El apuro se explica por la posibilidad de una contingencia: si Diputados no aprueba el texto tal como salió del Senado, deberá volver a la Cámara Alta y entonces los plazos se complicarán.
“Están desesperados por darle a Milei tres leyes con las que pueda lucirse y decir que está cumpliendo sus promesas”, relató un diputado. Una es, precisamente, la reforma laboral. La segunda es la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, que le permitirá decir al Presidente que “el que las hace las paga”. Y, por último, una nueva ley de financiamiento para las universidades, que ya está acordada con los rectores y que el Ejecutivo se dispone a enviar al Congreso en breve.
En ese punto existe una controversia: por estas horas, hay operadores universitarios, principalmente de la UBA, que están reclamándoles a los diputados que voten la nueva ley de financiamiento porque implicaría una inyección de fondos para las castigadas casas de altos estudios. El texto, que se consensuó con los rectores, contempla un aumento general del 14 por ciento en el presupuesto, muy lejos de los valores que el Consejo Interuniversitario Nacional viene reclamando. “Ahí hay un problema: los rectores acordaron una cifra que ni se acerca a lo que públicamente plantean. Entonces, no quieren pagar el costo político de salir a avalar la nueva ley; pretenden que los diputados hagan ese desgaste. Son todos vivos”, planteó un dirigente que conoce el contenido del proyecto que ingresaría al Congreso mañana mismo.
Pero el punto más caliente en Diputados pasa por estas horas por la reforma laboral. Primero por el calendario: el oficialismo pretende emitir dictamen el miércoles y tratar el proyecto el jueves. Pero el texto que salió aprobado por amplio margen del Senado no despierta un consenso absoluto; es más, hay bloques y fuerzas políticas que lo votaron y que ahora exigen que se revisen algunos puntos que provocan ruido. Más ruido mediático y social que gremial, por supuesto: la CGT recién ahora, más por obligación que por convicción, está pensando en un paro general para el día del tratamiento. La semana pasada, lejos de la combatividad, fue a negociar con el oficialismo y a garantizarse que sus aportes quedaran garantizados.
Más allá de la acomodaticia CGT, el gobierno enfrenta un contratiempo: el texto que se apruebe en Diputados debe ser exactamente el mismo, con puntos y comas, que el que salió de la Cámara Alta. El mínimo cambio lo devolvería al Senado y los tiempos se dilatarían.
Y una de las discusiones que se instalaron en las últimas horas, no porque la haya impulsado la oposición sino porque al parecer habló de más Federico “Coloso” Sturzenegger, son los nuevos criterios que el gobierno espera imponer para las licencias por enfermedad. Son, por supuesto, mucho más restrictivos para los empleados y contemplan recortes salariales, por ejemplo, para alguien que caiga en la imprudencia de lesionarse jugando al fútbol, pero también para quienes padecen, por ejemplo, una enfermedad grave.
“Ahora nadie se hace cargo de ese punto. Todos se hacen los desentendidos y nadie es el padre de la criatura”, indicaron en el Congreso. Será un punto caliente.
El único actor que está cómodo con la reforma laboral es el oficialismo y sus aliados más cercanos. A la oposición “dialoguista” no es tanto que le incomode sino que la obliga a tener un posicionamiento público que no coincida plenamente con el criterio libertario.
Es lo que hace, en ese punto, el peronismo cordobés, que viene de votar en el Senado, a través de Alejandra Vigo, la reforma en general con algunos cuestionamientos en particular. Salvedades.
Córdoba, la misma que le da tantas alegrías a Milei en las urnas, también se las dio la semana pasada en el Congreso. Los tres senadores cordobeses avalaron la reforma laboral; 16 de los 18 diputados votaron que una persona sea punible desde los 14 años.
El gobierno de Martín Llaryora está más interesado por lo que pueda ocurrir en Diputados que por la votación en Senadores, donde el cordobesismo tiene sólo una banca y, por lo tanto, limitado poder de fuego.
La tropa en la Cámara Baja, donde acaba de desembarcar Juan Schiaretti, es más numerosa y, por lo tanto, la capacidad de hacer valer los votos es significativamente mayor.
Sin embargo, la postura pública del gobernador viene siendo ambigua. Llaryora ha planteado algunos criterios generales sobre la reforma, pero se resiste a fijar públicamente la posición que tendrán sus diputados al momento de votar. Es más, el gobierno hace trascender que los diputados tienen libertad de acción ante un tema tan complejo.
“Nosotros estamos dedicados a gobernar. Y lo hacemos en el marco general que defina el gobierno nacional. Las virtudes o los defectos de la reforma serán atribuibles a Milei”, señalan desde el Ejecutivo.
Es decir, una actitud casi prescindente. En algún momento se especuló con que la estrategia de Llaryora apuntaría a hacerle pagar a Schiaretti el costo de votar la reforma. En el oficialismo aseguran que hay una razón más de fondo: que el gobernador está tratando de ganar tiempo para esperar el resultado de la votación. Su postura pública se definirá de acuerdo a esa instancia final.
Llaryora ha adoptado una estrategia sumamente cuidadosa desde la derrota de octubre: evita cualquier definición que se contraponga a la de Milei o a la de su electorado.
Pero existe dualidad en la postura del oficialismo cordobés. Públicamente se desentiende, pero, debajo de la superficie, mantiene conversaciones con el gobierno libertario. Los diputados de su bloque están negociando actualmente con los emisarios de la Casa Rosada y, por supuesto, no es una negociación por la libre. Es a instancias de los intereses de la gestión de Llaryora.
Por ejemplo: Córdoba viene de recibir el aval de la Casa Rosada para la colocación de deuda por 800 millones de dólares. Y en los próximos días se anunciará un nuevo acuerdo por el déficit de la Caja de Jubilaciones que contemplará que la Nación ya no enviará 5.000 millones de pesos por mes sino 10.000 millones para el sistema previsional cordobés.
Hay, por lo tanto, acuerdos. Pero esos acuerdos no contemplan, obviamente, un acompañamiento irrestricto. El bloque de diputados del cordobesismo aprobará la ley en general, pero se opondrá, con un discurso crítico, por ejemplo a las licencias recortadas de Sturzenegger y al FAL, el Fondo de Asistencia Laboral que financiará las indemnizaciones. Esas serán las disidencias que le permitirán sostener un relato diferenciador; si no lo hiciera, se mimetizaría con el mileísmo y, como se dice en política, nadie vota una copia si tiene a disposición el original. Confundirse con los libertarios operaría casi como un suicidio electoral.
Para Llaryora, la votación de 2027 se ha convertido en la prioridad número 1. Sus acuerdos con la Casa Rosada apuntan a tener despejado el horizonte financiero. Puertas adentro de la provincia apuesta a un doble juego: se muestra enfocado en la gestión mientras adelantó la pelea con los opositores y, desde el discurso de Laboulaye, hace que todos se suban al ring y que ninguno se baje, que cada uno se sienta el antagonista capaz de desalojar al peronismo después de casi tres décadas de poder.
Algo de eso logró la semana pasada: Luis Juez, líder del Frente Cívico, declaró en un streaming, que el radical Rodrigo De Loredo, que fue su socio electoral y que se mostró a su lado en Laboulaye junto al diputado libertario Gabriel Bornoroni, acordó con Llaryora en 2023 para hacerle perder las elecciones. La unidad de la que hablaron e hicieron gala hace apenas dos semanas parece haber saltado por los aires entre el victimario y la víctima de un supuesto acto de alta traición.
