El impactante video que muestra cómo un policía de la ciudad de Buenos Aires derriba con una patada en el pecho a un hombre que más tarde murió como consecuencia de la caída ha detonado una polémica que suele reavivarse frente a sucesos en los que integrantes de una fuerza de seguridad son sospechados de haberse extralimitado en su accionar represivo. En ese marco, el gobierno nacional ha vuelto a manifestar, a través del pronunciamiento de la funcionaria con la máxima responsabilidad en el área, una ostensible falta de prudencia, al salir en defensa del efectivo involucrado sin esperar que sea la Justicia la que determine cuál es su responsabilidad en el caso.
Aunque el episodio en sí mismo es muy diferente, es natural que se lo asocie automáticamente con el llamado “caso Chocobar”, en el que un policía mató a balazos a un ladrón que huía luego de haber acuchillado hasta dejar al borde de la muerte a un turista para robarle una cámara. En esta oportunidad no se trataba de un delincuente sino de un sujeto alienado aparentemente por la ingesta de alcohol o alguna droga, pero también es difícil discriminar si constituía o no una amenaza para quienes intentaban detenerlo o para terceros, aun cuando la primera impresión sea que se lo podría haber reducido de otra manera.
Sin embargo, si bien el cuchillo que la versión oficial le atribuye haber tenido en la mano no se ve en el video donde se observa cómo se lo derriba, en otro tomado por la mujer que efectuó la denuncia parece advertirse un objeto punzante. Y en favor del efectivo está que el golpe no debería razonablemente haber provocado una muerte, a diferencia de los balazos de Chocobar. Por ese motivo la acusación es por homicidio preterintencional, una de las razones por las que el juez, contra la opinión del fiscal, que había pedido que permaneciera detenido, ordenó su excarcelación.
Pero en cualquier caso resulta reprobable que antes de esa determinación -que no cierra la causa ni mucho menos, ya que la imputación contra el efectivo sigue en pie- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya haya dictaminado en favor del acusado, sin limitarse a declarar su inocencia sino, tal como había ocurrido en el caso Chocobar, llenándolo de elogios. En línea con un criterio sentado con énfasis a lo largo de su gestión, da la impresión de que para el Gobierno el uso excesivo de la fuerza no existe ni siquiera como hipótesis, y cualquier cosa que un policía haga en el ejercicio de sus funciones es correcta, antes cualquier somera evaluación de su conducta.
Bullrich ha sostenido reiteradamente que la policía siempre debe ser respaldada desde la conducción política, y acaso esa sea una de las razones que la convirtieron en una de las funcionarias de este gobierno con mejor imagen. Sin embargo, cuando ese respaldo se formula de manera tan tajante e incondicional tiende a aparecer como un intento de presionar a la Justicia, cuyas decisiones no pueden verse influidas por las tomas de posición de otro poder ni por la opinión pública.
Sin embargo, si bien el cuchillo que la versión oficial le atribuye haber tenido en la mano no se ve en el video donde se observa cómo se lo derriba, en otro tomado por la mujer que efectuó la denuncia parece advertirse un objeto punzante. Y en favor del efectivo está que el golpe no debería razonablemente haber provocado una muerte, a diferencia de los balazos de Chocobar. Por ese motivo la acusación es por homicidio preterintencional, una de las razones por las que el juez, contra la opinión del fiscal, que había pedido que permaneciera detenido, ordenó su excarcelación.
Pero en cualquier caso resulta reprobable que antes de esa determinación -que no cierra la causa ni mucho menos, ya que la imputación contra el efectivo sigue en pie- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya haya dictaminado en favor del acusado, sin limitarse a declarar su inocencia sino, tal como había ocurrido en el caso Chocobar, llenándolo de elogios. En línea con un criterio sentado con énfasis a lo largo de su gestión, da la impresión de que para el Gobierno el uso excesivo de la fuerza no existe ni siquiera como hipótesis, y cualquier cosa que un policía haga en el ejercicio de sus funciones es correcta, antes cualquier somera evaluación de su conducta.
Bullrich ha sostenido reiteradamente que la policía siempre debe ser respaldada desde la conducción política, y acaso esa sea una de las razones que la convirtieron en una de las funcionarias de este gobierno con mejor imagen. Sin embargo, cuando ese respaldo se formula de manera tan tajante e incondicional tiende a aparecer como un intento de presionar a la Justicia, cuyas decisiones no pueden verse influidas por las tomas de posición de otro poder ni por la opinión pública.