El Gobierno nacional salió este lunes al cruce del paro universitario previsto para el miércoles 12 de agosto. A través del Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello difundió un comunicado en el que calificó la medida de fuerza como una protesta de "carácter político" y negó que exista incumplimiento alguno de su parte que justifique la huelga.
"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", afirmó Capital Humano en el texto oficial.
Al mismo tiempo, el ministerio ratificó la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el martes 1° de septiembre, y señaló que esa fecha fue fijada "conforme al cronograma oportunamente establecido". El Ejecutivo también defendió el accionar de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, asegurando que el organismo actuó "en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia".
Qué reclaman los gremios
La posición oficial choca con la de los sindicatos, que vienen sosteniendo el conflicto desde comienzos de año. Las organizaciones docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial y estiman que la pérdida acumulada llega al 28,5% hasta junio. A ese reclamo se suma la exigencia de cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo la transferencia de un incremento del 20% previsto para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y el envío de una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos destinada a los hospitales universitarios.
El paro del miércoles fue confirmado por FEDUN, FAGDUT y FATUN, entre otras organizaciones. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir a la jornada, mientras que Conadu Histórica anunció además un paro nacional de cinco días, entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.
Vale recordar que en junio el Gobierno había alcanzado un acuerdo salarial con la mayoría de los gremios universitarios y con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ese entendimiento contempló una recomposición acumulada del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% sobre los salarios de mayo y un 3% adicional en octubre. Sin embargo, parte del sindicalismo consideró insuficiente esa recomposición y mantuvo el plan de lucha. Conadu Histórica, en particular, no firmó el acta del 10 de junio.
Los gremios también señalan que el cumplimiento de ese acuerdo no equivale al cumplimiento integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), afiliada a Conadu Histórica, sostienen que tras el incremento otorgado en junio persiste una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial que establece esa norma.
En paralelo, las organizaciones sindicales analizan la posibilidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, que buscaría reunir a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, investigadores y representantes del sistema científico y educativo. El próximo 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley, fecha para la que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales tiene prevista una jornada de visibilización. Tres días después de la paritaria del 1° de septiembre, el CIN celebrará su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los temas centrales.