Los pagos de los operativos serán reclamados a los padres o tutores de los alumnos. En efecto, el Gobierno de Córdoba decidió avanzar con sanciones económicas contra las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos o bombas en instituciones educativas. La medida, según explicó el ministro Quinteros, busca frenar la creciente ola de intimidaciones y recuperar los recursos estatales utilizados en cada operativo.
De acuerdo a datos oficiales, cada despliegue policial ante una alerta falsa implica un costo base de 4 millones de pesos, cifra que puede escalar hasta los 16 millones dependiendo de la magnitud del operativo y la cantidad de fuerzas intervinientes, como brigadas de explosivos, bomberos voluntarios, unidades de inteligencia y servicios médicos.
La medida, según explicó el ministro Quinteros, busca frenar la creciente ola de intimidaciones y recuperar los recursos estatales utilizados en cada operativo.
En caso de amenazas de bomba, que son operativos más grandes, éstos cuestan entre 13 y 17 millones de pesos. Quinteros aclaró que la iniciativa no tiene fines recaudatorios, sino que apunta a resarcir al Estado por los gastos generados. En paralelo, crece la preocupación en el ámbito educativo y de seguridad por el impacto social de estas amenazas. Hasta el momento, la Justicia provincial contabiliza 29 alumnos imputados por este tipo de hechos.
Y a ellos se suman otros 22 adolescentes identificados como autores, quienes por su edad son inimputables, aunque sus familias deberán responder civilmente con su patrimonio.
