Opinión
Más marchas y contramarchas
La anulación de la medida que disponía la eliminación de los beneficios en las asignaciones familiares para los residentes en zonas desfavorables confirma que uno de los aspectos más peculiares de la praxis política de la administración de Cambiemos, su tendencia a retroceder de inmediato en iniciativas de gestión lanzadas de manera unilateral e inconsulta, se mantiene en esta etapa de ajuste y vacas flacas.
Apocos días de anunciar una serie de modificaciones en el régimen de asignaciones familiares, en el marco del plan de reducción de gastos comprometido con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto la parte más cuestionada del decreto respectivo, la eliminación de los beneficios para los residentes en zonas desfavorables. Se verifica así cómo uno de los aspectos más peculiares de la praxis política de la administración de Cambiemos, su tendencia a retroceder de inmediato en iniciativas de gestión lanzadas de manera unilateral e inconsulta, se mantiene en esta etapa de ajuste y vacas flacas.
El anuncio original disponía, junto a la elevación del piso y la baja del techo para el cobro de asignaciones familiares, que los residentes en la Patagonia y algunos departamentos de otras provincias, sobre todo en el norte, pasaran a cobrar lo mismo que en el resto del país. Perdían así las sumas adicionales que reciben hasta hoy como reconocimiento a las mayores dificultades que tiene criar un hijo en esos sitios periféricos.
Por eso, la medida despertó una fuerte reacción en la dirigencia política de los sitios afectados, incluidos diputados y senadores del oficialismo, además de la convocatoria a una sesión especial del Congreso para intentar revocar el decreto. Así, luego de una reunión con intendentes y legisladores de Cambiemos del sur del país, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior confirmaron que por ahora no habrá modificaciones al régimen actual, y que en todo caso se presentará una nueva propuesta para buscar por otra vía el recorte propuesto para el área, que es de 5 mil millones de pesos.
La cifra, que equivale a poco más del 1 por ciento del ahorro total al que el Gobierno se ha comprometido, obliga a preguntarse si realmente justificaba “comprarse” un problema de la magnitud del que se generó. En cierta forma, la rápida decisión de retroceder sugiere que esa pregunta se realizó a posteriori, y que la respuesta fue naturalmente negativa. Aunque, claro está, no llegó a tiempo para evitar el inicio de un conflicto que incluyó un enrarecimiento del clima dentro de la propia coalición gobernante.
Más allá de cualquier discusión sobre la calidad, la justicia o la auténtica necesidad de la medida en cuestión, lo cierto es que lo ocurrido obliga a recordar que las idas y vueltas del Gobierno ya no son interpretadas por la sociedad como signo de una saludable predisposición a reconocer los errores en lugar de persistir en ellos. Transmiten, más bien, la impresión de estar gobernando al calor del momento, de manera improvisada y sin un análisis previo de las consecuencias de los actos propios. Todo lo contrario del cuadro de previsibilidad que se pretende mostrar para atraer las inversiones y abrir paso a la recuperación que se espera sobrevenga después del ajuste.
El anuncio original disponía, junto a la elevación del piso y la baja del techo para el cobro de asignaciones familiares, que los residentes en la Patagonia y algunos departamentos de otras provincias, sobre todo en el norte, pasaran a cobrar lo mismo que en el resto del país. Perdían así las sumas adicionales que reciben hasta hoy como reconocimiento a las mayores dificultades que tiene criar un hijo en esos sitios periféricos.
Por eso, la medida despertó una fuerte reacción en la dirigencia política de los sitios afectados, incluidos diputados y senadores del oficialismo, además de la convocatoria a una sesión especial del Congreso para intentar revocar el decreto. Así, luego de una reunión con intendentes y legisladores de Cambiemos del sur del país, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior confirmaron que por ahora no habrá modificaciones al régimen actual, y que en todo caso se presentará una nueva propuesta para buscar por otra vía el recorte propuesto para el área, que es de 5 mil millones de pesos.
La cifra, que equivale a poco más del 1 por ciento del ahorro total al que el Gobierno se ha comprometido, obliga a preguntarse si realmente justificaba “comprarse” un problema de la magnitud del que se generó. En cierta forma, la rápida decisión de retroceder sugiere que esa pregunta se realizó a posteriori, y que la respuesta fue naturalmente negativa. Aunque, claro está, no llegó a tiempo para evitar el inicio de un conflicto que incluyó un enrarecimiento del clima dentro de la propia coalición gobernante.
Más allá de cualquier discusión sobre la calidad, la justicia o la auténtica necesidad de la medida en cuestión, lo cierto es que lo ocurrido obliga a recordar que las idas y vueltas del Gobierno ya no son interpretadas por la sociedad como signo de una saludable predisposición a reconocer los errores en lugar de persistir en ellos. Transmiten, más bien, la impresión de estar gobernando al calor del momento, de manera improvisada y sin un análisis previo de las consecuencias de los actos propios. Todo lo contrario del cuadro de previsibilidad que se pretende mostrar para atraer las inversiones y abrir paso a la recuperación que se espera sobrevenga después del ajuste.