El fentanilo adulterado, distribuido por el laboratorio HLB Pharma, es investigado por la Justicia federal en la causa radicada en el Juzgado Nº 3 de La Plata. Según confirmó Pieckenstainer, Córdoba se presentó como querellante para garantizar el acceso a la información y colaborar con las pesquisas. El pasado 11 de agosto, esa sede judicial informó oficialmente que la provincia no adquirió el lote 31-202, señalado como el origen de la contaminación. Este dato, subrayó el ministro, otorga la certeza de que no hay casos judicializados en hospitales públicos provinciales. Aun así, todo el stock de medicamentos de HLB Pharma, no solo las ampollas de fentanilo, permanece bajo custodia preventiva.
Pieckenstainer detalló que las primeras medidas se tomaron el 8 de mayo, apenas horas después de que la ANMAT emitiera la alerta sanitaria. Ese mismo día, la Dirección de Farmacia y el área de Epidemiología instruyeron a hospitales públicos y clínicas privadas a separar de inmediato las ampollas correspondientes a los lotes observados. La disposición fue luego ampliada a todos los productos de la firma, en un operativo de control que incluyó notificaciones oficiales por canales directos y formales.
La obligación de reportar cualquier caso sospechoso, recordó el ministro, recae sobre los directores médicos y farmacéuticos de cada institución, conforme a lo dispuesto en el Boletín Epidemiológico Nacional. Si bien el Ministerio no interviene de manera directa en historias clínicas privadas, Pieckenstainer señaló que en casos como el de la Clínica Vélez Sarsfield se actuó en tiempo y forma, enviando las notificaciones y manteniendo la disposición de colaboración ante la Justicia.
En paralelo, la investigación judicial avanza en Córdoba con allanamientos en sanatorios y consultorios privados para secuestrar documentación que permita cotejar el uso de los lotes sospechosos con las historias clínicas de pacientes. Este trabajo, coordinado con la Justicia federal, busca determinar si el medicamento adulterado se administró en otros establecimientos y cuántos pacientes podrían haber sido afectados.
La conferencia del ministro coincidió con la aparición de nuevas denuncias. Una mujer aseguró que su padre, de 87 años, murió en junio en el Sanatorio Mayo tras una cirugía de colocación de marcapasos y sospecha que su fallecimiento podría estar vinculado al uso de fentanilo contaminado. El caso fue judicializado y se suma a otra investigación por la muerte de una niña de 11 años en una clínica privada. Ambas causas se agregan a los dos decesos confirmados en Córdoba por la Justicia federal, ambos ocurridos en la Clínica Vélez Sarsfield.
El impacto del fentanilo adulterado no se limita a esta provincia. A nivel nacional, la causa federal ya contabiliza 96 muertes relacionadas con el medicamento distribuido por HLB Pharma, con víctimas registradas en Córdoba, Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca. El Instituto Malbrán trabaja en el análisis de muestras para confirmar la presencia de bacterias u otros contaminantes y establecer el vínculo causal con cada caso.
Pieckenstainer reiteró que cualquier posible evento adverso vinculado al fentanilo debe ser reportado de inmediato, acompañado de la documentación clínica necesaria. “El objetivo es claro: preservar la seguridad de los pacientes y colaborar de forma absoluta con la Justicia para esclarecer los hechos y garantizar que algo así no vuelva a ocurrir”, sostuvo.
La crisis del fentanilo contaminado ya se perfila como el episodio más grave en la historia sanitaria argentina, tanto por su alcance letal como por las fallas que expuso en los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos.
En Córdoba, la estrategia oficial adoptada en esta ocasión parece orientarse a anticipar los hechos, priorizando la transparencia y la acción preventiva. Si bien podría interpretarse como una reacción espontánea, también es probable que obedezca a una decisión calculada para evitar una crisis política interna y preservar la confianza pública en el gobierno, buscando neutralizar a tiempo una eventual ola de críticas por demoras o fallas en la gestión, como las que en el pasado precipitaron la renuncia de un ministro. A diferencia de otros episodios sanitarios recientes, esta vez la respuesta combina el retiro precautorio de todo el stock de la firma involucrada, la participación directa en la investigación judicial y la exigencia de que el circuito privado de salud cumpla de inmediato con su deber de informar, en un escenario donde, aunque se supone que el lote contaminado ya está fuera de circulación, cada hora resulta clave para contener el daño en vidas humanas y evitar que la crisis escale en el plano político e institucional.
