Algo más que diferencias de matices
Luego de que varios episodios ocurridos a lo largo del año se fueran sumando para apuntalar la idea de que en la Argentina existen un creciente cuestionamiento al derecho a la propiedad y un sistemático desconocimiento de las leyes que lo sostienen, la jornada del jueves pareció diseñada para emitir un mensaje tranquilizador en ese sentido. Los desalojos casi simultáneos de dos tomas de tierras muy diferentes entre sí, pero coincidentes en términos de su altísima exposición mediática, no llegaron sin embargo a despejar la incertidumbre que genera la evidente falta de consistencia interna que ofrece respecto de este tema, como de varios otros, la coalición gobernante.
En el predio de Guernica, en el territorio cargado de carencias y conflictividad que es el conurbano bonaerense, la represión violenta llegó como última alternativa luego de una intensa actividad negociadora que consiguió reducir significativamente la magnitud del problema aunque no eliminarlo. Lo hizo a un costo importante en lo económico, pero mucho más en lo institucional, en tanto la entrega de dinero a los ocupantes termina por premiar un comportamiento ilegal previo que, no obstante -y aquí se manifiesta el dilema imposible que plantean estos sucesos-, estaba en innumerables casos justificado por el estado de necesidad extrema.
La del campo de los Etchevehere en Entre Ríos es una situación enteramente distinta, en tanto se origina en un conflicto sucesorio en su origen idéntico a muchísimos otros, con la clásica imagen del heredero disconforme con el reparto que argumenta haber sido estafado por los demás, y en el cual los intereses económicos se mezclan con pases de facturas propios de una historia familiar complicada. Pero con componentes políticos inequívocos, no sólo por el protagonismo de un dirigente sectorial y político opositor de enorme visibilidad, sino por la activa participación de un integrante de peso de la alianza oficialista como Juan Grabois y del respaldo brindado por funcionarios públicos de diferentes dependencias y jurisdicciones a quienes en definitiva la Justicia terminó por reconocer como usurpadores.
Ese tipo de intervención por parte de quienes a veces responden más a sus jefes políticos que a los organigramas oficiales es sumamente corriente, y ya se ha verificado, por ejemplo, en las tomas de tierras promovidas por grupos que se identifican como mapuches y en algunos casos, paradójicamente, hasta desconocen la autoridad del Estado en donde encuentran gestos y acciones concretas complacientes. Mientras desde el Gobierno se proclama con mayor o menor énfasis el derecho a la propiedad y el respeto por la ley, queda claro que muchos en el oficialismo actúan en sentido contrario, y no parecen reparar demasiado en el daño que así causan al proyecto político al que en teoría pertenecen, que sin embargo tiende por lo general a asimilar su actitud desafiante, contenerlos y mantenerlos en el redil.
Desde luego, Alberto Fernández ha llegado a la Casa Rosada con el respaldo de una coalición de espacios políticos caracterizada por la diversidad y es esperable que exista algún grado de debate sobre cómo encarar la multiplicidad de desafíos que enfrenta en esta instancia. Pero una cosa es que existan diferencias instrumentales sobre medidas específicas y otra que esas diferencias emerjan de concepciones opuestas sobre el tipo de sociedad a la que se aspira, respecto de lo cual la ambigüedad y la indefinición envían la peor de las señales.