El máximo tribunal de Justicia de la provincia confirmó el fallo de una jueza riocuartense que condenó al policía de Canals Darío Alejandro Bellino a un año y medio de prisión en suspenso, por haberse apropiado del teléfono celular de un joven de 25 años que falleciera en un accidente de tránsito el 10 de julio de 2009.
La ratificación de la pena que el 30 de julio de 2016 le impusiera a Bellino la jueza Virginia Emma de la Cámara Primera del Crimen hace peligrar la continuidad del condenado en la fuerza policial.
Desde los Tribunales riocuartenses confirmaron a PUNTAL que enviarán la notificación de este fallo al Tribunal de Disciplina de la Policía de la Provincia para que sea ese organismo el que tome la determinación que corresponda.
La acusación contra Bellino se remonta al 13 de julio de 2009. Ese día, el agente le habría vendido un celular a su compañero de comisaría, el oficial subalterno Mauro Germán Tissera, diciéndole mediante engaño que dicho teléfono era de su madre y que ella ya no lo usaba porque había comprado uno nuevo y que lo tenía él para vender.
Tissera recibió el aparato a cambio de 200 pesos que le entregó a Bellino, pero poco después le informaron que el aparato -marca Samsung, de la empresa Claro, carcasa color negra, con tapa de abertura vertical, modelo SGH-E356, con cámara, juegos y pantalla color- en realidad pertenecía a Roberto Ducart, un joven de Canals que tres días antes había muerto en la ruta.
Durante el juicio, Bellino negó las acusaciones en su contra. Dijo ignorar que el celular pertenecía a Ducart y aseguró que se lo entregó un técnico en compensación por un aparato que él había llevado a reparar y que nunca le fue devuelto.
Al fiscal de Cámara, Julio Rivero, esa coartada no lo convenció. Estaba seguro de que Bellino conocía el origen del celular y aun así decidió venderlo, lo que el fiscal no pudo demostrar fue que el policía se lo haya sacado a la víctima.
Por eso, en su alegato, cambió la figura delictiva con la que el agente llegó al juicio. Así, en lugar de acusarlo de hurto, le aplicó la figura de encubrimiento agravado y mantuvo la imputación por estafa.
El pedido concreto de Rivero en aquella oportunidad había sido un año de prisión en suspenso por los delitos de “estafa y encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por su condición de policía”. Sin embargo, la jueza Virginia Emma acabó aplicándole una pena superior: un año y medio en suspenso.
El intento de la defensa
Más allá de que la sentencia número 57 de la Cámara Primera del Crimen no implicaba que el agente debiera ir efectivamente a la cárcel, el abogado defensor Santiago Andrés Quijada planteó un recurso de casación ante el Tribunal Superior para tratar de revertirlo.
Es que el fallo condenatorio dejaba a su cliente al filo de ser echado de la fuerza. Ahora, con la confirmación de la sentencia, su continuidad en las filas de la Policía vuelve a quedar en entredicho.
En el intento por anular la decisión judicial, la defensa sostuvo que el tribunal omitió valorar elementos probatorios dirimentes para tener por demostrados en forma certera los delitos que le enrostran a su cliente.
Adujo que el agente a quien Bellino le entregó el celular declaró durante el juicio que le resultaba ilógico que Bellino le vendiera un celular robado, “puesto que se iba a enterar de ello por su condición y función de policía abocado a tareas de investigaciones, lo que a criterio de la defensa desmorona por completo el dolo que debe concurrir para achacarle a su asistido el delito de encubrimiento”.
Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia integrada por Aída Lucía Teresa Tarditti, Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati dio por tierra con ese argumento.
“Respecto de Bellino, aunque no se haya podido acreditar con certeza que fue él personalmente quien se apoderó ilegítimamente del teléfono celular de propiedad del occiso, sí existen, en cambio, suficientes elementos para tener por acreditado que él receptó ese aparato conociendo su procedencia ilegítima, la que ocultó al ofertarlo y venderlo, engañando a su comprador y causándole con ello un perjuicio económico”, señalaron los magistrados.
En conclusión, el TSJ, dijo que, “analizadas las constancias de la causa, el Tribunal tiene por acreditada la participación dolosa del encartado Darío Bellino en los hechos a él endilgados (calificados legalmente como autor de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y estafa, en concurso real)”, y agregó que eso “aparece derivado válidamente de un análisis conjunto e integrado de la prueba recabada y debidamente fundamentada de conformidad con el principio de razón suficiente”.
Por eso, rechazó el recurso de casación de la defensa y confirmó el fallo condenatorio.
El accidente fatal
El accidente fatal que derivaría en una causa judicial contra el policía Bellino se produjo la mañana del 10 de julio de 2009, a las 8.30, luego de que el Chevrolet Corsa que era conducido por Roberto Daniel Ducart se saliera de la ruta provincial 3, a unos 1.500 metros de Viamonte, camino a la localidad de Pueblo Italiano.
El vecino de Canals, de 25 años, iba acompañado por Sergio Daniel Gallesi -otra persona oriunda de Canals-. Cuando llegó el personal policial de Viamonte y Canals constataron el trágico hecho y junto a ellos arribó una ambulancia y los bomberos, quienes trasladaron al herido Gallesi al Hospital San Juan de Dios de Canals y, una vez compensado y viendo las heridas de distinta consideración que recibió se dispuso su traslado hasta la ciudad de Villa María, en donde fue internado.
Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Ducart fue trasladado hacia Canals.
La crónica policial de ese día señaló que el vehículo iba en dirección norte-sur cuando comenzó a dar tumbos y despidió a ambos ocupantes, que fueron arrojados varios metros hacia el interior de un campo. Ducart murió en el acto.
Desde los Tribunales riocuartenses confirmaron a PUNTAL que enviarán la notificación de este fallo al Tribunal de Disciplina de la Policía de la Provincia para que sea ese organismo el que tome la determinación que corresponda.
La acusación contra Bellino se remonta al 13 de julio de 2009. Ese día, el agente le habría vendido un celular a su compañero de comisaría, el oficial subalterno Mauro Germán Tissera, diciéndole mediante engaño que dicho teléfono era de su madre y que ella ya no lo usaba porque había comprado uno nuevo y que lo tenía él para vender.
Tissera recibió el aparato a cambio de 200 pesos que le entregó a Bellino, pero poco después le informaron que el aparato -marca Samsung, de la empresa Claro, carcasa color negra, con tapa de abertura vertical, modelo SGH-E356, con cámara, juegos y pantalla color- en realidad pertenecía a Roberto Ducart, un joven de Canals que tres días antes había muerto en la ruta.
Durante el juicio, Bellino negó las acusaciones en su contra. Dijo ignorar que el celular pertenecía a Ducart y aseguró que se lo entregó un técnico en compensación por un aparato que él había llevado a reparar y que nunca le fue devuelto.
Al fiscal de Cámara, Julio Rivero, esa coartada no lo convenció. Estaba seguro de que Bellino conocía el origen del celular y aun así decidió venderlo, lo que el fiscal no pudo demostrar fue que el policía se lo haya sacado a la víctima.
Por eso, en su alegato, cambió la figura delictiva con la que el agente llegó al juicio. Así, en lugar de acusarlo de hurto, le aplicó la figura de encubrimiento agravado y mantuvo la imputación por estafa.
El pedido concreto de Rivero en aquella oportunidad había sido un año de prisión en suspenso por los delitos de “estafa y encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por su condición de policía”. Sin embargo, la jueza Virginia Emma acabó aplicándole una pena superior: un año y medio en suspenso.
El intento de la defensa
Más allá de que la sentencia número 57 de la Cámara Primera del Crimen no implicaba que el agente debiera ir efectivamente a la cárcel, el abogado defensor Santiago Andrés Quijada planteó un recurso de casación ante el Tribunal Superior para tratar de revertirlo.
Es que el fallo condenatorio dejaba a su cliente al filo de ser echado de la fuerza. Ahora, con la confirmación de la sentencia, su continuidad en las filas de la Policía vuelve a quedar en entredicho.
En el intento por anular la decisión judicial, la defensa sostuvo que el tribunal omitió valorar elementos probatorios dirimentes para tener por demostrados en forma certera los delitos que le enrostran a su cliente.
Adujo que el agente a quien Bellino le entregó el celular declaró durante el juicio que le resultaba ilógico que Bellino le vendiera un celular robado, “puesto que se iba a enterar de ello por su condición y función de policía abocado a tareas de investigaciones, lo que a criterio de la defensa desmorona por completo el dolo que debe concurrir para achacarle a su asistido el delito de encubrimiento”.
Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia integrada por Aída Lucía Teresa Tarditti, Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati dio por tierra con ese argumento.
“Respecto de Bellino, aunque no se haya podido acreditar con certeza que fue él personalmente quien se apoderó ilegítimamente del teléfono celular de propiedad del occiso, sí existen, en cambio, suficientes elementos para tener por acreditado que él receptó ese aparato conociendo su procedencia ilegítima, la que ocultó al ofertarlo y venderlo, engañando a su comprador y causándole con ello un perjuicio económico”, señalaron los magistrados.
En conclusión, el TSJ, dijo que, “analizadas las constancias de la causa, el Tribunal tiene por acreditada la participación dolosa del encartado Darío Bellino en los hechos a él endilgados (calificados legalmente como autor de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y estafa, en concurso real)”, y agregó que eso “aparece derivado válidamente de un análisis conjunto e integrado de la prueba recabada y debidamente fundamentada de conformidad con el principio de razón suficiente”.
Por eso, rechazó el recurso de casación de la defensa y confirmó el fallo condenatorio.
El accidente fatal
El accidente fatal que derivaría en una causa judicial contra el policía Bellino se produjo la mañana del 10 de julio de 2009, a las 8.30, luego de que el Chevrolet Corsa que era conducido por Roberto Daniel Ducart se saliera de la ruta provincial 3, a unos 1.500 metros de Viamonte, camino a la localidad de Pueblo Italiano.
El vecino de Canals, de 25 años, iba acompañado por Sergio Daniel Gallesi -otra persona oriunda de Canals-. Cuando llegó el personal policial de Viamonte y Canals constataron el trágico hecho y junto a ellos arribó una ambulancia y los bomberos, quienes trasladaron al herido Gallesi al Hospital San Juan de Dios de Canals y, una vez compensado y viendo las heridas de distinta consideración que recibió se dispuso su traslado hasta la ciudad de Villa María, en donde fue internado.
Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Ducart fue trasladado hacia Canals.
La crónica policial de ese día señaló que el vehículo iba en dirección norte-sur cuando comenzó a dar tumbos y despidió a ambos ocupantes, que fueron arrojados varios metros hacia el interior de un campo. Ducart murió en el acto.
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