Junto a Sergio Ruiz Moreno, fiscal que abrió la etapa de alegatos, Balestrini expuso con detalle la evidencia reunida en más de 40 jornadas de juicio. “No hay dudas de su responsabilidad. Tenemos la prueba: Brenda Agüero asesinó a Angeline Rojas el 6 de junio de 2022 con una inyección de potasio de 19,5 mEq/l en el muslo derecho. La causa de muerte fue hiperpotasemia exógena, que provocó bradicardia extrema y paro cardiorrespiratorio”, afirmó la fiscal.
Ese día, marcado como un “terremoto” en el hospital por la fiscalía, también falleció Melody Luz Molina y otros dos bebés sufrieron graves descompensaciones. Según los registros, Agüero no dejó asentado su retiro, omitió hacer pase de guardia y se fue sin esperar relevo, conducta que llamó la atención de los investigadores.
A su turno, el fiscal Sergio Ruiz Moreno enfatizó “la prueba documental es fuertísima”. También fue tajante al rechazar otras explicaciones. “La hipótesis de mala praxis fue absolutamente descartada. Como también lo fueron insectos, arácnidos, fallas médicas, medicaciones, sepsis, experimentos. Todo eso se investigó y se descartó”, afirmó.
Al repasar los casos, comenzó por el de la beba U.M., ocurrida el 18 de marzo de 2022. Según el testimonio de la médica Silvana Cagliero, Agüero fue vista junto a la bebé minutos antes de su descompensación. El fiscal subrayó el breve intervalo entre el grito de la niña y su colapso como un dato clave.
En el mismo día falleció el pequeño Francisco Calderón. Ruiz Moreno citó a los expertos que indicaron que es prácticamente imposible que ocurran dos eventos similares sin un factor externo. También destacó el caso de Benjamín, cuya madre, Damaris Bustamante, identificó claramente a Agüero como la persona que estuvo con su hijo antes de su descompensación, y denunció un trato hostil por parte de la enfermera.
En el caso de F.A.B., nacida el 24 de abril, la madre alertó sobre un repentino deterioro en la salud de la bebé, mientras que Agüero había registrado que se encontraba en perfecto estado. La madre la identificó por señas físicas como lunares y por la forma en que usaba el barbijo. “Esto cierra la individualización de la persona que tuvo contacto con la bebé”, afirmó el fiscal.
Situaciones similares se repiten en los casos de L.H. e I.G., en los que también se identificó a Agüero como la última persona en contacto con los recién nacidos antes de su abrupta descompensación. Ruiz Moreno remarcó la coincidencia temporal y la mecánica de los hechos diciendo “la tenemos en los roles y en el reconocimiento”. Afirmó, además, que no había ninguna otra enfermera llamada Brenda asignada al servicio en esos turnos, descartando así un argumento defensivo.
Al abordar los eventos del 6 de junio de 2022, en los que murieron dos bebés y otros dos sufrieron graves descompensaciones, el fiscal volvió a apuntar a Agüero. Señaló su presencia constante en cada caso y una conducta llamativa: “ese día no asentó cuándo se retiró, no hizo pase de guardia y se fue dejando pacientes sin esperar relevo, en una jornada con dos muertes y dos ataques”.
Uno de los puntos más fuertes del alegato fue el análisis criminal realizado por peritos de la Policía Judicial, quienes concluyeron que los hechos presentan una “serialidad criminal”, con víctimas vulnerables, un patrón horario y una modalidad común: la inoculación de sustancias nocivas. En cuatro casos se detectó potasio e insulina. “La perfilación del autor requiere conocimientos médicos, acceso al lugar, frecuencia de presencia y habilidad con dosis. Todo eso corresponde exactamente a Brenda Agüero”, sentenció el fiscal.
Además, Ruiz Moreno citó el informe de la Fiscalía de Estado, que también ubica a Agüero como eje central de los hechos, y menciona su interés en obtener reconocimiento por “haber salvado a bebés”, lo que encaja con el perfil psicológico atribuido por los peritos.
Finalmente, destacó un dato que considera revelador: el intento de Agüero de abandonar la provincia, que para la fiscalía constituye “un indicio muy fuerte” de culpabilidad.
La etapa de alegatos continuará en las próximas jornadas con la intervención de las querellas. El tribunal de la Cámara Séptima del Crimen y el jurado popular deberán valorar las pruebas presentadas para determinar las responsabilidades por los trágicos hechos que marcaron a decenas de familias.
