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Un avance para la democracia

El presidente Alberto Fernández sancionó el decreto 571/20 que deroga los decretos 683 y 703 de la gestión macrista, que eliminaron toda referencia al origen estatal de la agresión externa permitiendo ampliar los supuestos de intervención de los militares a cuestiones de seguridad interna, al abanico de las "nuevas amenazas" como el narcotráfico o el terrorismo. El 571 restableció la vigencia del decreto 727/06 que establece que las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas sólo ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas de otros Estados.

La iniciativa es un gran avance para nuestra democracia y para la defensa nacional. Implica que la Argentina regresó al grupo de democracias avanzadas, institucionalmente consolidadas, en las que rige el principio de demarcación que separa la función de las fuerzas armadas de la de las fuerzas de seguridad. Esta separación se encuentra en países como los Estados Unidos y en la mayoría de los europeos y es lo que impidió que Donald Trump utilizara a los militares para reprimir las protestas por el asesinato de George Floyd.

La sanción del 571 nos aleja del patrón de militarización de Brasil, Chile o Venezuela que utilizan a sus militares en el mantenimiento del orden interno. El restablecimiento del 727 impide utilizar a los militares en esa clase de misiones.

La Argentina no descuida las cuestiones de seguridad pública como el narcotráfico o el terrorismo, por el contrario, existe un amplio conjunto de instrumentos legales diseñados para enfrentarlas. A ello se suma un importante dispositivo de seguridad pública.

Todas las supuestas amenazas que reclamarían una mayor intervención de los militares pueden ser atendidas con el actual marco normativo. Las fuerzas armadas pueden actuar en situaciones de emergencia, ayuda humanitaria, patrullaje de fronteras o en misiones de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

Es llamativo que sectores que afirman defender la defensa quieran convertir a los militares en policías, negando la posibilidad de un conflicto interestatal.

Ninguna legislación puede definirse per se como "antigua", basta mencionar que la Posse Comitatus Act y la Insurrection Act, que impidieron a Trump desplegar a los militares para reprimir las recientes protestas, fueron sancionadas en 1878 y 1807, respectivamente.

Es notable cómo aquellos sectores que se autoperciben como los depositarios de los valores republicanos, que dicen valorar la calidad y la fortaleza institucionales, no logran apreciar el valor de una medida que coloca al país en una situación de fortaleza democrática que pocos estados del planeta han logrado alcanzar.