A través de un documento, más de 40 organizaciones lanzaron la campaña “Defensor/a del pueblo YA”, con el pedido a las autoridades del Poder Legislativo nacional de que avancen en el cumplimiento de la ley por la que se debe designar a una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Sucede que es un puesto que está vacante desde hace 12 años. “Las y los diputados y senadores de la Nación están en deuda con la sociedad y quienes sean elegidos en estas elecciones tienen el deber de comprometerse con la designación de una figura clave para la defensa de derechos de todas las personas”, aseguraron.
Desde el final de la gestión de Eduardo Mondino, en 2009, no se volvió a designar un ombudsman de la Nación, aun sabiendo de la importancia que ha tenido esta figura en todas las localidades que cuentan con ella para la defensa de los derechos de los ciudadanos argentinos.
“La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución independiente con autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”, aseguraron desde el comunicado.
Amnistía Internacional, Asociación Civil por al Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Fundación Sur, TECHO, Vida Silvestre, Fundación Huésped, Fundeps y Red ciudadana Nuestra Córdoba son algunas de las destacadas organizaciones de todo el territorio argentino que han pedido por el respeto de la legislación y el accionar del Congreso.
Funciones
Para la designación del ombudsman, ambas cámaras deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de 2/3 partes de sus miembros. “En más de 12 años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos”, indicaron las organizaciones.
Insisten en que la Defensoría del Pueblo “es una figura central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno” y agregan: “Tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones, publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones y actuar en causas judiciales haciendo uso de su legitimación procesal”.
Esto es con relación a:
- falta de respuesta a reclamos efectuados,
- condiciones de prestación de servicios públicos,
- insuficiencia de información,
- violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor,
- cuestiones atinentes a la preservación del medioambiente,
- casos de incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado.
“Uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión”, consideraron las organizaciones a través de su documento y señalaron: “En época electoral, las candidatas y los candidatos deben comprometerse a saldar las deudas que el Poder Legislativo tiene con la sociedad. La protección de los derechos de las personas deben ser el centro de las acciones de gobierno”.
En este sentido, las organizaciones concluyen que “a 12 años sin Defensor/a del Pueblo, es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo”.