En un momento en que la reducción del gasto público ocupa un lugar central en la agenda de la gestión económica del gobierno nacional, resulta inevitable que algunas medidas tomadas con ese propósito se conviertan en objeto de agudas polémicas, sean fuertemente resistidas por los sectores directamente afectados o aparezcan como injustas y dolorosas. El anuncio de que se excluirá de la vacunación contra la meningitis a los chicos de once años, a pesar de estar incluida en la normativa específica sobre el tema, se suma a los indicios de que la selección de las áreas donde han de efectuarse los recortes se realiza bajo criterios carentes de sensibilidad y sentido común.
En un comunicado que emitió después de que surgieran las primeras advertencias sobre las restricciones respecto de la vacuna antimeningocócica, el Ministerio de Salud de la Nación informó sobre “la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria”. Y lo justificó a partir de “las dificultades en la adquisición y entrega” de las dosis y la “baja incidencia” de la enfermedad, respecto de la cual son los lactantes “la población más susceptible”.
En principio, sería preciso dejar de lado los eufemismos para precisar que, según epidemiólogos y conocedores del sector, todos los problemas de “disponibilidad” son estrictamente económicos: hay menos vacunas porque hay menos dinero. Y desde luego, la dificultad extrema de defender una medida de esta naturaleza se ve reflejada en el hecho de que la “explicación” consista en aclarar que dejar de vacunar a los bebés habría sido todavía peor: seguramente es cierto, pero no debería ser necesario elegir entre dos males.
A ello se agrega la incongruencia implícita en el hecho de que esta vacuna, que protege contra cuatro de las cinco variedades de la bacteria que provoca enfermedades graves como la meningitis e infecciones generalizadas, fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2017, es decir, durante la gestión de Cambiemos, y por las mismas autoridades del Ministerio de Salud actuales. Difícilmente puedan convencer ahora de que en realidad aquello que hace unos cuantos meses creyeron necesario para proteger la salud pública en realidad no lo era tanto.
Además, incluso si fuera admisible la minimización de los riesgos que supone dejar de vacunar a los niños de once años, es inevitable preguntarse si esto se agotará en la antimeningocócica, o si habrá otras vacunas en las cuales se esté evaluando “priorizar” algún sector de la población y desafectar a otro.
En cualquier caso, frente al hecho consumado, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología salió a manifestar su preocupación y a recordar lo obvio: "La prevención primaria a través de las vacunas es una política que se ha consolidado en nuestro país constituyendo un robusto signo de equidad y demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades”. No parece que el ahorro que supuestamente pueda lograrse por esta vía justifique los riesgos asociados a llevar el ajuste a un sector tan delicado.
En principio, sería preciso dejar de lado los eufemismos para precisar que, según epidemiólogos y conocedores del sector, todos los problemas de “disponibilidad” son estrictamente económicos: hay menos vacunas porque hay menos dinero. Y desde luego, la dificultad extrema de defender una medida de esta naturaleza se ve reflejada en el hecho de que la “explicación” consista en aclarar que dejar de vacunar a los bebés habría sido todavía peor: seguramente es cierto, pero no debería ser necesario elegir entre dos males.
A ello se agrega la incongruencia implícita en el hecho de que esta vacuna, que protege contra cuatro de las cinco variedades de la bacteria que provoca enfermedades graves como la meningitis e infecciones generalizadas, fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2017, es decir, durante la gestión de Cambiemos, y por las mismas autoridades del Ministerio de Salud actuales. Difícilmente puedan convencer ahora de que en realidad aquello que hace unos cuantos meses creyeron necesario para proteger la salud pública en realidad no lo era tanto.
Además, incluso si fuera admisible la minimización de los riesgos que supone dejar de vacunar a los niños de once años, es inevitable preguntarse si esto se agotará en la antimeningocócica, o si habrá otras vacunas en las cuales se esté evaluando “priorizar” algún sector de la población y desafectar a otro.
En cualquier caso, frente al hecho consumado, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología salió a manifestar su preocupación y a recordar lo obvio: "La prevención primaria a través de las vacunas es una política que se ha consolidado en nuestro país constituyendo un robusto signo de equidad y demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades”. No parece que el ahorro que supuestamente pueda lograrse por esta vía justifique los riesgos asociados a llevar el ajuste a un sector tan delicado.