Los consensos requieren de por lo menos tres instancias constitutivas: 1. Entre quiénes se deben articular. 2. Sobre qué recae el acuerdo y 3. Cuál es el método u oportunidad de implementación.
¿Entre quienes? Si bien hay distintas posturas, considero que todo actor que tenga una "capacidad de veto", esto es impedir que prospere el consenso, debe estar sentado en la mesa de discusión. En nuestra provincia, deberían participar por lo menos: los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y Legislativo, los sectores empresariales con mayor incidencia en el sector productivo, las organizaciones que nuclean tanto a los trabajadores del Estado como del sector privado, las universidades, organizaciones civiles, los medios de comunicación, los municipios y, en especial, las autoridades del gobierno nacional.
¿Sobre qué? Tanto en ámbitos políticos, académicos o profesionales, por lo general, hay un elevado nivel de consenso sobre el contenido de los acuerdos necesarios. Puedo mencionar algunos: resolver el peso de la deuda provincial para hacer sustentable las finanzas en el mediano plazo, una reforma tributaria que baje la presión impositiva y disminuya, entre otras cosas, la carga de ingresos brutos que afecta a la actividad productiva, lograr un régimen previsional sostenible y equilibrado, trazar las prioridades de las obra de infraestructura, en particular impulsar la expansión de infraestructura tecnológica de acceso a internet, diversificar la matriz energética, definir metas sociales vinculadas a la disminución de la pobreza, una reforma educativa que vincule los conocimientos científicos con el desarrollo que necesita la provincia, entre otros.
Si medianamente hay conformidad entre quienes tienen que articular los acuerdos y quienes no pueden estar afuera, y si además hay marcadas coincidencias sobre cuáles son los cambios que se necesitan, entonces el principal problema por el cual no se logran consensos en políticas públicas que se proyecten en el tiempo, está en un tercer aspecto: el método o la oportunidad.
En la “teoría de los juegos” la actividad política es caratulada como un juego de suma cero. Esto es, los actores políticos están en competencia y la ventaja que obtiene uno es en desmedro del otro. Así se configura un equilibrio de Nash, es decir, el comportamiento de los actores es el más conveniente en términos individuales, pero no produce un beneficio colectivo. El desafío entonces es construir incentivos para que los resultados de los comportamientos sean mejores para todos.
Para lograrlo, sin caer en idealismos alejados de la práctica, sugiero estos cuatro pasos que deben presentarse para hacer posibles acuerdos estructurales:
1.- La iniciativa la debe formular el gobierno cuando esté atravesando un buen momento y cuente con suficiente capital político. 2.-Debe ceder parte de ese capital político a sus competidores. Por ejemplo, un compromiso en conceder alguna de sus agendas. 3.- El cumplimiento de los acuerdos debe otorgar una ventaja a todos los actores, o cuanto menos, el incumplimiento generar un costo electoral a quien sale de éste, y 4.-Toda la discusión y el contenido de los acuerdos básicos deben realizarse de una forma transparente y auditable por la sociedad y la prensa.
Por último, y como dice Max Weber, los comportamientos individuales siempre pueden hacer la diferencia y en ese sentido lo que se necesita son dirigentes políticos con un alto perfil cooperativo y una ética de la responsabilidad.
