A pesar de que en marzo la Universidad recibió parte de los fondos adeudados, el Gobierno nacional aún debe hacer efectivo el pago de casi 40 millones de pesos por gastos de funcionamiento y más de 16 millones y medio correspondientes a los programas especiales.
En total son 56.568.521 pesos lo que reclama la casa de altos estudios local a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.
Según informó el secretario económico de la UNRC ante el Consejo Superior esta semana, José Luis Tobares, la deuda presupuestaria por parte del Ministerio de Educación al 18 de abril es de 39.876.342 pesos por gastos de funcionamiento y 16.692.179 correspondientes a programas especiales.
El mes pasado llegaron a la Universidad Nacional de Río Cuarto 8.857.866 pesos. Fue el 80 por ciento de la deuda por gastos de funcionamiento correspondientes al mes de noviembre, esto es 8.202.091 pesos, y 655.775 pesos correspondientes al programa de Voluntariado Universitario, de acuerdo al detalle aportado por el titular de la Secretaría de Economía.
Por gastos de funcionamiento aún faltan 2.050.523 pesos, que corresponden al 20 por ciento que no fue abonado, al igual que la totalidad de los gastos de funcionamiento de diciembre, enero, febrero y marzo.
De acuerdo a la planilla que adjuntó Tobares en la reunión de los consejeros superiores, son 10.125.895 pesos de diciembre, 9.233.308 pesos de enero; un monto idéntico correspondiente a febrero; y otro a marzo. Se agregan los 16.692.179 de programas especiales
El secretario económico del Rectorado apuntó además que esta casa de estudios cumplió con el envío de la información exigida a la Nación.
“Se nos comunicó desde la Dirección Nacional de Presupuesto de la Secretaria de Políticas Universitarias, que la UNRC se encuentra al día con el envío de la información del cierre mensual de la ejecución presupuestaria 2017 y 2018”, aclaró Tobares.
Explosiones: retoman los sumarios
La Universidad Nacional de Río Cuarto continuará con el sumario administrativo ordenado en el marco de la trágica explosión de la planta piloto de la Facultad de Ingeniería del 5 de diciembre de 2007, que fue suspendido en 2012 por una resolución rectoral a la espera de una sentencia judicial firme para los imputados.
En ese sentido, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 de Córdoba informó a la casa de altos estudios que la sentencia correspondiente a la causa caratulada “Bortis, Carlos Agustín y otros sobre incendio u otro estrago con muerte de personas” quedó firme, con lo cual resulta superada la instancia de prejudicialidad que motivó la suspensión del sumario administrativo en el año 2012.
Tras la notificación del Tribunal, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNRC solicitó al secretario general, Enrique Bérgamo, y por su intermedio al rector Roberto Rovere que “disponga mediante el acto resolutivo correspondiente la continuidad de las actuaciones sumariales oportunamente ordenadas en el estado en que se encuentran”.
Esto debido a que la sentencia que se dictó el 12 de abril de 2013 quedó firme en relación a todos los imputados, y de esa manera se cumplió la condición que había abierto el impasse.
Aquella resolución rectoral disponía la prejudicialidad del sumario “hasta tanto recaiga sentencia firme sobre la resolución dictada por el Excelentísimo Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 2 de la ciudad de Córdoba”.
En consecuencia, el martes el rector Rovere informó al Consejo Superior: “Vamos a redactar la resolución que dará continuidad al sumario, a partir de lo cual comenzarán a correr todos los plazos previstos y que hubieren estado suspendidos a partir del momento de la prejudicialidad”.
El 5 de diciembre del 2007, en un equipamiento preparado por el grupo de investigación Gidpo que realizaba ensayos para la empresa De Smet, se produjo un gran incendio y una sucesión de explosiones que causaron la muerte de cinco investigadores y un alumno. En esa oportunidad fallecieron Gladys Baralla, Miguel Mattea, Damián Cardarelli, Carlos Ravera, Liliana Giacomelli y Juan Politano.
Tras la investigación judicial que prosiguió a los hechos, el Tribunal Oral número 2 sentenció a tres años y medio de prisión a Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería y presidente de la Fundación Universidad (que firmó el convenio con la empresa De Smet para los experimentos con hexano). Fue el único que cumplió pena efectiva en la cárcel de Bouwer.
En tanto, recibieron penas de ejecución condicional el exsecretario de Coordinación Técnica, responsable de higiene y seguridad, José Luis Pincini (dos años y medio); su subsecretario, Sergio Antonelli; la directora del departamento de Tecnología Química y la vicedirectora, Miriam Ferrari (dos años y medio) y Edith Ducrós (seis meses como cómplice no necesaria).
Según informó el secretario económico de la UNRC ante el Consejo Superior esta semana, José Luis Tobares, la deuda presupuestaria por parte del Ministerio de Educación al 18 de abril es de 39.876.342 pesos por gastos de funcionamiento y 16.692.179 correspondientes a programas especiales.
El mes pasado llegaron a la Universidad Nacional de Río Cuarto 8.857.866 pesos. Fue el 80 por ciento de la deuda por gastos de funcionamiento correspondientes al mes de noviembre, esto es 8.202.091 pesos, y 655.775 pesos correspondientes al programa de Voluntariado Universitario, de acuerdo al detalle aportado por el titular de la Secretaría de Economía.
Por gastos de funcionamiento aún faltan 2.050.523 pesos, que corresponden al 20 por ciento que no fue abonado, al igual que la totalidad de los gastos de funcionamiento de diciembre, enero, febrero y marzo.
De acuerdo a la planilla que adjuntó Tobares en la reunión de los consejeros superiores, son 10.125.895 pesos de diciembre, 9.233.308 pesos de enero; un monto idéntico correspondiente a febrero; y otro a marzo. Se agregan los 16.692.179 de programas especiales
El secretario económico del Rectorado apuntó además que esta casa de estudios cumplió con el envío de la información exigida a la Nación.
“Se nos comunicó desde la Dirección Nacional de Presupuesto de la Secretaria de Políticas Universitarias, que la UNRC se encuentra al día con el envío de la información del cierre mensual de la ejecución presupuestaria 2017 y 2018”, aclaró Tobares.
Explosiones: retoman los sumarios
La Universidad Nacional de Río Cuarto continuará con el sumario administrativo ordenado en el marco de la trágica explosión de la planta piloto de la Facultad de Ingeniería del 5 de diciembre de 2007, que fue suspendido en 2012 por una resolución rectoral a la espera de una sentencia judicial firme para los imputados.
En ese sentido, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 de Córdoba informó a la casa de altos estudios que la sentencia correspondiente a la causa caratulada “Bortis, Carlos Agustín y otros sobre incendio u otro estrago con muerte de personas” quedó firme, con lo cual resulta superada la instancia de prejudicialidad que motivó la suspensión del sumario administrativo en el año 2012.
Tras la notificación del Tribunal, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNRC solicitó al secretario general, Enrique Bérgamo, y por su intermedio al rector Roberto Rovere que “disponga mediante el acto resolutivo correspondiente la continuidad de las actuaciones sumariales oportunamente ordenadas en el estado en que se encuentran”.
Esto debido a que la sentencia que se dictó el 12 de abril de 2013 quedó firme en relación a todos los imputados, y de esa manera se cumplió la condición que había abierto el impasse.
Aquella resolución rectoral disponía la prejudicialidad del sumario “hasta tanto recaiga sentencia firme sobre la resolución dictada por el Excelentísimo Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 2 de la ciudad de Córdoba”.
En consecuencia, el martes el rector Rovere informó al Consejo Superior: “Vamos a redactar la resolución que dará continuidad al sumario, a partir de lo cual comenzarán a correr todos los plazos previstos y que hubieren estado suspendidos a partir del momento de la prejudicialidad”.
El 5 de diciembre del 2007, en un equipamiento preparado por el grupo de investigación Gidpo que realizaba ensayos para la empresa De Smet, se produjo un gran incendio y una sucesión de explosiones que causaron la muerte de cinco investigadores y un alumno. En esa oportunidad fallecieron Gladys Baralla, Miguel Mattea, Damián Cardarelli, Carlos Ravera, Liliana Giacomelli y Juan Politano.
Tras la investigación judicial que prosiguió a los hechos, el Tribunal Oral número 2 sentenció a tres años y medio de prisión a Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería y presidente de la Fundación Universidad (que firmó el convenio con la empresa De Smet para los experimentos con hexano). Fue el único que cumplió pena efectiva en la cárcel de Bouwer.
En tanto, recibieron penas de ejecución condicional el exsecretario de Coordinación Técnica, responsable de higiene y seguridad, José Luis Pincini (dos años y medio); su subsecretario, Sergio Antonelli; la directora del departamento de Tecnología Química y la vicedirectora, Miriam Ferrari (dos años y medio) y Edith Ducrós (seis meses como cómplice no necesaria).
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