Frente a la falta de certezas, el personal analiza los pasos a seguir y no descarta una intensificación de las medidas de fuerza que podrían afectar la atención.
Maximiliano Irusta, referente de los trabajadores, explicó que la situación se arrastra desde hace tiempo y que la llegada de una nueva conducción no trajo los cambios que esperaban. Las promesas de regularización no se cumplieron: la semana pasada les habían asegurado que el pago del PAMI impactaría en los haberes, pero hasta el momento de la protesta eso no había ocurrido.
La institución nuclea a 160 trabajadores. Durante la asamblea, el 75% continuó cumpliendo sus funciones para garantizar la atención a los pacientes, mientras el 25% restante salió a reclamar en representación de todos. Irusta subrayó que la atención médica, incluyendo las guardias, sigue funcionando con normalidad, aunque reconoció que la clínica también enfrenta falta de insumos por problemas económicos.
Sobre el argumento de la demora en los pagos del PAMI —esgrimido habitualmente como justificación por las instituciones de salud—, Irusta fue categórico: los trabajadores conocen las fechas de cobro de esa obra social, que puede variar entre el 17 y el 25 de cada mes, y consideran que esa explicación ya funciona como excusa generalizada en el sector.
El dirigente también señaló que los sueldos del sector son bajos y que el 90% de los ingresos se destina a gastos básicos como alquileres, tarjetas y alimentación. La situación, dijo, ya generó consecuencias concretas: varios empleados y profesionales abandonaron la institución.
El sindicato ATSA acompaña el reclamo junto a la comisión directiva de los trabajadores. La medida de fuerza continuará en estado de asamblea hasta que se deposite la totalidad de los salarios y el aguinaldo. A partir del quinto día hábil, los trabajadores prevén intensificar las asambleas si no hay respuesta concreta de la dirección.