Olaeta.- Tras la usurpación de dos viviendas municipales en esta localidad, el intendente Darío Florit lanzó duras críticas al accionar de la Justicia, en particular de la Fiscalía de La Carlota, por no intervenir ante las denuncias que realizó en torno a esta problemática.
El mandatario dijo que desde hace aproximadamente un año viene afrontando conflictos con personas que han usurpado dos viviendas municipales y que su gestión pretende recuperar para otorgarla a alguna de las 20 familias que esperan por estas.
“En un caso se trata de una vivienda construida por el plan Familia Propietaria. El matrimonio que la recibió se separó y por más de 5 ó 6 años no pagaron la cuota que es de $ 190, por lo que la desadjudiqué”, dijo Florit.
“Tampoco la habitaban. La alquilaron cuando eso no puede hacerse y es un causal para rescisión del contrato. Acudimos con la Policía y confirmamos que la estaban alquilando. Decidí esperar a que terminara el contrato para no dejar a esa otra familia sin un lugar. Al quedar deshabitada la tomé porque es propiedad de la Municipalidad, la precintamos, pero al día siguiente la mujer de la primera familia adjudicataria se metió diciendo que era la dueña cuando ya habían perdido el derecho”, agregó Florit.
En el otro caso se trata de una vivienda social que la Municipalidad estaba construyendo y que fue también usurpada por una gente proveniente de San Luis. “No llegamos a adjudicarla”, aclaró el intendente.
Por estos dos hechos, Florit realizó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de La Carlota. “Lo hice ante los doctores Córdoba y Carranza que son dos secretarios de terror. Tampoco el fiscal (Daniel) Vaudagna hace nada”, apuntó el mandatario de Olaeta, al tiempo que dijo que esta falta de accionar de la Justicia está perjudicando el derecho de familias que podrían acceder a estas viviendas, hoy usurpadas.
“En nuestro pueblo no tenemos justicia. La Policía trabaja bien y tiene buena voluntad, pero el Poder Judicial es todo lo contrario”, disparó.
El intendente dijo que ya cumplió con los pasos que desde su cargo debe llevar a cabo en casos de usurpación. No obstante, dijo que es ahora la Justicia la que debe accionar. “En los dos casos de usurpación hemos hecho todo para recuperar las casas porque son municipales”, insistió Florit.
Circunscripciones
En este punto el intendente de Olaeta también cuestionó las delimitaciones de las circunscripciones judiciales señalando que poblaciones como la que gobierna para presentar una denuncia deben hacerlo en los Tribunales de La Carlota, ubicado a 140 kilómetros, cuando están a solo 40 kilómetros de Río Cuarto, ciudad en la que existen varias fiscalías.
“Esto de las circunscripciones está muy mal diagramado. Sería bueno que los legisladores se ocupen de este tema”, sentenció.
Y señaló que resulta inconcebible que General Cabrera o Deheza dependan judicialmente de Río Cuarto, mientras que Olaeta que está más cerca en cuanto a distancias se refiere tiene que acudir a La Carlota. “En casos de violencia o cuestiones que competen a la Senaf la gente debe viajar 140 kilómetros”, insistió.
Retomando su reclamo sobre las usurpaciones, el intendente Florit dijo estar preocupado por cuanto dijo que son unas 20 las familias que necesitan una casa, y la falta de resolución judicial limita que dos unidades disponibles puedan ser nuevamente adjudicadas.
“En un caso se trata de una vivienda construida por el plan Familia Propietaria. El matrimonio que la recibió se separó y por más de 5 ó 6 años no pagaron la cuota que es de $ 190, por lo que la desadjudiqué”, dijo Florit.
“Tampoco la habitaban. La alquilaron cuando eso no puede hacerse y es un causal para rescisión del contrato. Acudimos con la Policía y confirmamos que la estaban alquilando. Decidí esperar a que terminara el contrato para no dejar a esa otra familia sin un lugar. Al quedar deshabitada la tomé porque es propiedad de la Municipalidad, la precintamos, pero al día siguiente la mujer de la primera familia adjudicataria se metió diciendo que era la dueña cuando ya habían perdido el derecho”, agregó Florit.
En el otro caso se trata de una vivienda social que la Municipalidad estaba construyendo y que fue también usurpada por una gente proveniente de San Luis. “No llegamos a adjudicarla”, aclaró el intendente.
Por estos dos hechos, Florit realizó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de La Carlota. “Lo hice ante los doctores Córdoba y Carranza que son dos secretarios de terror. Tampoco el fiscal (Daniel) Vaudagna hace nada”, apuntó el mandatario de Olaeta, al tiempo que dijo que esta falta de accionar de la Justicia está perjudicando el derecho de familias que podrían acceder a estas viviendas, hoy usurpadas.
“En nuestro pueblo no tenemos justicia. La Policía trabaja bien y tiene buena voluntad, pero el Poder Judicial es todo lo contrario”, disparó.
El intendente dijo que ya cumplió con los pasos que desde su cargo debe llevar a cabo en casos de usurpación. No obstante, dijo que es ahora la Justicia la que debe accionar. “En los dos casos de usurpación hemos hecho todo para recuperar las casas porque son municipales”, insistió Florit.
Circunscripciones
En este punto el intendente de Olaeta también cuestionó las delimitaciones de las circunscripciones judiciales señalando que poblaciones como la que gobierna para presentar una denuncia deben hacerlo en los Tribunales de La Carlota, ubicado a 140 kilómetros, cuando están a solo 40 kilómetros de Río Cuarto, ciudad en la que existen varias fiscalías.
“Esto de las circunscripciones está muy mal diagramado. Sería bueno que los legisladores se ocupen de este tema”, sentenció.
Y señaló que resulta inconcebible que General Cabrera o Deheza dependan judicialmente de Río Cuarto, mientras que Olaeta que está más cerca en cuanto a distancias se refiere tiene que acudir a La Carlota. “En casos de violencia o cuestiones que competen a la Senaf la gente debe viajar 140 kilómetros”, insistió.
Retomando su reclamo sobre las usurpaciones, el intendente Florit dijo estar preocupado por cuanto dijo que son unas 20 las familias que necesitan una casa, y la falta de resolución judicial limita que dos unidades disponibles puedan ser nuevamente adjudicadas.