“Estamos solicitando información a los efectos de verificar si está vigente o no la acción”, dijo el funcionario judicial a Puntal. Y añadió a continuación: “Estamos trabajando en eso”.
Según trascendió, se enviaron las huellas dactilares de Barzola a las comisarías de todo el país, para saber si el imputado en el caso cometió algún delito o no.
De acuerdo con los pasos procesales, las conclusiones deberán ser puestas a disposición de la defensa de Barzola, quien pulía pisos en la casa de los Macarrón cuando ocurrió el crimen el 25 de noviembre del 2006, y del juez de Control, Diego Ortiz.
“En cuanto tengamos los resultados, los pondremos a disposición para su evaluación por parte de la defensa y del juez de Control”, afirmó Jávega.
De esta manera, el fiscal busca profundizar la investigación en esa línea de trabajo: verificar si hay alguna acción penal que pueda borrar la prescripción de la causa.
En el marco de su pesquisa, Jávega sostuvo que por el momento “no hay elementos” para decir que hubo participación de otras personas en el asesinato.
Como informó Puntal, el fiscal imputó a Barzola por el presunto delito de abuso sexual seguido de muerte.
Ahora, Jávega deberá recolectar pruebas y posteriormente elevar el incidente al juez de Control, para que determine si hay prescripción o no.
Al respecto, la defensa hizo un planteo de prescripción de la causa, tras considerar que su defendido es inocente y no posee antecedente penal alguno.
En el marco de su pesquisa, Jávega sostuvo que por el momento “no hay elementos” para decir que hubo participación de otras personas.
Por su parte, la familia Macarrón quiere que se haga justicia en torno al asesinato de Nora Dalmasso e insistirá en esa postura, a tal punto que, si tiene que recurrir a tribunales internacionales, lo hará, según se informó oportunamente.
Proponen introducir modificaciones al régimen procesal penal
La vicepresidenta de la Legislatura Unicameral, Nadia Fernández, en coautoría con sus pares Alejandra Ferrero y Karina Bruno, presentó un proyecto de ley para propiciar una reforma del artículo 286 de la Ley 8123 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. “A través de este proyecto, se propone introducir modificaciones al régimen procesal penal con relación a las detenciones cautela-res y crear, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, el Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (Sigma)”,dijo la legisladora Bruno. El tema aún no fue votado en el recinto legislativo porque volvió a comisión.
