Tras analizar la presentación, los magistrados —presididos por Carolina Prado e integrados también por Julián Falcucci y María Noel Costa— resolvieron desestimar el planteo para garantizar la continuidad del proceso judicial. Al respecto, el abogado querellante Daniel Olartecoechea analizó esta definición procesal en diálogo con los medios locales: “La clave fundamental es que el tribunal ha negado la recusación... y ha explicado perfectamente el porqué la recusación no puede prosperar. Si prosperaba, evidentemente se tenía que disolver el tribunal y teníamos que buscar otro juez, con lo cual podíamos estar meses con esta historia. Jurídicamente ha estado muy fundamentado, muy bien el tribunal en ese sentido y por lo tanto este continúa la causa”.
Un proceso clave en el sur cordobés
El debate oral y público aborda graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a más de 70 víctimas en Río Cuarto y distintas localidades del sur provincial. Entre los damnificados figuran docentes, trabajadores no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Se trata del vigésimo juicio por delitos de lesa humanidad sustanciado en Córdoba y de una de las investigaciones más abarcativas sobre el funcionamiento del aparato represivo en la región, donde la Municipalidad participa activamente como querellante.
Las primeras jornadas contaron con los testimonios de Irma Casas y de Alejandro Larriestra, marcando el inicio de un proceso que continuará sumando audiencias en los próximos meses.
El valor de la reparación
Consultado sobre su doble rol en el proceso, Olartecoechea reflexionó sobre el significado del juicio para las víctimas y para la sociedad cordobesa: “Yo creo de que una reparación, este no solamente para mí también, por supuesto, pero no solamente para mí, sino para todas las víctimas de la dictadura, gente que tuvo muchos años en prisión, gente que desapareció, gente que sufrió unas torturas tremendas y que hoy por hoy todavía tienen ese trauma dando vuelta, todo eso es una reparación, pero también es una reparación para el tejido social, porque el tejido social ha quedado muy tocado con todas estas situaciones críticas que ha vivido mucha gente y muy indefensa”.
Finalmente, el letrado ratificó el objetivo central de la querella de cara al avance de las audiencias: “Aquí no hay venganza. Aquí lo que queremos es justicia y solicitamos de que se haga justicia, y por lo tanto, lo que queremos es que se termine este juicio, que se haga toda la prueba, para terminar, si puede ser, y así lo entiende el tribunal, con una condena a los imputados”.
Testimoniaron Daniel Olartecoechea y David Andenmatten y pidieron justicia.