Más de dos semanas después de conocida la denuncia del líder qom Félix Díaz sobre las presiones que habría sufrido por parte del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla para que pasara a militar por el oficialismo, se ha formalizado finalmente el pedido de la Fiscalía para la apertura de una investigación sobre el episodio, que sobrevino inmediatamente después del controvertido paso del funcionario por la provincia de Formosa. Más allá de las escasas posibilidades de prosperar que parece tener el proceso, resulta importante como llamado de atención no sólo sobre las diferencias de trato del gobierno nacional hacia las distintas problemáticas relacionadas con los pueblos originarios, sino acerca del posible uso de una estrategia electoralista decididamente reprobable que sugiere este penoso episodio.
Díaz se quejó públicamente del comportamiento de Pietragalla en una reunión que dirigentes de comunidades qom, wichí y mapuche mantuvieron con él y con la titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, para plantear la reactivación del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de la Argentina, cuyo funcionamiento estaba paralizado. “Nosotros vamos a trabajar con ustedes, pero vamos a trabajar en la campaña electoral para que en 2023 sigamos gobernando y no queremos que vuelva el macrismo. Con esa condición”, fue la respuesta del funcionario del Ministerio de Justicia, de acuerdo con el denunciante.
Ese relato es el que habilita la investigación de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, pedida por la fiscal Alejandra Mangano al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que en una primera etapa pasaría por la citación de los demás participantes de la reunión. Aquí es donde las posibilidades de esclarecer lo verdaderamente ocurrido ingresan en una nebulosa, dado que un conjunto de testigos compuesto por funcionarios del Ejecutivo, incluido el propio acusado, y dirigentes de pueblos originarios mucho menos predispuestos que Díaz a la confrontación con un gobierno del que dependen en una medida considerable no parece ofrecer las mejores garantías de objetividad en la descripción de lo que vieron y escucharon.
Aun si nunca pudieran demostrarse las presiones denunciadas por el cacique qom, no puede soslayarse la consistencia de la denuncia con el comportamiento público del denunciado, desnudado en su paso por Formosa para verificar la situación de los confinados como sospechosos de haberse infectado con Covid-19. La arrogancia y la falta de empatía que rodearon una actuación cuyo fin obvio fue desde un primer momento “limpiar” la imagen del gobernador Gildo Insfrán, matizadas por la confirmación de que para el Gobierno el respeto por los derechos humanos no es exigible cuando el sospechoso de violarlos es un aliado político, se desplegaron ante los ojos de la sociedad toda.
En cualquier caso, condicionar la activación de un organismo que debería ser apartidario, así como el respaldo para solucionar los problemas de uno de los sectores más postergados de la sociedad, a una militancia en favor del oficialismo, supone una estrategia particularmente miserable que, sin embargo, no es en absoluto ajena a las costumbres políticas argentinas. Con el año electoral en marcha, y las prácticas que denotan un aprovechamiento partidista de los recursos del Estado a todo vapor, es preciso advertirlo para evitar que se naturalice todavía más, aun cuando difícilmente el funcionario acusado en esta oportunidad deba rendir cuentas por ello.