Unas décadas atrás hubo un período en la Argentina en que los servicios no recibían ningún subsidio y los usuarios pagaban lo que efectivamente valía prestar la luz, el gas, el agua o incluso el transporte.
Pero a la salida de la fenomenal crisis de 2001 se decidió, entre otros mecanismos de contención social, no aumentar las facturas para evitar un mayor deterioro en los ingresos de la población. Pero, como en otros rubros, la excepción se convirtió en permanente.
Dos décadas más tarde, hay una generación que nunca conoció el verdadero precio de la energía porque cada mes reciben una factura que posee un amortiguador denominado subsidio. No es que el valor de la energía sea menor, sino que lo paga de manera compartida el usuario y el Estado. Pero no el usuario que lo necesita, aquel que está en los estratos sociales más necesitados y que las recurrentes crisis económicas del país le impiden afrontar el costo total, sino todos los argentinos tienen este beneficio sin importar cuáles son sus ingresos. Aquí es necesario aclarar que la universalización de esos beneficios representan una profunda injusticia que trata igual a los diferentes. Peor aún, un Estado deficitario destina fuertes sumas de dinero a pagarles una parte del consumo de electricidad, agua o gas a familias de estratos socioeconómicos superiores, que están en la cumbre de la pirámide. Pero hay más, porque no sólo allí se produce una injusticia en el reparto de fondos escasos, sino que también geográficamente hay repartos inexplicables. Cómo un usuario de un barrio top de la Ciudad de Buenos Aires puede recibir más subsidios que otro que vive en un barrio clase media o media baja en Río Cuarto, Villa María, Charata, Realicó o Villa Mercedes.
En las últimas semanas, cuando el tema comenzó a ganar protagonismo por la segmentación que aún no logra aplicarse, se debatió sobre el mayor uso de la energía que realizan familias de menos recursos porque poseen instalaciones y viviendas menos eficientes; algo absolutamente debatible debido a la cantidad de artefactos que hay en unos y otros hogares y las instalaciones. Hubo ejemplos de piletas climatizadas, pisos radiantes y demás comodidades que están lejos de ser accesibles a buena parte de la población.
Más allá de esta cuestión, el pago parcial del valor de la energía funcionó como un extraordinario incentivo a no cuidarla. Aquello que cuesta pagarlo se valora más y se tiende a cuidarlo con más recelo. Hay un dato más con relación a esto: el mayor consumo y los subsidios hicieron caer las inversiones y la oferta al tiempo que alentaban la demanda, con lo cual el resultado terminó siendo la pérdida del autoabastecimiento y la necesidad de importar a precio internacional. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, hizo referencia a ese tema explicando en los últimos días que el Gobierno había “decidido soltar algunas reservas para garantizar el abastecimiento energético”.
Por eso la nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, puso el foco en ese punto: no sólo en el aumento de las tarifas que se viene, sino también en la necesidad de cuidar el consumo. Con lo primero, lo segundo se dará naturalmente al menos en la gran mayoría de los casos.
El esquema de subsidios se desvirtuó hasta que terminó convirtiéndose en una bola de nieve que fue imposible de afrontar con los recursos del Estado. De hecho, prácticamente el 70% del costo era afrontado por el Estado.
Pero además, la flamante funcionaria salteña lanzó una definición que incluye una nueva interpretación al principal problema económico del país: la inflación. Si bien hubo muchos representantes del Gobierno que negaron una relación entre suba de precios y déficit fiscal, Royón declaró este fin de semana que, si no se logra bajar el desequilibrio fiscal, se produce el más injusto de los impuestos que es la inflación. La secretaria puso el dedo en la llaga. Y apuntó a la relevancia que los subsidios energéticos están teniendo sobre el déficit fiscal. El país se gasta unos 15 mil millones de dólares al año en subsidios. El exsecretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña, le puso números en perspectiva histórica cuando destacó que desde el 1° de enero de 2002 hasta el año 2022 incluido, los subsidios transferidos a las empresas energéticas para que estas pudieran brindar el servicio público a una población de 45 millones de habitantes fue de US$ 150 mil millones. Estos subsidios explican en la actualidad la mayor proporción del déficit fiscal rondando el 3% del PBI. Buena parte de todo ese dinero fue a usuarios que no lo necesitaban. Un despilfarro inexplicable que ahora es advertido, aunque claramente tarde.
Es que los subsidios a las tarifas fueron una herramienta política, más en años electorales en los que crecían a mayor velocidad relativa por el retraso aplicado en las facturas. Pero el monstruo creado terminó atentando contra el creador.
Ahora la urgencia atenta contra prolijidad. La necesidad de cumplir con las metas comprometidas con el FMI obliga a poner en caja los subsidios y para eso el único camino es una importante suba tarifaria. Algo que en el largo plazo le reducirá el déficit y la necesidad de emisión, pero en el corto puede apuntalar un proceso inflacionario que coquetea con desmadrarse.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal