Con una nueva ronda de invitados, la Cámara de Senadores avanzó ayer con el debate del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, con la intención de llevar al recinto la iniciativa la semana próxima, tras un último plenario de comisiones en el que la oposición ratificó su rechazo y una nueva tanda de expositores se expresó a favor y en contra de la propuesta, por lo que no se firmó un dictamen.
Fue la quinta audiencia de debate con expositores en el marco del plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.
La reunión informativa pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 16, cuando según adelantó Sacnun se "analizarán las distintas reformas" propuestas por los legisladores, aunque no precisó si está previsto que se firmen dictámenes.
El primero en exponer fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier de Luca, quien consideró que "este proyecto no es una reforma", sino que "la verdadera reforma está iniciada y comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal".
"Este proyecto además no cambia la situación de las causas en trámite, así que desde ese punto de vista no hay ahí ningún tipo de objeción. Entiendo que se trata de solucionar el tema de la concentración del poder en pocas manos. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahí está el nudo de la cuestión. Entiendo que desde ese punto de vista no es anticonstitucional", puntualizó.
Sobre el sistema acusatorio
De Luca explicó que "el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura. Lo que sí se puede hacer es quitarles funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales", dijo.
Sobre el traspaso de la Justicia Penal a la CABA, remarcó que "los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo".
A su turno, la exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Lucila Larrandart afirmó que la discusión del proyecto "es una oportunidad para que los legisladores den cuenta del deterioro de la Justicia".
"Nunca he visto el nivel de arbitrariedad y falta de Justicia como el actual. Me refiero a la Justicia Federal, a Comodoro Py", agregó.
A su turno, el exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 Miguel Caminos alertó que "este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes".
El exmagistrado advirtió que "la superabundancia de jueces conspira" contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere "más fiscales".
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, coincidió con De Luca en que "esto no es una reforma", dado que la misma "comenzó con el Código Procesal Penal".
A su criterio, "hay que ir cuanto antes" hacia el sistema acusatorio porque, entre otras cosas, "ayuda muchísimo a frenar excesos", pero este sistema está demorado por "una gran oposición de jueces que sienten que pierden poder y algunos hasta tienen un coto de caza".
No obstante, cuestionó la creación de nuevos juzgados al señalar: "No vamos a tener qué hacer con todos esos jueces".
Por su parte, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal, Ricardo Rojas, advirtió que "poner la Justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento es un peligro".
"Más allá de que tal vez no sea necesario nombrar 23 jueces, está el peligro de que esos jueces que tendrán que investigar causas muy delicadas vinculadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, puedan ser manipulados en el futuro de una manera muy sencilla, a través de sacarles el carácter de jueces subrogantes", planteó.
Muy crítico, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, evaluó que "el proyecto sólo consiste en un aumento de órganos judiciales" y consideró que "carece de una base empírica", por lo que pidió que sea "reconsiderado en su totalidad".
También disertaron ayer en el Senado el representante del Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, Mario Bosch, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el exjuez federal Carlos Rozanski, entre otros expositores.
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