A la espera del lanzamiento del conjunto de medidas con las que el Gobierno espera redoblar su compromiso con la reducción del déficit fiscal, que entiende imprescindible llevar adelante de una manera mucho más drástica que la instrumentada hasta hoy, la mayor parte de las versiones conocidas sobre los anuncios respectivos coinciden en el reconocimiento de que la magnitud del ajuste vuelve imposible imponerlo exclusivamente por el lado de los recortes al gasto, y en la casi segura apuesta a las retenciones a las exportaciones como un elemento clave para reforzar la recaudación. De este modo, se renueva un debate que pone en tensión, de un lado, un principio de política económica central para el oficialismo, además de una formal promesa del Presidente de la Nación, y del otro una urgencia propia de la delicada coyuntura que se atraviesa, y frente a la cual las opciones no son precisamente abundantes.
En diversas oportunidades Mauricio Macri ha expresado que las retenciones no deberían existir, para ningún producto y en ninguna circunstancia, porque las exportaciones son una medida de la riqueza y la prosperidad de un país, y por lo tanto se las debe estimular y no penalizar con gravámenes que en rigor aplican muy pocas naciones en el mundo. En ese marco, a poco de asumir no sólo eliminó las que pesaban para todo el sector agropecuario salvo la soja -en cuyo caso introdujo un cronograma de reducción gradual de las alícuotas que debe terminar en cero-, sino que también liberó de la carga a un sector con el que no había quedado obligado por una promesa de campaña, como el minero.
Se acuerde o no con él, el criterio tiene sentido, y un gobierno democráticamente electo tiene todo el derecho de llevarlo a la práctica. Pero también tiene la obligación de gobernar defendiendo los intereses del conjunto de la sociedad, lo que en un momento crítico como el actual, caracterizado entre otras cosas por la escasez de recursos, se traduce en la necesidad de distribuir equitativamente las cargas: no sólo porque es lo más justo, sino porque si la población percibe que algún sector se ve tratado con demasiada deferencia respecto de los demás será mucho más difícil hacerle digerir el trago amargo que inevitablemente significa un ajuste de la magnitud del impuesto en esta oportunidad.
En ese marco, no se puede negar la razonabilidad de la propuesta de que los sectores en cuya operatoria tiene una fuerte incidencia la actividad exportadora, y el campo en particular, asuman una parte del costo, cuanto menos resignando algo de los beneficios recibidos en los últimos dos años y medio. En esta página se planteó en otras oportunidades la necesidad de revisar el cronograma dispuesto para la soja: pero si eso era válido entonces, mucho más lo es ahora, y no únicamente para ese producto, luego de que el sector emergiera como uno de los pocos verdaderamente beneficiados por la disparada del dólar.
No es posible plantear un programa fiscal de la dureza del que los argentinos en su conjunto deberán asumir en lo inmediato y, al mismo tiempo, mantener al margen, como si pertenecieran a otro país, a algunos que no están precisamente entre los más desfavorecidos. Incluso si se consideraran buenas, o cuanto menos debatibles, las razones para hacerlo en una situación normal, lo que en tal caso sería una medida legítima de estímulo a una actividad social y económicamente valiosa hoy aparecería como un privilegio inaceptable para los millones de ciudadanos que en lo inmediato serán forzados a vivir con menos ingresos en términos reales, y un creciente escepticismo respecto de que desde el poder se los esté teniendo debidamente en cuenta a la hora de gobernar.
Se acuerde o no con él, el criterio tiene sentido, y un gobierno democráticamente electo tiene todo el derecho de llevarlo a la práctica. Pero también tiene la obligación de gobernar defendiendo los intereses del conjunto de la sociedad, lo que en un momento crítico como el actual, caracterizado entre otras cosas por la escasez de recursos, se traduce en la necesidad de distribuir equitativamente las cargas: no sólo porque es lo más justo, sino porque si la población percibe que algún sector se ve tratado con demasiada deferencia respecto de los demás será mucho más difícil hacerle digerir el trago amargo que inevitablemente significa un ajuste de la magnitud del impuesto en esta oportunidad.
En ese marco, no se puede negar la razonabilidad de la propuesta de que los sectores en cuya operatoria tiene una fuerte incidencia la actividad exportadora, y el campo en particular, asuman una parte del costo, cuanto menos resignando algo de los beneficios recibidos en los últimos dos años y medio. En esta página se planteó en otras oportunidades la necesidad de revisar el cronograma dispuesto para la soja: pero si eso era válido entonces, mucho más lo es ahora, y no únicamente para ese producto, luego de que el sector emergiera como uno de los pocos verdaderamente beneficiados por la disparada del dólar.
No es posible plantear un programa fiscal de la dureza del que los argentinos en su conjunto deberán asumir en lo inmediato y, al mismo tiempo, mantener al margen, como si pertenecieran a otro país, a algunos que no están precisamente entre los más desfavorecidos. Incluso si se consideraran buenas, o cuanto menos debatibles, las razones para hacerlo en una situación normal, lo que en tal caso sería una medida legítima de estímulo a una actividad social y económicamente valiosa hoy aparecería como un privilegio inaceptable para los millones de ciudadanos que en lo inmediato serán forzados a vivir con menos ingresos en términos reales, y un creciente escepticismo respecto de que desde el poder se los esté teniendo debidamente en cuenta a la hora de gobernar.