Mediante un comunicado de prensa el gremio de judiciales de Córdoba anunció que la asamblea general extraordinaria del pasado viernes, y que contó con la presencia de afiliados de capital y delegados de las sedes de Alta Gracia, Cruz del Eje, Villa Dolores, Oliva, Rio Cuarto, Bell Ville, Laboulaye, La Carlota, Morteros, Villa María, Rio Tercero, Jesús María, Cosquín, San Francisco, Arroyito, Carlos Paz, Cura Brochero, Rio Segundo y Deán Funes, “resolvió nuevamente por unanimidad la continuidad del plan de lucha en reclamo por recomposición salarial vía equiparación a los salarios de la justicia federal”.
La actividad en las sedes tribunalicias de capital, interior y en todas la sedes de las Unidades Judiciales se verán resentidas en las próximas dos semanas de mayo “por la falta de respuestas por parte del Tribunal Superior de Justicia a los reclamos que vienen realizando las empleadas y empleados”, señalaron los trabajadores a través del gremio.
Por otra parte, para este viernes también está prevista una concentración en Tribunales I de la Capital provincial y movilización.
En tanto, para la próxima semana el gremio de judiciales anunció un paro de 72 horas a partir del miércoles 21 y hasta el viernes 23. Desde el gremio sostuvieron que la continuidad del reclamo por recomposición salarial vía equiparación a los salarios de la justicia federal incluye posibles mejoras salariales a lograrse a través de las bonificaciones y reducción de descuentos por aportes y seguro de salud. Además expresaron un “contundente repudio al comunicado del TSJ que ataca el derecho de huelga y la libertad sindical y rechazo a los descuentos ordenados por implicar un cercenamiento del derecho de huelga”. Por otra parte se “exige el fin del diferimiento salarial para jubiladas y jubilados”.
Frente a este conflicto, los abogados que litigan en Tribunales mostraron su malestar. El presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Esteban Marrero, remarcó que los trámites judiciales no avanzan y se mostró preocupado porque el conflicto ha ido escalando. “Tienen que dialogar y alcanzar un acuerdo”, reclamó.
Y finalmente explicó: “Cada medida de fuerza es un empleado judicial que no está en la computadora resolviéndonos temas que necesitamos que se resuelvan. Entonces, nos modifica de manera fundamental el trabajo. Hoy la atención presencial es lo que menos nos afecta porque trabajamos con un sistema remoto desde nuestras computadoras. Ya no tenemos que ir a barandilla a ver las novedades sino que las novedades nos llegan a nuestros teléfonos. Pero ahora es un caos porque las solicitudes que hacemos entran a despacho y siguen así, eso significa que no se resuelven. Y pasa lo mismo en todos los fueros”, manifestó Marrero.
