Las entidades del campo cordobés salieron ayer a cuestionar con dureza la decisión del gobierno de Alberto Rodríguez Saá de mantener bloqueado el ingreso a la provincia para productores, camioneros y trabajadores de localidades vecinas.
“Observamos con profunda preocupación que bajo el pretexto del escudo sanitario por la pandemia se toman medidas arbitrarias que violentan derechos constitucionales, mientras la política sigue dándole prioridad a lo conveniente y se dejan en segundo plano las reales necesidades de la gente”, remarcó un comunicado de Cartez firmado por su presidente Javier Rotondo.
“Las restricciones impuestas por el gobierno de San Luis son un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos, que exceden al sector agropecuario –cuya actividad fue declarada esencial- porque los productores no tienen acceso a sus campos, pero tampoco los ciudadanos de los pueblos limítrofes pueden trasladarse a sus puestos de trabajo, concurrir a centros médicos para continuar sus tratamientos o asistir a familiares enfermos”, destacó la entidad ruralista.
Y agregó: “Todo esto ante la pasividad de un gobierno nacional que también intenta avanzar sobre derechos fundamentales, y cuyas actitudes ponen en riesgo la tan necesaria división de poderes en toda la República, con decretos que socavan la actividad legislativa y con intromisiones en el ámbito judicial”, disparó.
Y más adelante destacó que “al revés del mundo y de espaldas a la gente, nuestros gobernantes están ocupados en generar nuevos impuestos en un país récord en la materia, que tiene alrededor de 170 tributaciones distintas, al tiempo que se restringe al sector productivo el acceso a líneas especiales de crédito”.
Por su parte, Federación Agraria también cuestionó la imposibilidad de ingresar a territorio de San Luis por parte de los productores al señalar “su absoluto repudio al establecimiento de aduanas internas dispuesto por el gobierno de la provincia de San Luis. Esta medida impide el tránsito de productores, contratistas rurales, transportistas y profesionales vinculados a la producción agropecuaria, así como también el de todas aquellas personas que necesitan moverse entre ambas provincias”.
En un párrafo aparte, Federación Agraria remarcó su “apoyo y solidaridad para con los trabajadores de la producción de alimentos afectados por las medidas impuestas, dado que muchos de los mismos mantienen su trabajo en la provincia de San Luis y su domicilio en la provincia de Córdoba. Por eso instamos al gobernador de la provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodriguez Saá, a que se abra al diálogo para consensuar el ingreso ordenado, responsable y mediante protocolos que cuiden la salud de nuestros hermanos puntanos y de nuestras familias, pero permitan el normal desenvolvimiento de nuestra actividad, declarada esencial desde un primer momento”.
Por último, Cartez remarcó que “con todos estos desatinos y atropellos, los ciudadanos vemos cómo se derrumba un país y languidece la República. Señores dirigentes, señores políticos ¡Basta! Es hora de gobernar de cara a la gente”.
En tanto, Federación Agraria indicó finalmente que “los gobiernos provinciales no pueden establecer normas o reglas que contradigan el espíritu de una norma nacional y mucho menos el de nuestra Constitución Nacional, cercenando los derechos a la libre circulación, la libertad a trabajar, entre otras, ni tampoco se pueden instaurar aduanas internas”, recordó la entidad.
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