El caso, que sacudió a la sociedad cordobesa y conmocionó al país, fue considerado como una serie de homicidios seriales en su modalidad más cruel: la de un perfil asesino que seleccionó a sus víctimas en la fragilidad extrema de la infancia. Agüero fue encontrada culpable de administrar de manera deliberada y sistemática sustancias letales a recién nacidos, entre ellos potasio e insulina, que provocaron la muerte de los bebés o su grave descompensación. Un escenario tan trágico como inédito, que deja una marca indeleble en la historia judicial de Córdoba.
En el juicio, que contó con la participación de un jurado popular compuesto por ocho ciudadanos, la fiscalía argumentó que Agüero actuó con intención homicida, en lo que se trató de un ataque sistemático contra niños vulnerables. La acusación no solo se centró en los homicidios, sino también en la manera en que la enfermera trató de encubrir sus crímenes alterando registros médicos y defunciones. Esta fue la principal línea de acusación que derivó en la condena a perpetua, la pena máxima que permite la ley argentina para este tipo de crímenes.
Pero el juicio no solo se centró en la figura de Agüero. La sentencia también incluyó a varios exfuncionarios del Ministerio de Salud de la provincia y autoridades del hospital que, según la acusación, no solo fallaron al incumplir con sus deberes, sino que facilitaron el encubrimiento de los hechos o actuaron de manera negligente al no denunciar las irregularidades. Liliana Asís, exdirectora del Neonatal, fue condenada a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación para cargos públicos, mientras que Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología, recibió la misma pena. Ambos continuarán en libertad bajo fianza.
En la misma línea, Adriana Moralez, excoordinadora del Comité de Seguridad del Paciente, y Julio Escudero Salama, exsubdirector administrativo, fueron condenados por encubrimiento a cinco años de prisión, aunque mantendrán su libertad bajo las condiciones de fijar domicilio y asistir a las citaciones judiciales.
Sin embargo, no todos los acusados fueron hallados culpables. El exministro de Salud, Diego Cardozo, fue absuelto por el jurado popular, al igual que otros altos funcionarios del hospital, como Alicia Ariza, exjefa de Enfermería, y María Alejandra Luján, médica que firmó las actas de defunción. Aunque la Fiscalía había solicitado penas más leves, los jueces consideraron que no existía prueba suficiente para condenarlos.
La decisión judicial es un hito en la historia de Córdoba. No solo por la magnitud del caso, sino por la trascendencia de los cargos involucrados. Se trata de la primera vez que un asesino en serie es condenado en la provincia, lo que da cuenta de la gravedad de los hechos ocurridos en el hospital neonatal. En ese sentido, la Justicia también reconoció a las familias de las víctimas como parte de una tragedia sin precedentes, otorgándoles indemnizaciones por los daños sufridos.
En un aspecto adicional, a pesar de las condenas penales contra los exfuncionarios del hospital, no se los responsabilizó económicamente por los daños causados. Mientras tanto, las familias de las víctimas podrán recibir compensaciones, pero solo por parte de la principal acusada y del Estado provincial.
El caso Neonatal no solo ha dejado un legado de dolor y sufrimiento en las familias de las víctimas, sino que también ha puesto al descubierto las vulnerabilidades de un sistema que, en lugar de proteger a los más débiles, permitió que un asesino se ocultara tras la fachada de un hospital público.
