A poco más de dos meses de la fecha límite para la presentación de las candidaturas con vistas a las elecciones presidenciales de este año, el Gobierno nacional ha impuesto una significativa redefinición de las reglas del juego a través del decreto que, entre otras cosas, prohíbe la posibilidad de utilizar las llamadas “listas colectoras”. Más allá de las discusiones en torno de las supuestas ventajas y contraindicaciones del instrumento, y de la legalidad y constitucionalidad de la vía con que se lo pretende derribar, se vuelve a advertir que a la hora de establecer la normativa para este tipo de procesos en la Argentina ningún actor busca nunca la mejor, sino la más conveniente para sus intereses.
En otras oportunidades se han criticado en esta página los abusos en la utilización de las colectoras, en particular cuando estimulan una engorrosa acumulación de listas que confunde al electorado y degrada la práctica democrática. Y cabe admitir que la intención de eliminarlas no es nueva en la presente gestión de gobierno: una prohibición como la que acaba de decretarse había sido incluida en un proyecto de reforma política que en 2016 alcanzó a recibir media sanción en la Cámara de Diputados, antes de naufragar, y perder estado parlamentario, por el rechazo de la mayoría de los senadores al voto electrónico, también contemplado en esa iniciativa.
Sin embargo, no es menos cierto que el oficialismo también ha echado mano del cuestionado instrumento cuando lo ha creído oportuno. De hecho, como se ha recordado apenas se publicó el decreto contra las colectoras, Gerardo Morales es hoy gobernador de Jujuy porque en 2015 “colgó” su boleta tanto de la encabezada por Mauricio Macri como de las que postulaban para la Presidencia a Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Alberto Rodríguez Saá.
Por otro lado, el uso del mecanismo del decreto es especialmente reprobable cuando se lo aplica a la normativa electoral, que incluso requiere de leyes sancionadas con mayorías especiales, con lo cual esta reforma será cuestionada en la Justicia. Sin embargo, el Gobierno cuenta con el argumento de que la modificación es estrictamente de carácter reglamentario, a punto tal que la autorización expresa a las colectoras también fue en su momento establecida por decreto, en aquel caso firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En cualquier caso, es indudable que los planteos de los intendentes peronistas bonaerenses contra la reforma no responden a su celo en la defensa de la Constitución ni a la creencia de que las colectoras son instrumentos aptos para la libre expresión de la ciudadanía, sino a que desbaratan sus planes de ir con un solo candidato a gobernador aunque el espacio presente más de un candidato a presidente. Y que aun cuando el oficialismo siempre haya condenado el mecanismo, la decisión de suprimirlo aquí y ahora responde al objetivo de mejorar las posibilidades de María Eugenia Vidal de ser reelecta.
En ese marco, el avance que en condiciones normales debería significar la eliminación de las listas colectoras pierde entidad, y se renuevan las suspicacias en torno de toda reforma política, particularmente cuando se orienta a cuestiones electorales. Fatalmente, los artilugios destinados a manipular el sistema en beneficio propio parecen siempre prevalecer por sobre cualquier intento de buscar un consenso sobre la mejor manera de garantizar la limpieza y transparencia en el libre ejercicio del derecho ciudadano.
Sin embargo, no es menos cierto que el oficialismo también ha echado mano del cuestionado instrumento cuando lo ha creído oportuno. De hecho, como se ha recordado apenas se publicó el decreto contra las colectoras, Gerardo Morales es hoy gobernador de Jujuy porque en 2015 “colgó” su boleta tanto de la encabezada por Mauricio Macri como de las que postulaban para la Presidencia a Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Alberto Rodríguez Saá.
Por otro lado, el uso del mecanismo del decreto es especialmente reprobable cuando se lo aplica a la normativa electoral, que incluso requiere de leyes sancionadas con mayorías especiales, con lo cual esta reforma será cuestionada en la Justicia. Sin embargo, el Gobierno cuenta con el argumento de que la modificación es estrictamente de carácter reglamentario, a punto tal que la autorización expresa a las colectoras también fue en su momento establecida por decreto, en aquel caso firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En cualquier caso, es indudable que los planteos de los intendentes peronistas bonaerenses contra la reforma no responden a su celo en la defensa de la Constitución ni a la creencia de que las colectoras son instrumentos aptos para la libre expresión de la ciudadanía, sino a que desbaratan sus planes de ir con un solo candidato a gobernador aunque el espacio presente más de un candidato a presidente. Y que aun cuando el oficialismo siempre haya condenado el mecanismo, la decisión de suprimirlo aquí y ahora responde al objetivo de mejorar las posibilidades de María Eugenia Vidal de ser reelecta.
En ese marco, el avance que en condiciones normales debería significar la eliminación de las listas colectoras pierde entidad, y se renuevan las suspicacias en torno de toda reforma política, particularmente cuando se orienta a cuestiones electorales. Fatalmente, los artilugios destinados a manipular el sistema en beneficio propio parecen siempre prevalecer por sobre cualquier intento de buscar un consenso sobre la mejor manera de garantizar la limpieza y transparencia en el libre ejercicio del derecho ciudadano.