Mientras se acerca el comienzo de un nuevo año electoral, y más allá de la renuencia del grueso de la dirigencia política a abordar el tema abiertamente por la reprobación que genera exponer ambiciones de poder en momentos de penurias económicas, la Justicia ha vuelto a poner en primer plano un crónico déficit en el desarrollo del proceso democrático, como es el financiamiento irregular de las campañas. El pronunciamiento del tribunal más importante con incumbencia en el rubro sobre la necesidad de ampliar la investigación de lo ocurrido en el camino hacia los comicios presidenciales de 2015, en el cual todas las fórmulas más importantes han sido cuestionadas, renueva la demanda de una modificación en el sistema, que aparentemente ya no podrá llegar a tiempo para el próximo turno.
En rigor, ha pasado más de un año desde que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría desaprobó los informes de gastos de campaña presentados por Cambiemos, el Frente para la Victoria, Compromiso Federal y la alianza UNA, en resoluciones que acaso no generaron en la sociedad una reacción acorde con la dimensión del problema puesto en evidencia. Básicamente, tanto los representantes del presidente Mauricio Macri como los de sus rivales Daniel Scioli, Adolfo Rodríguez Saá y Sergio Massa habían recibido aportes de origen incierto o directamente indebido, habían gastado más de lo que decían, y habían falseado sus declaraciones ante la Justicia para tratar de camuflar esas transgresiones.
Ahora la Cámara Nacional Electoral ha ordenado profundizar la investigación, tomar más testimonios de aportantes presuntamente falsos, realizar nuevas pericias contables y ampliar el personal destinado a realizar esta tarea compleja y engorrosa. Lo ha hecho por entender que “está en juego la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático".
La resolución de la Cámara llega poco después de la difusión de la extensa lista de aportantes “truchos” para la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y cuando los aportes de dinero “en negro” han sido puestos en primer plano en el marco de la causa de los “cuadernos de la corrupción” (si bien en esa trama la mayor parte de lo robado parece haber ido a los bolsillos de los miembros de la “asociación ilícita” denunciada y no a una campaña electoral). Todo contribuye a acentuar la impresión de que las leyes electorales elaboradas con el propósito de insuflar equidad y transparencia en la competencia por el acceso a los cargos electivos son letra muerta, burladas sistemáticamente por quienes con frecuencia son los mismos que las impulsaron y votaron.
Un nuevo proyecto en ese sentido, de hecho, ingresó en el Congreso poco después del estallido del escándalo por los aportantes “truchos”, con propuestas como la de volver a autorizar los aportes de las empresas: una manera de reconocer las rutinarias violaciones de la prohibición actual, alentada por la levedad de las sanciones. No parece haber margen para que se convierta en ley antes de la próxima elección presidencial, pero tampoco hay certeza de que si eso ocurriera permitiría mejorar objetivamente la situación.
Claro está, si el financiamiento de las campañas es un problema en todas las democracias del planeta, difícilmente no habría de serlo en una tan retrasada institucionalmente como la nuestra. Es preciso, sin embargo, insistir en la búsqueda de un sistema menos permeable a las transgresiones y manipulaciones en las que las estructuras de las fuerzas políticas se han mostrado mucho más aptas que en el arte de gobernar.
Ahora la Cámara Nacional Electoral ha ordenado profundizar la investigación, tomar más testimonios de aportantes presuntamente falsos, realizar nuevas pericias contables y ampliar el personal destinado a realizar esta tarea compleja y engorrosa. Lo ha hecho por entender que “está en juego la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático".
La resolución de la Cámara llega poco después de la difusión de la extensa lista de aportantes “truchos” para la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y cuando los aportes de dinero “en negro” han sido puestos en primer plano en el marco de la causa de los “cuadernos de la corrupción” (si bien en esa trama la mayor parte de lo robado parece haber ido a los bolsillos de los miembros de la “asociación ilícita” denunciada y no a una campaña electoral). Todo contribuye a acentuar la impresión de que las leyes electorales elaboradas con el propósito de insuflar equidad y transparencia en la competencia por el acceso a los cargos electivos son letra muerta, burladas sistemáticamente por quienes con frecuencia son los mismos que las impulsaron y votaron.
Un nuevo proyecto en ese sentido, de hecho, ingresó en el Congreso poco después del estallido del escándalo por los aportantes “truchos”, con propuestas como la de volver a autorizar los aportes de las empresas: una manera de reconocer las rutinarias violaciones de la prohibición actual, alentada por la levedad de las sanciones. No parece haber margen para que se convierta en ley antes de la próxima elección presidencial, pero tampoco hay certeza de que si eso ocurriera permitiría mejorar objetivamente la situación.
Claro está, si el financiamiento de las campañas es un problema en todas las democracias del planeta, difícilmente no habría de serlo en una tan retrasada institucionalmente como la nuestra. Es preciso, sin embargo, insistir en la búsqueda de un sistema menos permeable a las transgresiones y manipulaciones en las que las estructuras de las fuerzas políticas se han mostrado mucho más aptas que en el arte de gobernar.