A Javier Milei le llevó 58 minutos llegar hasta donde quería llegar, a ese punto en el que les propuso a los gobernadores barajar de nuevo, redefinir una relación atravesada por la agresión y el conflicto y comenzar por fin, con casi tres meses de demora, un proceso de negociación. La hora previa a ese momento fue, más que nunca, un artificio discursivo destinado a endulzar los oídos de sus fieles y simpatizantes y a disimular lo que, en realidad, el jefe de Estado estaba haciendo: admitir que no podía seguir con la confrontación permanente y que la realidad lo obligó a ensayar otra metodología para tratar de evitar que su gobierno sea ajuste y nada más.
Porque, hasta ahora, lo que ha ofrecido el nuevo gobierno ha sido eso:ajuste. Feroz y acelerado y encerrado en sí mismo: es un dispositivo que no construye una idea positiva de futuro. ¿Cuánto más pueden sostenerse los recortes a las universidades, al transporte, a las provincias y a tantas áreas sin que el malestar y la parálisis comiencen a aflorar y manifestarse? Para Milei, a pesar de lo que dice, es imperioso que los cambios que prometió, y en los que cree, empiecen a materializarse. Para eso necesita al Congreso. Y, por lo tanto, a los gobernadores.
El Presidente consumió una hora de discurso ante la Asamblea Legislativa en una extensa y revisitada diatriba contra la política pero terminó cayendo, sobre el final, en una de las prácticas que esa misma política ha usado prolíficamente durante décadas:el uso de la billetera de la Nación para conseguir que se aprueben las leyes. Milei lo dijo claramente: antes de llegar al 25 de mayo, al Pacto de 10 puntos con los que pretende refundar la República, los gobernadores deberán aceptar la Ley Bases, caída en el Congreso por una mezcla de amateurismo e impericia, y a cambio podrán obtener medidas de alivio fiscal para sus administraciones. El famoso toma y daca que minutos antes había defenestrado.
El diputado José Luis Espert, siempre ajeno al concepto de sutileza, fue más brutal:“Hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores para levantar la manito”.
La jugada de Milei puede entenderse desde dos enfoques. Si se usa el plano “ético y moral” del que suele hablar el Presidente, la maniobra es una contradicción abierta con el discurso oficial y una caída al barro que Milei había prometido jamás visitar.
El segundo enfoque deja de lado la moral para adentrarse en la praxis política. Milei, incluso negándose a sí mismo, recurre a la negociación porque no tiene otra, porque carece de cualquier otro instrumento. Sin intendentes, sin gobernadores, con un puñado de diputados y senadores, su única herramienta para que le voten sus proyectos es usar la discrecionalidad de la caja.
El Pacto, ese que se firmaría en Córdoba en el lejano mes de mayo, es casi una anécdota. Lo central está antes: en la ley ómnibus y en el acuerdo fiscal con los gobernadores. El Pacto del 25 de mayo será, como máximo, la coronación de ese proceso y la firma de un texto con generalidades que posteriormente deberían derivar en un largo proceso legislativo.
Después del discurso en el Congreso, GuillermoFrancos, el ministro del Interior, les dijo a los gobernadores que se había impuesto el ala racional y que, por eso, existió el llamado al diálogo.
Ahora se abre una larga serie de interrogantes. El primero y fundamental es si la convocatoria de Milei busca el diálogo o la sumisión. ¿Los gobernadores podrán intervenir y modificar el contenido de la ley ómnibus o deberán aceptarlo calladamente, como se pretendió en una primera instancia? Se supone que el oficialismo explorará otro camino al que ya fracasó, pero con Milei la regla es la imprevisibilidad.
El gobernador Martín Llaryora, quien fue acusado por el Presidente de haber boicoteado la Ley Bases, se apuró en recoger el guante y aceptó el convite de Milei a iniciar un proceso de negociación. Pero a la vez advirtió:“Mayo queda lejos”.
A Llaryora le preocupan los efectos del ajuste. La demanda en los hospitales creció el 30 por ciento, más de 18 mil chicos se pasaron de las escuelas privadas a las públicas y el poder adquisitivo de los cordobeses se redujo drásticamente. “Todos los días es una catástrofe”, señalan en El Panal. El propio gobernador encaró un ajuste de gastos que dejó a la Provincia con superávit en enero y lo repetirá en febrero,pero no quiere hacer una bandera de ese dato ni festejarlo. “Si ponemos llegar a un acuerdo, votar una ley razonable, contemplar también el aspecto productivo y medidas para paliar el ajuste, si además esto termina con la firma de unPacto en Córdoba, para nosotros está bien. Lo que no vamos a hacer, de ninguna manera, es votar la ley a libro cerrado”, dicen en el oficialismo.
Llaryora leyó la convocatoria como un triunfo. Módico pero triunfo al fin. Porque considera que es la admisión de Milei de que el enfrentamiento constante con los gobernadores es inconducente.
“Tuvo que reconocer que tiene que cambiar la forma de gobernar. Porque además hay aspectos que no va a poder sostener:a los gobernadores tiene que enviarles lo que corresponde. El Fondo Compensador del Transporte y elFondo de Incentivo Docente, por ejemplo, no tiene cómo seguir pisándolos”, indicaron en El Panal.
A Milei, la convocatoria a los gobernadores, le sirve en varios planos. Primero, habilita un canal, aunque todavía incierto, para conseguir las leyes que pretende. Segundo, lo sostiene en el centro de la escena política y lo muestra con iniciativa aun después de los reveses que sufrió en el Congreso. Pero, sobre todo, porque construye expectativa.
Al repasar el discurso completo del Presidente, casi no hay tramos que despierten en quienes sufren el ajuste la idea de que puede haber una mejora en el corto plazo. Es más, Milei pidió paciencia, aguante, y sólo vaticinó más meses de alta inflación. No dio motivos para esperar un alivio. Su tribuna puede haber festejado algunos anuncios, como la eliminación de las jubilaciones de privilegio o la reforma para los sindicatos, pero no se enfocan en la marcha general de la economía.
La generación de expectativa sólo quedó circunscripta al llamado a los gobernadores. No porque en sí misma implique una reversión del escenario sino porque, al menos, la tregua abre un supuesto período de atenuación de los enfrentamientos. No sólo el ajuste agota, sino también la pelea constante. Tal vez, puede razonar la gente, si se ponen de acuerdo el panorama hacia adelante puede ser otro.
Por el momento, se supone que el período de negociaciones abrirá un proceso de cese de hostilidades:discursivas, tuiteras y administrativas. Con lo cual, los gobernadores podrían ingresar en un tiempo menos tenso: ¿cómo va a agredir el Presidente a los mismos que intenta seducir? ¿Va a seguir recortando los fondos si a la vez propone un alivio fiscal?Tal vez, el panorama en las provincias pase a ser no tan extremo como lo viene siendo.
Políticamente, a los mandatarios provinciales la jugada de Milei los interpela porque los obliga a tomar una postura a favor o en contra de la convocatoria pero en el gobierno de Córdoba razonan que los riesgos principales quedan del lado de Milei. Porque no puede exponerse nuevamente a un traspié tan sonoro y contundente como el que sufrió en la discusión de la ley ómnibus. Las derrotas políticas dejan heridas.
Una de las propuestas que tiene el gobierno de Córdoba para llevar a la Casa Rosada es que la contención social al ajuste se canalice a través de las provincias y los municipios, que pueden llegar de manera más rápida a las familias.
Hasta ahora, a las municipalidades se les multiplicó la demanda pero se les cayeron los ingresos. Por ejemplo, los que subsidiaban el transporte. Ante el recorte de fondos, los intendentes decidieron aplicar aumentos fuertes en el boleto. En Río Cuarto, por ejemplo, pasó de 340 a 700 pesos. El sector de población que padece esa decisión es el mismo que sufre las consecuencias más gravosas del ajuste y que no es precisamente casta.
El efecto de la suba del boleto puede no ser igual en Río Cuarto que, por ejemplo, en Córdoba. No sólo porque la realidad es diferente, sino porque el contexto también lo es. Aquí se está ingresando en un período electoral, en el que el oficialismo todavía no tiene candidato definido. ¿Puede pagar el costo político el peronismo riocuartense por medidas como la suba del boleto?En el Palacio entienden que no, que la gente asimila que se trata de un coletazo del ajuste de Milei.
Mientras tanto, el tiempo corre y el panorama electoral en el oficialismo es incierto. El llamosismo espera que el apoyo del intendente y sobre todo de Llaryora terminen de impulsar a Guillermo de Rivas como el candidato definitivo. Pero dependen de las encuestas, del índice de conocimiento que alcance el secretario de Gobierno.
El peronismo podría terminar con un candidato único o, en su defecto, con una oferta fragmentada, con Adriana Nazario yendo por fuera. Si, como se especula, esa fragmentación se repite en la oposición, la ciudad estaría ante un escenario imprevisible. No habría un mano a mano, sino varias opciones de un lado y otro. En el llamosismo aseguran que esa posibilidad no los incomoda demasiado porque si hay varios nombres y ninguno se impone, entonces, gravitan más los aparatos. Y creen que ahí sus posibilidades se acrecientan.