En medio del debate en torno de la legitimidad política del régimen de Venezuela, que más allá de su protagonismo en la campaña electoral argentina es un factor recurrente de fricción en todo el continente, han regresado con fuerza las especulaciones sobre el posible empleo de la carta bélica por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La decisión de respaldar y dar protección a las fracciones de la guerrilla colombiana que repudiaron el proceso de paz y regresaron a la lucha armada, y la realización de ejercicios militares en los estados limítrofes con la frontera occidental, sugieren que está en carpeta esta herramienta tan clásica para buscar cohesión interna a la que suelen echar mano los gobiernos dictatoriales cuando los síntomas de descomposición se vuelven cada vez más difíciles de controlar.
Nuestro país está muy familiarizado con el método: la interpretación más extendida acerca de los motivos que impulsaron al dictador Leopoldo Galtieri a ocupar las islas Malvinas en 1982 es que intentaba desarmar la creciente oposición de la sociedad civil mediante la oferta de un proyecto detrás del cual descontaba que la inmensa mayoría de los argentinos se alinearían. Desde luego, se trataba de una empresa irresponsable, casi delirante, que luego demostraría estar condenada al fracaso -y a adelantar el final de la dictadura en lugar de darle más aire-, pero no cabe duda de que su impacto inmediato en la ciudadanía fue el que la jerarquía militar esperaba.
El régimen de Caracas no es un calco del que imperaba en Buenos Aires hace 40 años -tampoco las épocas son las mismas-, pero su origen en el voto popular no lo priva de encajar a la perfección en la definición de una dictadura, en la que el peso de los militares y de “lo militar” es decisivo. Su retórica también es perfectamente asimilable, ya que las apelaciones a un enemigo externo, independientemente de cuánto tenga de real como amenaza, siempre apuntan a limitar la disidencia interna, a la que se califica de antipatriótica y afín a intereses que no son los nacionales.
Muchos analistas consideran que, en realidad, todo se agota en esta retórica patriotera y agresiva, por cuanto ni las fuerzas armadas venezolanas ni el país en general, con su economía destrozada por años de desmanejos y corrupción, están en condiciones de encarar una guerra. Desde la más estricta racionalidad, eso es cierto: sería una locura, además, darle a los Estados Unidos de Donald Trump la excusa perfecta para dar rienda suelta a su propia predilección por resolver los problemas geopolíticos que se le presentan por la vía militar; sólo que, en su caso, con argumentos más sólidos en términos de poderío. Sin embargo, cuando un dictador ha pasado el límite a partir del cual podía pasar a retiro sin que se le fuera la vida en ello, ni siquiera el intento más descabellado de prolongar su agonía puede descartarse.
Cabe esperar que prevalezca alguna dosis de cordura y no se llegue a un extremo de irracionali- dad que convulsionaría y enlutaría la región en grado sumo. Aunque la situación en Venezuela -donde sigue la catástrofe humanitaria que expulsa a sus habitantes por millones, y donde, según la alta comisionada de la ONU paras los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las ejecuciones extrajudiciales no se han detenido después de la difusión de su lapidario informe- siempre parece encontrar una manera de empeorar.
El régimen de Caracas no es un calco del que imperaba en Buenos Aires hace 40 años -tampoco las épocas son las mismas-, pero su origen en el voto popular no lo priva de encajar a la perfección en la definición de una dictadura, en la que el peso de los militares y de “lo militar” es decisivo. Su retórica también es perfectamente asimilable, ya que las apelaciones a un enemigo externo, independientemente de cuánto tenga de real como amenaza, siempre apuntan a limitar la disidencia interna, a la que se califica de antipatriótica y afín a intereses que no son los nacionales.
Muchos analistas consideran que, en realidad, todo se agota en esta retórica patriotera y agresiva, por cuanto ni las fuerzas armadas venezolanas ni el país en general, con su economía destrozada por años de desmanejos y corrupción, están en condiciones de encarar una guerra. Desde la más estricta racionalidad, eso es cierto: sería una locura, además, darle a los Estados Unidos de Donald Trump la excusa perfecta para dar rienda suelta a su propia predilección por resolver los problemas geopolíticos que se le presentan por la vía militar; sólo que, en su caso, con argumentos más sólidos en términos de poderío. Sin embargo, cuando un dictador ha pasado el límite a partir del cual podía pasar a retiro sin que se le fuera la vida en ello, ni siquiera el intento más descabellado de prolongar su agonía puede descartarse.
Cabe esperar que prevalezca alguna dosis de cordura y no se llegue a un extremo de irracionali- dad que convulsionaría y enlutaría la región en grado sumo. Aunque la situación en Venezuela -donde sigue la catástrofe humanitaria que expulsa a sus habitantes por millones, y donde, según la alta comisionada de la ONU paras los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las ejecuciones extrajudiciales no se han detenido después de la difusión de su lapidario informe- siempre parece encontrar una manera de empeorar.