo: es decir, informar sus gastos.
El cuestionamiento de la oposición es que el Estado no constata que esos gastos declarados sean tales, que no existe una instancia que compruebe si una cubierta que, por ejemplo, se pasó por 30 mil pesos, realmente cueste eso en el mercado. El bloque de Cambiemos señala que la metodología definida por el oficialismo habilita el exceso en los precios.
Como réplica, el llamosismo recurre a un argumento atendible pero que prescinde de la posibilidad de revisar sus propios métodos. Señala que la crisis es general y que la inflación está desbocada; por lo tanto, su misión es tratar de superar lo mejor posible la suba permanente de precios y gastos. También postula que el costo de la higiene urbana no es un problema privativo de Río Cuarto, sino que alcanza a la mayoría de los municipios, principalmente a los que tienen tercerizado el servicio. Córdoba, por ejemplo, paga 475 millones de pesos por mes.
Eso es verdad: la recolección se ha ido convirtiendo en una mochila cada vez más pesada. Sin embargo, también lo es que los gobiernos locales se han ido transformando en tercerizadores contumaces, que casi no prestan servicios por sí mismos, sino que se dedican a adjudicar contratos que no sólo son más onerosos desde lo impositivo, sino que, además, contienen, por supuesto, el componente de la ganancia empresarial.
Las críticas que se entrecruzan oficialistas y opositores en Río Cuarto forman parte del juego político cotidiano. Pero el fuerte aumento del canon puede ser una oportunidad para avanzar en un debate de fondo que plantee un interrogante principal: ¿es sostenible que la recolección de residuos se lleve el 22% de lo que gasta el Municipio y que ese porcentaje vaya en ascenso porque sus aumentos están por encima de la inflación mientras que el resto la corre por detrás?
El Ejecutivo sostiene que está atado de manos y que está limitándose a cumplir las instrucciones que le da el juez de la convocatoria de acreedores en que se encuentra inmersa Cotreco.
Sin embargo, el momento de repensar el esquema, al menos hacia el futuro, es el oportuno. Tal vez, el más oportuno. Hasta ahora, los intendentes han señalado que redefinir la recolección de residuos los expone a un conflicto límite porque el gremio del Surrbac es intransigente y responde con desmesura a cada intento de modificación del statu quo. Pero hoy Mauricio Saillén y Pascual Catrambone deben tener una preocupación más urgente que Río Cuarto: están presos los dos, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero.
Y si bien Franco, hijo de Saillén, ocupa el quinto lugar en la lista de diputados del Frente de Todos, lo que podría interpretarse como una revalidación del poder del gremio, en los hechos existe una fuerte presión para que desaloje ese puesto para candidatos menos comprometidos judicialmente.
En el Municipio comentan que los gastos mensuales pueden afrontarse porque el gobernador Juan Schiaretti atiende todos los meses los requerimientos del intendente. Además, está asistiéndolo para buscar una manera de pagar los 217 millones de pesos que deberá cancelar Río Cuarto por su deuda en dólar.
Pero esa predisposición podría no ser eterna, entre otras razones porque la Provincia tiene sus propios problemas de caja.
Si el gobierno actual, o el próximo, se decidiera a redefinir la higiene urbana ¿podría hacerlo solo? Si bien el sindicato está golpeado y cuestionado, y parece haber perdido capacidad de presión, y si bien la propia empresa atraviesa concursos e investigaciones judiciales por supuesta evasión fiscal, la reconfiguración del servicio no será una pelea sencilla. Sin embargo, esta vez, en lugar de lo que viene ocurriendo, una gestión podría dejar de ser condicionada para empezar a fijar condiciones.