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Pablo Llonto destacó la identificación de un nuevo centro clandestino de detención

El abogado, querellante en causas de derechos humanos, consideró que es "un empujoncito" para avanzar con causas por delitos de lesa humanidad que están pendientes de resolver.

Tras la identificación de una vivienda de la Capital Federal que funcionó como centro clandestino de detención de la SIDE durante la última dictadura, uno de los abogados especialistas en derechos humanos y con participación como querellante en causas por delitos de lesa humanidad destacó la importancia del reciente hallazgo para avanzar en investigaciones.

"Es un nuevo empujoncito para decirle a la Corte, a las Cámaras, a los tribunales de cada una de las provincias que apuren los juicios de lesa humanidad, porque hay una gran cantidad de argentinos y de argentinas esperando que se sepa la verdad y que llegue la justicia", expresó Pablo Llonto en diálogo con Primero Noticias y advirtiendo que son causas pendientes de más de 40 años.

"Se logró identificar un centro clandestino de detención, en una casa particular adonde fueron llevadas las víctimas en los primeros meses del Golpe, entre marzo y julio de 1976", precisó el abogado.

"Es una casa sobre la que se tenía algún indicio por documentos desclasificados de los Estados Unidos y testimonios de un ex agente de inteligencia, pero faltaban testimonios de las víctimas que reconocieran las características del lugar y lo reconocieron casi con exactitud, esto dio la certeza y el juez puso en marcha una serie de medidas para no innovar en el inmueble", agregó Llonto.

Señaló que Estados Unidos envió documentos en tres tandas y que la última fue la de mayor relevancia, al encontrar en ellos archivos pertenecientes a la CIA y al FBI.

Pablo Llonto, identifican un centro clandestino a cargo de la ex Side

Llonto destacó que este paso podría permitir avanzar en causas que aún están sin resolver. "Quedan unos cuantos miles de represores por individualizar, detener, indagar, llevar a juicio, juzgarlos y condenarlos", advirtió. "Si bien los principales responsables han sido juzgados, todavía quedan muchísimos integrantes de grupos de tareas, guardias de los centros clandestinos, torturadores e informantes que eran muchos responsables civiles", añadió.

La medida de Rafecas

El juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble que habría funcionado como centro clandestino de detención en la última dictadura militar en el barrio porteño de Floresta y dispuso la "prohibición de innovar" para que no sufra alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar.

"Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de doce condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba", sostuvo Rafecas en diálogo con AM 750 al confirmar esta hallazgo.

La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", informaron a Télam fuentes judiciales.

En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios brindados en la causa penal.

Hallazgo de nuevo centro de detención ilegal de la dictadura

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la exsecretaría de Inteligencia del Estado en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención "Automotores Orletti" en Floresta.

El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a "Orletti" y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado.

El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta 1977, cuando se vendió.