“Martín es hoy la esperanza blanca que tenemos para el 2027. Y, por lo tanto, es el dueño del poder. Se terminó el doble comando: él hizo que desde el 26 de octubre el poder empiece a ordenarse. Y es un tipo que cuando juega, juega fuerte. Está actuando en todos los planos, en todos los resortes del poder”, analizó un funcionario que conoce la lógica política del gobernador.
Hasta las legislativas, la alternativa de la vuelta de Juan Schiaretti era una amenaza latente. En el Panal aseguran que la derrota abultada que sufrió la lista que encabezaba el exgobernador hizo que esa eventualidad se desdibujara. “Siempre nos decían que si a Martín le va mal, el Gringo podía ser el candidato en 2027. Eso hoy no existe más”, relataron en el gabinete.
Y así como Javier Milei encontró en la victoria el afianzamiento de su modelo, el 26 de octubre Llaryora entendió que desde ese momento empezaba a manifestarse plenamente su etapa como gobernador. Su propia era. Y operó, como consecuencia, en dos grandes planos: en la gestión propiamente dicha y en la configuración estructural del poder, entendido como un fenómeno no circunscripto solamente al Ejecutivo sino como una red que se ramifica al resto de la institucionalidad. Desde la derrota, Llaryora, en vez de contraerse, se expandió.
El plano de la gestión. Después de haber perdido, Llaryora dio un volantazo político. Hizo que su gobierno se desplazara más hacia el hemisferio ideológico que se ha establecido como predominante desde 2023. En el gabinete aseguran que el gobernador no decidió parecerse a Milei sino sintonizar con una predisposición mayoritaria del electorado cordobés. Por eso anunció una rebaja de impuestos -el principal reclamo que aparecía en las encuestas del oficialismo- y rearmó el gabinete para adecuarlo a su concepción de gobierno y para transmitir que había entendido el mensaje de las urnas.
En realidad, el gobernador parece haber concluido y asumido que en 2027 el oficialismo corre peligro de verdad. No el riesgo de siempre sino de otro tipo. Y decidió actuar como una manera de contraponerse a ese proceso.
En el corazón del poder provincial entendieron, aseguran en el Panal, que esta vez están ante algo distinto: no sólo ante el juego habitual de la alternancia entre oficialismo y oposición sino ante un proceso más de fondo. “Tomamos conciencia de que estamos frente a un momento de la política que hace que cosas que antes funcionaban y alcanzaban para ganar una elección, hoy a lo mejor no son suficientes. Antes, a lo mejor con la obra de la circunvalación y dos o tres cosas más ganabas Río Cuarto sin despeinarte. Hoy no sabés: quizás te ayuda, pero es insuficiente”, explicó un funcionario.
Entre las medidas que tomó, Llaryora se adentró en un terreno complicado, sensible: las jubilaciones. Declaró la emergencia previsional, sin discutir demasiado en la Legislatura, y les subió los aportes a los empleados públicos. En el gobierno señalan que hasta no hace mucho hubiera sido un episodio desgastante; hoy no lo es tanto. Porque, en el clima de opinión actual, no cae antipático ni mucho menos un discurso que habla de afectar sueldos estatales que, por los montos, se consideran de privilegio. “No nos sentimos incómodos con ese debate. Es más, creemos que nos fue bastante bien con la gente”, dijeron.
En el decálogo llaryorista hay una convicción que los funcionarios repiten: “En el gobierno te puede pasar cualquier cosa, menos quedarte sin plata. De esa no volvés”. Un déficit de 800 mil millones de pesos en la Caja de Jubilaciones es un riesgo constante de colapso. Llaryora entendió que las condiciones eran ideales para meter mano en ese barril sin fondo.
En los últimos días, el gobierno provincial apareció con otro paquete de medidas que son menos estructurales que el sistema previsional, pero que tienen impacto público. Anunció una reforma del Código de Convivencia que contempla regular la actividad de los cuidacoches y prohibir la de los limpiavidrios. La Provincia tomó esa decisión con un ojo puesto en las encuestas. “Hay demandas que se pusieron más intensas. Antes de Milei casi no aparecían, pero ahora la gente parece no tolerar más cuestiones a las que estaba resignada. No es que sea consecuencia de Milei: parece ser una predisposición de la gente, un cambio en la manera de pensar ciertas cuestiones sociales”, indicó un funcionario.
La reforma del Código de Convivencia es hija del cálculo político. “Cuando te toca gestionar sin plata, tenés que gobernar con autoridad y definir con quién pelearte”, indicaron en el Panal. En las últimas semanas, el gobierno provincial eligió como adversarios a los empleados públicos que cobran millones -judiciales y bancarios, principalmente- y a quienes representan una alteración del orden en la vía pública.
El plano de la estructura de poder. En política, una gestión nunca parece estar completa si no diseña la arquitectura a través de la que el poder se expresa en toda su multiplicidad. Un gobierno limitado al Ejecutivo es un gobierno rengo. Por eso, en las últimas semanas, a un ritmo de vértigo, Llaryora además empezó a reconfigurar un entramado más complejo y abarcativo que su gabinete. Se adentró en la Justicia para prevalecer en algunas áreas clave. El gobernador encaró una serie de movimientos y nombramientos en el Ministerio Público Fiscal para instalar allí a piezas que le respondan. Carlos Lezcano es el nuevo jefe de los fiscales y Néstor Alejandro Gómez, un abogado de San Francisco, ciudad de origen del gobernador, será fiscal general adjunto.
Pero la jugada que más polémica provocó fue la creación de la Procuraduría Penitenciaria, una nueva dependencia para garantizar los derechos humanos en las cárceles que genera una estructura con sueldos millonarios -algunos equivalentes a los del Tribunal Superior- y que fue duramente cuestionada por un sector de la oposición. Pero en otro sector lo que causó fue una nueva grieta cuando surgió la sospecha de que el radicalismo había acordado nombrar a María Florencia Degano como una de las adjuntas de la nueva Procuraduría. A cambio, habría dado los votos favorables para el Presupuesto.
El Frente Cívico, socio electoral de la UCR con problemas de convivencia, salió a repudiar el supuesto entendimiento. Marcos Ferrer, presidente del radicalismo y alineado con Rodrigo De Loredo, negó fervorosamente que ese acuerdo non sancto haya existido.
El avance de Llaryora fue a un ritmo frenético. Decidió apretar todos los botones al mismo tiempo. “Creemos que tiene que ser así, para arrancar con todo listo el año que viene”, dijeron en el Panal.
En todo el proceso hubo un actor que se mantuvo llamativamente ajeno, silente. Mientras el radicalismo entraba en una nueva fase de su crisis, y el Frente Cívico denunciaba un pacto espurio, La Libertad Avanza estuvo ausente. El actor que se afianzó en octubre se quedó mudo.
Puede haber dos interpretaciones. O su actitud es fruto de un acuerdo con Llaryora que contempla no inmiscuirse por ahora en la política interna de Córdoba a cambio de la misma predisposición en el Congreso Nacional, donde la senadora Alejandra Vigo acaba de ser la única que se abstuvo en la votación del Presupuesto. O la fuerza de Milei eligió deliberadamente dejar que los tres partidos tradicionales se ensucien en el barro de la política clásica y transaccional. Al fin y al cabo, que peronistas, radicales y juecistas se acusen entre sí por el reparto de cargos no hace más que afianzar la idea de casta con la que LLA viene machacando. Tal vez esté mirando el espectáculo desde afuera adrede y entre a escena cuando los demás hayan pagado la cuenta del desgaste.
