Comienzo de año complicado en materia de inflación
Tal como lo venían anticipando las estimaciones previas, 2021 comenzó con un ritmo de inflación similar al que había tomado a fines del año pasado, coincidentemente con la consolidación del tema como uno de los de más peso en la agenda pública para los próximos meses. El 4 por ciento del Índice de Precios al Consumidor de enero constituye un duro golpe a la ya comprometida credibilidad de las previsiones del Presupuesto y del Ministerio de Economía, mientras las señales emitidas desde el Gobierno combinan un reconocimiento de al menos parte de la naturaleza del problema con iniciativas cargadas de voluntarismo del tipo de las que ya han probado sobradamente su ineficacia.
Tal como se ha señalado a partir de un sencillo cálculo matemático, si el IPC de enero se reprodujese los demás meses del año, la inflación terminaría en el orden de los sesenta puntos, el doble del 29 por ciento establecido explícitamente como objetivo por el ministro Martín Guzmán. Naturalmente, semejante panorama no entra dentro de las previsiones del Gobierno, pero las evaluaciones parciales sobre lo ocurrido en las dos primeras semanas de febrero y la inercia inflacionaria, que condena cualquier reducción esperable a ser gradual, ensombrecen inevitablemente las expectativas, porque para cumplir la meta el IPC no debería superar en la segunda parte del año un poco realista 1,5 por ciento mensual.
En sus periódicas ratificaciones del objetivo de bajar la inflación, Guzmán sostiene que se trata de un problema “macroeconómico” que demanda respuestas de fondo, como poner coto a la emisión monetaria excesiva y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, frente a la imposibilidad de tomar deuda, la emisión termina siendo un imperativo para financiar el déficit. Bajarlo requeriría, por ejemplo, de un recorte de subsidios a los servicios públicos, y el propio ministro admitió en ese sentido que tarde o temprano deberán subir las tarifas. Pero aparte de la renuencia a asumir el malestar social que provoca, visible cada vez que hay un ajuste en los combustibles, la suba de tarifas también estimulará por su lado el aumento de los demás precios de la economía.
La manta es corta por donde se la mire, inclusive desde el lado de los costos políticos en un año electoral. Resulta crítica hoy la pregunta sobre qué influirá más en el humor del votante que el oficialismo aspira a conquistar o a mantener, si una inflación como la que se produciría si se mantiene la tendencia sugerida por este comienzo de año o las medidas presumiblemente impopulares que serían necesarias para contenerla.
En ese marco, las respuestas técnicas como el intento de anclar la cotización del dólar tienen como contraindicación la progresiva generación de expectativas de devaluación que irán incrementando las presiones sobre la divisa. Algo que ha ocurrido innumerables veces en la Argentina, donde las estrategias basadas en el retraso cambiario terminan invariavblemente en corridas y a veces colapsos financieros.
La experiencia, desde la más reciente a la relativamente lejana, invita también a recibir con escepticismo los acuerdos de precios, que en el mejor de los casos proporcionan un alivio momentáneo imposible de sostener el tiempo. Y mucho más ideas como la supervisión de las góndolas por parte de militantes de organizaciones sociales, indicativas de que en el Gobierno la caracterización de la inflación como un problema macroeconómico coexiste con la convicción de que es producto de la perversidad de productores, industriales y comerciantes.