Opinión |

Atajos cuestionables

Si bien el alejamiento de los jueces que fallaron en favor de Cristóbal López del tribunal desde donde dieron ese fuerte espaldarazo a la delincuencia de guante blanco es presentado por voceros del oficialismo como una “oxigenación”, los caminos por los cuales se produciría relativizan y quizá hasta anulan el supuesto avance institucional que significaría.

Mientras se aguarda la resolución de la Cámara de Casación Penal sobre el fallo que benefició a Cristóbal López y Fabián de Souza con la excarcelación y un cambio de carátula que muchos consideran un escándalo jurídico, el destino de los jueces que lo firmaron parece haber comenzado a virar de un modo que difícilmente pueda considerarse casual. Si bien el alejamiento de ambos del tribunal desde donde dieron un fuerte espaldarazo a la delincuencia de guante blanco es presentado por voceros del oficialismo como una “oxigenación”, los caminos por los cuales se produciría relativizan y quizá hasta anulan el supuesto avance institucional que significaría.

Mientras Eduardo Farah solicitó formalmente su traslado al fuero en lo Penal Económico, donde estaría menos expuesto a controversias como la que hoy lo aflige, Jorge Ballesteros pidió una licencia que según trascendidos constituye un paso intermedio hacia su jubilación. Ambas salidas contarían con el visto bueno del Poder Ejecutivo, e incluso podrían haber sido ideadas desde su seno, como manera de “sacarse de encima” a ambos miembros de la Cámara Federal, asociados al kirchnerismo y a la corrupción.

Desde luego, una interferencia de semejante nivel en la vida tribunalicia implica una seria violación al principio de división de poderes. Si el Ejecutivo entiende que un magistrado es venal debe acusarlo ante el Consejo de la Magistratura y pedir su remoción por medio de los procedimientos contemplados por la ley. El hecho de que el fallo beneficioso para López y De Souza haya enfurecido al presidente Mauricio Macri, y hasta haya sido colocado bajo sospecha por la Corte Suprema en una resolución inusual adoptada por unanimidad, no autoriza a tomar atajos totalmente irregulares.

Debe recordarse que desde el oficialismo hasta se aseguró que la resolución cuestionada se obtuvo mediante el pago de coimas. Si ese fuera el caso, ¿estaría bien premiar a un juez coimero con un retiro honorable y el disfrute de una jubilación cuantiosa? Y peor todavía, ¿sería correcto permitirle a otro de la misma calaña seguir con su oficio de magistrado, en un sitio desde donde podría continuar pidiendo y recibiendo sobornos?

Como en el resonante caso de Norberto Oyarbide, ya abordado en esta página, el presunto intento de mejorar la administración de justicia mediante el desplazamiento de algunas personalidades impresentables  se lleva adelante con métodos alejados de la institucionalidad, tan poco transparentes como los que siempre inspiraron a los desplazados. La práctica podrá ser adecuada en términos de eficacia, pero resulta difícil de creer que consiga efectivamente proveernos de jueces más probos e independientes que los que se retiran tras negociar su impunidad.