Verónica Antunes, de la comisión directiva de Capredis, manifestó que los prestadores estaban exponiendo en el Congreso en favor de prorrogar la emergencia en discapacidad y menos de 24 horas después el Ejecutivo envió una reforma de “una gravedad inusitada”.
“El martes estábamos trabajando en la presentación que fuimos a hacer al Congreso por la prórroga de la ley de emergencia. El miércoles a la mañana nos encontramos lamentablemente con esta reforma encubierta en el proyecto de Presupuesto. Y digo lamentablemente porque la ley de prestaciones básicas es un ejemplo a nivel América Latina. El Ejecutivo incluyó tres artículos en el Presupuesto que modifican el financiamiento y otra cuestión criticable es que haya elegido hacerlo de forma encubierta”, dijo Antunes.
Y agregó: “El punto más complicado que nosotros vemos es que se quita el criterio de universalidad. Ese criterio de universalidad por el cual cualquier persona con discapacidad, con cualquier obra social, accede a las mismas prestaciones independientemente de la obra social que tenga. Eso se elimina. Los prestadores van a tener que negociar. Si tenes una buena prepaga, te va a cubrir todo. Si tenés una mala obra social, no te va a cubrir. Ese criterio de equidad es el que se quita cuando se pretende modificar esos artículos”.
“Para nosotros es de una gravedad inusitada y un golpe bajo porque lo hicieron entre gallos y medianoche, sin decir nada y cuando se había presentado la prórroga de la emergencia”, declaró Antunes.
Desde la Cámara de Prestadores indican que la reforma beneficiará a las obras sociales y a las prepagas y que perjudicará, además de a las familias y a las personas con discapacidad, a las provincias porque deberán afrontar los servicios que dejarán de prestarse.
“La ley de Emergencia en Discapacidad vence en diciembre de 2026. La pretensión era que se extendiera el aumento de acuerdo al IPC. Además, está el intento de modificar la ley 24.901. En el Presupuesto se establece que el programa federal Incluir Salud y el Pami van a seguir con aumentos cada tres meses. Pero el resto de las obras sociales y las prepagas no tendrían un valor para aumentar sino que van a hacerte una propuesta: te van a dejar el valor que quieren pagarte. Se pierde la referencia y va a ser muy difícil negociar con las obras sociales. Estos cambios pueden generar una situación de monopolio y le producen mucha incertidumbre a las familias porque no saben si su obra social les va a cubrir el tratamiento. Es descabellado”, indicó Antunes. La reforma derivaría, agregó, en un componente mayor de inequidad. “No puede haber personas con discapacidad de primera, de segunda y de tercera. Y es lo que va a provocar esta reforma. A eso no lo podemos porque la situación de discapacidad te lleva a necesitar tratamiento, acompañamiento”, planteó.
En cuanto al financiamiento y a la eliminación del ajuste a través del IPC, desde Capredis indicaron que agravará el cuadro financiero actual, ya de por sí complicado para sostener su funcionamiento.
“El sistema funciona como un fondo solidario de redistribución. Las obras sociales les descuentan a los afiliados un dinero que va a un fondo que, en parte, se distribuye para cubrir los tratamientos de las personas con discapacidad. Pero actualmente cada vez se tarda más en recaudar ese dinero porque es con los aportes de los empleados formales y hay una baja en los aportantes. Como Arca no recauda la cifra que debe enviar, entonces retrasa el envío del dinero. Hoy estamos con la cadena de pago con una demora de 120 días”, manifestó Antunes.
