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Fuego cruzado en la licitación por el transporte: ponen en duda el respaldo de SolBus

Las empresas en carrera -la SAT y la oriunda de San Luis- hicieron presentaciones para intentar dejar a la oponente fuera de competencia

En el plazo que la comisión evaluadora de la licitación del transporte público de pasajeros de la ciudad abrió para las observaciones y pedidos de impugnación por parte de las dos empresas en carrera -SAT Ciudad de Río Cuarto y SolBus, de San Luis- se desató un intenso fuego cruzado que terminará en las próximas horas, vencido el plazo de las presentaciones y respuestas, para que luego sean los integrantes del cuerpo evaluador quienes tomen las decisiones.

Si bien algo se anticipó el día en que se abrieron los sobres, en la sala de situaciones de la Municipalidad, los cuestionamientos fueron mucho más allá cuando por la vía escrita ambas empresas hicieron observaciones sobre su adversaria.

Y allí la novedad, a la que tuvo acceso este diario, se centró en los planteos que hizo la firma riocuartense al apuntar contra cierta “inconsistencia económica” de su adversaria y remarca una serie de ítems como el capital social inicial de la SRL que fue de tan solo 5 mil pesos, que “actualizado no llegaría a los 200 mil”. Esa información es completada con operaciones activas como un préstamo del Banco Comafi de más de 20,5 millones de pesos, plazos fijos por $18,5 millones e inversiones realizadas en 2021 por 800 mil dólares para adquirir dos camiones de reparto de combustible, según consta en la documentación presentada por SAT sobre el Grupo MR.

En esto también hay una serie de observaciones vinculadas a la conformación del Grupo y las empresas que lo constituyen; como así también en lo referido al inicio de actividades por parte de la firma, lo que respalda con una serie de aparentes contradicciones en la documentación presentada. En este punto, hay también presentación en contrario:SolBus plantea que la firma riocuartense no tiene más de 70 años de antigüedad como dice, sino que data de 1986, ya que fue ese año en el que pasó a ser una sociedad anónima, una persona jurídica diferente a la cooperativa preexistente. Esa observación apunta a que la licitación no otorgue puntuación, tal como dice el pliego, por los más de 70 años sino por los últimos 36.

“Resulta llamativa la cantidad de subsidios que reciben, que no se distribuyan ganancias, que no existan cuentas particulares... Lo que sugiere que los socios solo están prestando el nombre”, disparó SAT.

En un párrafo aparte, SAT se enfoca en un capítulo sensible en materia de transporte: los subsidios. Allí destaca que la firma de San Luis realizaría “una distribución encubierta” de los fondos que ingresan a la empresa desde el Estado “dado que en los últimos ejercicios la utilidad está conformada por subsidios. ¿Es legal subsidiar una empresa para que esta utilidad la retiren los socios?”, se preguntó en la presentación la empresa riocuartense.

¿Sin inmuebles?

Por otra parte, el escrito señala que Grupo MR “no tiene inmuebles declarados, es decir que responden únicamente con los rodados”, y dispara: “¿Quién lo respalda al Grupo MR SRL?”. Este cuestionamiento no fue aislado en el texto, sino que se repite de otra manera cuando se hizo referencia al capital social y la distribución de dividendos entre los socios de Grupo. En ese punto la SAT hizo una sugestiva pregunta: “¿No se esconde un socio?”.

Todo lo anterior engloba un interrogante de fondo para la SAT: ¿Cómo hará SolBus para adquirir los más de 50 colectivos que necesita para prestar el servicio en la ciudad?

Continuando con el capítulo subsidios, la presentación de la empresa riocuartense remarca que fueron 557,7 millones de pesos recibidos por la firma de San Luis en 2022 y 429 millones en 2021 (con valores ajustados, precisa) y asegura que sin esos fondos la empresa perdía más de 437 millones en 2022 y casi 300 millones en 2021. Y aclara: “La mitad de esos recursos son municipales” y señala que como contrapartida la SAT recibió en esos períodos $205 y $233,8 millones, respectivamente.

SolBus plantea que la firma riocuartense no tiene más de 70 años de antigüedad como dijo, sino que data de 1986, ya que fue ese año en el que pasó a ser sociedad anónima, distinta a la cooperativa anterior.

Finalmente, a modo de conclusión, la SAT cierra con una definición de alto impacto: “Resulta llamativa la cantidad de subsidios que reciben, que no se distribuyan ganancias, que no existan cuentas particulares, que la sociedad no tenga inmuebles, que los socios no declaren bienes personales, que no se capitalicen aportes, lo que sugiere que los socios solo están prestando el nombre o que hay terceros detrás de la sociedad”, insistió.

Por su parte, el martes de la semana pasada SolBus hizo su presentación con cuestionamientos a la documentación aportada por la SAT, pero con el foco puesto en lo que adelantó aquella mañana de martes en la Sala de Situaciones: el vínculo parental de quien vendía los pliegos de licitación con el titular de la empresa. Se pide el rechazo de la oferta inmediata de la empresa SAT al considerar que “alguno de los integrantes del oferente se encuentra en situación de incompatibilidad y/o conflicto de intereses para contratar con la Municipalidad”. SolBus plantea que“desconoce si la encargada de vender los pliegos tuvo participación activa en su confección”. Y asegura que “es evidente que existe una clara incompatibilidad ética, moral y legal”. Incluso la empresa de San Luis va más allá y señala, incluyendo responsabilidades del Municipio, al destacar que “es imposible pensar que SAT no ha tenido acceso a información privilegiada y tomar conocimiento de situaciones que el resto de los oferentes no hemos accedido”.

Luego suma también que la SAT no cumple con presentar propuesta de prestación de servicios, que no hay detalles del personal afectado a las prestaciones, además de reclamar el acta de la sociedad anónima que habilita su participación y declaraciones juradas de accionistas.

Cada una de las empresas presentó estos cuestionamientos acompañados por documentación que deberán analizar los 5 integrantes de la Comisión Evaluadora, presidida por el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal