Una maniobra de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas que involucra a contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior fue desarticulada tras una investigación conjunta entre la Aduana y la DGI, se informó oficialmente ayer.
La denuncia por asociación ilícita fue realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Justicia Federal cordobesa, que ordenó, a instancias del fiscal Enrique Senestrari, más de 36 allanamientos en las provincias de Córdoba, Misiones, Mendoza y Buenos Aires, y dispuso la detención de tres personas.
La maniobra denunciada y desarticulada con la colaboración de fuerzas federales de seguridad consistía en la exportación de bienes primarios a Brasil por un valor menor al real para desde allí volver a venderlos a terceros países. Por esta razón, ingresaban menos dólares a la Argentina. A su vez, se triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos, explicaron fuentes de Afip.
Las operaciones investigadas por la Aduana y la DGI, que encabezan Silvia Traverso y Virginia García, permitieron a la Justicia desarticular una asociación ilícita que evadía y fugaba divisas a través de empresas fantasmas.
Luego de la denuncia, la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba impulsó una serie de allanamientos que contaron con la asistencia del personal de la Afip y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en distintas provincias.
Durante los procedimientos se detuvo a tres personas, se secuestraron vehículos, armas, más de cuatro millones de pesos, divisas por 32 mil dólares, computadoras, notebooks, discos rígidos y teléfonos celulares.
La asociación ilícita denunciada estaba compuesta por contadores, escribanos, abogados, financistas operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior que exportaban productos primarios subfacturados a Brasil y que habían sido adquiridos sin facturas a través de empresas sin la capacidad económica para adquirirlos.
Las investigaciones arrojaron incongruencias entre los integrantes que formalmente estaban en la sociedad y las personas que realmente dirigían la firma. Estas, a su vez, poseían vinculaciones con personas físicas y jurídicas con antecedentes de mal comportamiento fiscal y aduanero, revelaron las fuentes de la Afip.
Con toda esta información, la pesquisa continuó en las áreas investigativas de la DGA y de la DGI, y culminó con la denuncia judicial por asociación ilícita, ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba a cargo de Senestrari.
Los 36 allanamientos, de los que participaron 199 funcionarios de la Afip (tanto de la DGA como de la DGI), se concretaron en simultáneo el mismo día. Fueron 15 en Córdoba, 14 en Misiones, seis en Mendoza y uno en Buenos Aires.
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