El origen y la administración de los fondos que los políticos emplean en su búsqueda de obtener el voto de la ciudadanía siempre han sido en la Argentina un terreno plagado de irregularidades, cuya difusión genera periódicamente escándalos de mayor o menor magnitud, sistemáticamente opacados por otros más graves protagonizados por los gobiernos, pero muy rara vez una respuesta judicial. En ese marco, la ratificación por parte de la Cámara Nacional Electoral de la condena sufrida por Miguel Del Sel y otros dirigentes de su fuerza por no haber justificado debidamente las finanzas de una campaña desarrollada hace años constituye una rareza que, no obstante, confirma la impresión de falta de rigor en el tratamiento de un problema que compromete a una institución clave para la democracia.
En principio, y dado que consiste en la inhabilitación por seis meses para ejercer cargos públicos, la sanción no afecta en modo alguno a Del Sel, quien luego de su paso por la embajada de Panamá dejó la política y regresó a su actividad artística con el grupo Midachi. Sí es en cambio un problema para otro de los condenados, quien era tesorero del Pro de Santa Fe cuando el cómico presidía la fuerza, y hoy debería dejar el cargo de intendente de la localidad de Funes a menos que apele ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero de todas formas, lo que acaso debería destacarse con más énfasis de esta resolución judicial, más allá de la celebridad de su protagonista central, es que concierne a irregularidades cometidas durante el primer intento de Del Sel de llegar a la gobernación de Santa Fe, llevado adelante en 2011, que motivaron la apertura de una investigación al año siguiente. Y si bien el Pro nunca pudo explicar las inconsistencias en los números presentados entonces, el fallo condenatorio del juez federal actuante -que la Cámara acaba de ratificar-se produjo recién el año pasado.
En el camino, Del Sel tuvo tiempo de participar de dos campañas electorales más -una que le permitió ser electo como diputado nacional y otra en la que volvió a ver frustrada su intención de acceder a la gobernación de Santa Fe- y a desempeñar cargos públicos que en virtud de la condena deberían haberle estado vedados. El tiempo transcurrido llevó también a que uno de los jueces de la Cámara votara en disidencia, no porque no coincidiera con el fondo de la cuestión, sino porque interpreta que la causa está prescripta.
En este tiempo, además, se ha vuelto imposible llevar la cuenta de las irregularidades detectadas en la financiación de las campañas, con constantes llamados de atención de los jueces a los partidos, e interminables dilaciones que empantanan causas en las que las pruebas son abrumadoras: basta recordar el listado de indigentes beneficiarios de planes sociales que aparecían como aportantes de la campaña bonaerense de Cambiemos. Da la impresión de que nada ha cambiado desde que la evidencia de que buena parte de la campaña de 2007 del Frente para la Victoria había sido financiada con el contrabando de efedrina condujo a un cambio de legislación que supuestamente iba a garantizar limpieza y transparencia en el proceso.
En ese marco, interpretar la rendición de cuentas por una falta tan antigua como un triunfo contra la impunidad aparece como una exageración, que no llega a servir para atenuar la demanda de un régimen más riguroso para controlar las finanzas de las campañas y castigar a los interesados en mantenerlas en la opacidad.
Pero de todas formas, lo que acaso debería destacarse con más énfasis de esta resolución judicial, más allá de la celebridad de su protagonista central, es que concierne a irregularidades cometidas durante el primer intento de Del Sel de llegar a la gobernación de Santa Fe, llevado adelante en 2011, que motivaron la apertura de una investigación al año siguiente. Y si bien el Pro nunca pudo explicar las inconsistencias en los números presentados entonces, el fallo condenatorio del juez federal actuante -que la Cámara acaba de ratificar-se produjo recién el año pasado.
En el camino, Del Sel tuvo tiempo de participar de dos campañas electorales más -una que le permitió ser electo como diputado nacional y otra en la que volvió a ver frustrada su intención de acceder a la gobernación de Santa Fe- y a desempeñar cargos públicos que en virtud de la condena deberían haberle estado vedados. El tiempo transcurrido llevó también a que uno de los jueces de la Cámara votara en disidencia, no porque no coincidiera con el fondo de la cuestión, sino porque interpreta que la causa está prescripta.
En este tiempo, además, se ha vuelto imposible llevar la cuenta de las irregularidades detectadas en la financiación de las campañas, con constantes llamados de atención de los jueces a los partidos, e interminables dilaciones que empantanan causas en las que las pruebas son abrumadoras: basta recordar el listado de indigentes beneficiarios de planes sociales que aparecían como aportantes de la campaña bonaerense de Cambiemos. Da la impresión de que nada ha cambiado desde que la evidencia de que buena parte de la campaña de 2007 del Frente para la Victoria había sido financiada con el contrabando de efedrina condujo a un cambio de legislación que supuestamente iba a garantizar limpieza y transparencia en el proceso.
En ese marco, interpretar la rendición de cuentas por una falta tan antigua como un triunfo contra la impunidad aparece como una exageración, que no llega a servir para atenuar la demanda de un régimen más riguroso para controlar las finanzas de las campañas y castigar a los interesados en mantenerlas en la opacidad.