Casi inmediatamente después del estallido del escándalo de los “cuadernos de las coimas”, se comenzaron a escuchar las advertencias sobre su posible impacto en la obra pública, especialmente inoportuno en una instancia económica tan delicada como la que el país viene atravesando luego de la corrida cambiaria desatada meses atrás y que el Gobierno no termina de controlar. El anuncio de la creación de un fideicomiso para garantizar la continuidad de la extensión de los seis corredores viales ya adjudicados mediante el sistema de participación público-privada (PPP) aparece como un intento de neutralizar esa consecuencia no deseada, el peligro concreto de que se paralice una de las pocas iniciativas capaces de atenuar los efectos recesivos del severo ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional.
Se ha señalado que a grandes rasgos, la apuesta económica del Gobierno de Cambiemos pasaba por esperar una “lluvia de inversiones” que de acuerdo con sus expectativas se produciría con el solo expediente de dar señales amigables al gran capital trasnacional. Y una vez confirmado que tal fenómeno no habría de producirse al menos en el corto plazo, la idea central pasó a ser la utilización de la obra pública como el instrumento clave para mantener un crecimiento económico importante hasta tanto aquéllos a los que aspira a seducir se convencieran de que el cambio propuesto era consistente y tenía asegurada su continuidad.
Sea por errores propios o por los vientos marcadamente desfavorables que comenzaron a soplar a nivel internacional, también ese plan demostró ser excesivamente optimista, la necesidad de ajustar las cuentas públicas se aceleró y con ello quedó severamente restringida la opción de financiar la obra con dinero aportado directamente por el Estado. Quedaba entonces la alternativa de la PPP, justamente la que fue golpeada por otra tormenta, ahora desatada por la Justicia, que más allá de cualquier evaluación sobre las ganancias que supuestamente le proporciona al Gobierno desde el punto de vista político, compromete en grado sumo sus planes para la economía, al amenazar con volver el ciclo recesivo ya iniciado más profundo de lo esperado.
Es una encerrona complicada: las empresas partícipes de la PPP no pueden acceder al financiamiento porque los bancos no pueden -y tampoco querrían hacerlo- prestarles dinero a actores sospechados de corrupción. Y recurrir a empresas no mencionadas en el caso de los cuadernos tampoco es viable, en primer lugar porque a primera vista son inhallables -al menos dentro de las que tienen experiencia en obra pública- pero también porque la mancha ha contagiado al sector en su conjunto.
Cabe esperar que la iniciativa del Gobierno demuestre tener la solvencia técnica indispensable como para que sea posible superar el obstáculo, así como que resulte exitosa la estrategia de separar a los empresarios de las empresas, a partir de que fueron decisiones tomadas por seres humanos las que se encuentran bajo escrutinio judicial. Incluso si la causa termina siendo el punto de inflexión que liquide la cartelización de la obra pública en particular, y propine un golpe decisivo a la corrupción en general -una esperanza legítima por más que la experiencia argentina invite al cinismo-, hoy es preciso que lo que sería un logro monumental en el largo plazo se vea opacado por las dificultades generadas en la coyuntura.
Sea por errores propios o por los vientos marcadamente desfavorables que comenzaron a soplar a nivel internacional, también ese plan demostró ser excesivamente optimista, la necesidad de ajustar las cuentas públicas se aceleró y con ello quedó severamente restringida la opción de financiar la obra con dinero aportado directamente por el Estado. Quedaba entonces la alternativa de la PPP, justamente la que fue golpeada por otra tormenta, ahora desatada por la Justicia, que más allá de cualquier evaluación sobre las ganancias que supuestamente le proporciona al Gobierno desde el punto de vista político, compromete en grado sumo sus planes para la economía, al amenazar con volver el ciclo recesivo ya iniciado más profundo de lo esperado.
Es una encerrona complicada: las empresas partícipes de la PPP no pueden acceder al financiamiento porque los bancos no pueden -y tampoco querrían hacerlo- prestarles dinero a actores sospechados de corrupción. Y recurrir a empresas no mencionadas en el caso de los cuadernos tampoco es viable, en primer lugar porque a primera vista son inhallables -al menos dentro de las que tienen experiencia en obra pública- pero también porque la mancha ha contagiado al sector en su conjunto.
Cabe esperar que la iniciativa del Gobierno demuestre tener la solvencia técnica indispensable como para que sea posible superar el obstáculo, así como que resulte exitosa la estrategia de separar a los empresarios de las empresas, a partir de que fueron decisiones tomadas por seres humanos las que se encuentran bajo escrutinio judicial. Incluso si la causa termina siendo el punto de inflexión que liquide la cartelización de la obra pública en particular, y propine un golpe decisivo a la corrupción en general -una esperanza legítima por más que la experiencia argentina invite al cinismo-, hoy es preciso que lo que sería un logro monumental en el largo plazo se vea opacado por las dificultades generadas en la coyuntura.