El lugar operaba bajo el nombre “Hogar Levantando al Caído”, presentado públicamente como un espacio de asistencia espiritual y contención para personas con problemas de adicciones. Sin embargo, de acuerdo con la investigación preliminar, se trataba de una fachada que encubría situaciones de explotación laboral, donde los alojados realizaban tareas sin condiciones de formalidad ni garantías de derechos.
En el operativo, además del rescate de las víctimas, se secuestró documentación considerada relevante para la causa. La medida fue encabezada por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien trabaja junto a las fuerzas de seguridad para determinar el alcance de los delitos denunciados y verificar si existen más personas involucradas o si el hogar mantenía vínculos con otras redes.
La investigación se enmarca en la Ley de Trata de Personas (26.364) y otras normativas vigentes de protección de derechos humanos, con la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales.
Tras conocerse la intervención judicial, el pastor identificado como Fabrizio, señalado como responsable del hogar, habló en exclusiva con Canal 10 de Córdoba, y rechazó las acusaciones. En sus declaraciones sostuvo que en el lugar “solo había mayores de edad” y que los ingresos se realizaban de manera voluntaria mediante fichas firmadas. “Yo tengo la ficha de ingreso, las cuales firma el ingresante, un testigo y el responsable. Si sos grande, venís acá y sufrís un tipo de maltrato, tenés el derecho a retirarte”, manifestó. El pastor negó que se tratara de un espacio de explotación y aseguró que la permanencia era optativa.
La Justicia Federal mantiene bajo investigación el material incautado, que incluye documentación administrativa, registros internos, celulares tanto del pastor como de su mujer y otros elementos que podrían ser claves para definir la responsabilidad penal del acusado. Las ocho personas rescatadas fueron contenidas por equipos interdisciplinarios especializados en situaciones de vulnerabilidad, a fin de garantizar su acompañamiento y asistencia integral.
Por ahora, el pastor permanece en libertad, aunque en el centro de la causa judicial, mientras el fiscal Casas Nóblega evalúa las pruebas y testimonios para determinar si existió explotación laboral y si corresponde avanzar con imputaciones por trata de personas, reducción a la servidumbre y otros posibles delitos conexos.
