La restricción light y el capítulo riocuartense de las vacunas

Córdoba encontró un resquicio para hacer algo que, en teoría, no podía hacer. El gobierno provincial reunió a los intendentes, a los que gobiernan las grandes ciudades y los pequeños pueblos, al norte y al sur, a oficialistas y opositores, y entre todos acordaron que, ahora que arrancó la segunda ola de coronavirus y hay incertidumbre por la evolución de la situación sanitaria, aquí las restricciones anunciadas por Alberto Fernández, ya de por sí suaves, serán aún más laxas.

Supuestamente, los gobiernos provinciales o municipales estaban habilitados para ser más rígidos pero no más permisivos; el decreto nacional impone, según explicó la Casa Rosada, una base que no se puede perforar. Sin embargo, Córdoba armó su propio esquema: por ejemplo, los casinos y bingos, que fueron suspendidos en todo el país, sólo permanecerán cerrados entre la 0 y las 6. Y los departamentos que están en rojo,entre ellos Juárez Celman, y que según el DNU de Fernández deberían aplicar medidas más restrictivas para limitar la circulación, no tienen un esquema diferencial sino exactamente el mismo que los que están en verde (bajo riesgo epidemiológico) o en amarillo (riesgo medio).

La convocatoria a los intendentes fue, en los hechos, el instrumento usado por la gobernación para darle mayor fortaleza política a la decisión de evadir parcialmente las disposiciones nacionales. Una decisión no precisamente irrelevante: Córdoba asume un riesgo ante la escalada de casos pero al menos, con el acuerdo de todos los gobernantes, es un riesgo compartido. Lo corren Schiaretti y los intendentes, cada uno de los 427 que tiene la provincia.

Los dirigentes han aprendido que, en pandemia, la sociedad es un organismo oscilante y fundamentalmente malhumorado. Contradictorio. Se asusta y reclama cuando los casos crecen pero, a la vez, se enoja cuando le imponen restricciones. Esa dualidad puede verse reflejada en más de un noticiero de Buenos Aires: piden que se frenen los casos pero, a la vez, que no se restrinja la circulación. Impulsan el modelo Brasil sin las consecuencias que Brasil está padeciendo, con 4.000 muertos por día y los hospitales colapsados. Un combo improbable.

Ese malhumor latente impulsa a los gobernantes a cubrirse. O, al menos, a compartir los posibles costos. Por eso, Córdoba, la gobernación, se inclinó por el consenso. ¿Qué pasaría si, por su modelo permisivo, la provincia tuviera una escalada de casos difícil de manejar? ¿O si los departamentos que hoy están en rojo vieran deteriorarse aún más su situación sanitaria?

Esa es una derivación posible del camino que se eligió tomar el jueves pasado. Pero, al menos, parecen decir desde los poderes ejecutivos, es un rumbo que se fijó no unilateralmente sino en un marco de acuerdo. Córdoba, y esa es una concepción que desciende desde la gobernación, ha apostado por un método de actuación que apunta a no afectar la economía, o a hacerlo lo menos posible, y, en vez de limitar el movimiento y la circulación, se inclina por los testeos, la trazabilidad y los aislamientos de los infectados.

De todos modos, los intendentes han admitido que las restricciones podrían ir “de menor a mayor”, con lo cual abrieron la puerta para que, si el cuadro se vuelve crítico, lo que se habilitó vuelva a clausurarse.

Cada vez con menos disimulo, Schiaretti ha avanzado, principalmente en los últimos meses, en una diferenciación con el gobierno nacional, en especial en lo que se refiere al manejo de la pandemia. El discurso publicitario de que “Córdoba no para” contiene una alusión a la estrategia sanitaria pero también un elemento que contrapone al gobierno provincial con el nacional. Y es uno de los puntos que está utilizando la gobernación para afianzar la escisión política que siempre existió pero que se resintió cuando el PJ cordobés apoyó en el Congreso algunas leyes clave para el oficialismo.

Las vacunas, tan resistidas al principio y tan ansiadas ahora, se encaminan a convertirse en otro elemento de diferenciación política. En este caso, se actuaría por contraposición. Como no puede -en parte por escasez de oferta a nivel mundial- conseguir las dosis que prometió o que serían necesarias para enfrentar la segunda ola mejor plantados, el gobierno de Fernández habilitó a las provincias y a los municipios, después de centralizar la compra, a que salgan a conseguir sus propios lotes de vacunas. Y uno de los que se anotaron en la carrera, y lo blanqueó por Twitter, fue Schiaretti, quien aseguró que se han hecho tratativas con AstraZeneca, Pfizer y Elea.

La contraposición buscada está en el resultado. El gobernador ansía ser, ante la impotencia de la Casa Rosada, uno de los que muestren eficiencia en la gestión de la crisis y obtener sus propias dosis para inmunizar a su población. Schiaretti, aunque no lo blanquea, no ha abandonado ni mucho menos, cuando le quedan menos de 3 años en la gobernación, sus intenciones de proyección nacional. Y no precisamente en el bando del kirchnerismo.

Las vacunas tienen la potencialidad de la salvación política, pero también, hasta ahora, han generado discordias, polémicas, escándalos y han provocado costos políticos. El capítulo principal fu protagonizado por Ginés González García, el otrora intocable ministro que cayó meteóricamente ni bien trascendió que vacunaba a amigos y allegados.

Río Cuarto parece estar inmersa en un episodio también controvertido. La enfermera que fue separada de su cargo el martes por apartar una vacuna y habérsela aplicado a su novio, se presentó espontáneamente a la Justicia el viernes para dar su versión de los hechos. La mujer, que fue entrevistada por este diario en exclusiva, admitió que se quedó con la dosis pero en su descargo deslizó que si ella debe ser sancionada, qué hay que pedir para quienes, según relató, tiraron vacunas en Río Cuarto en plena escasez y, además, permitieron que “secretarios de secretarios” y “esposos de funcionarias” recibieran una inmunización tan irregular como la que recibió su pareja.

La Secretaría de Salud, a manos de Marcelo Ferrario, todavía no se ha recuperado del affaire del médico trucho, Ignacio Martín, que atendió y recetó en el COE durante el pico de la pandemia, y ahora se encuentra ante una segunda acusación sobre su actuación durante la crisis sanitaria.

La mujer, que lleva 15 años como enfermera municipal, ya expuso los hechos ante la Justicia. Sus palabras contienen la admisión de una culpa pero, a la vez, un pedido de explicación.